CNA denuncia que lo aceptaron como veedor, pero a un kilómetro de distancia

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció este día en un comunicado que la Administración Aduanera de Honduras lo aceptó como veedor, pero los instaló a un kilómetro de distancia.

Esa distancia no les permite observar y desconocen el contenido observado en los rayos gamma, debido a las disposiciones adoptadas por la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

Comunicado

Ante la participación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en el proceso de veeduría en el atraque del buque que trasladó los dos supuestos hospitales móviles al país, a la ciudadanía en general le manifestamos lo siguiente:

Que desde semanas anteriores realizamos diligencias administrativas en la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) para participar como veedores durante la supervisión de los diferentes contenedores, una vez que llegaran al país; habiendo tenido como respuesta por parte de Aduanas, una aceptación de la presencia de CNA en el lugar.

Que debido a la autorización recibida, desde el día miércoles 8 de julio del presente año, se trasladó un equipo técnico al puerto, con el objeto de acreditarse; sin embargo el día viernes que se comenzaron todas las actividades en el atraque del barco, se le asignó un lugar al CNA, pero el mismo se encontraba a no menos de un kilómetro de distancia entre el barco y el personal del Consejo, por lo que desconocemos el contenido observado en los rayos gamma, debido a las disposiciones adoptadas por la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

El viernes 10 de julio, el CNA se intentó comunicar con el señor Gerardo Murillo, Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), pero nunca nos atendió las diferentes comunicaciones realizadas, a pesar de habernos identificado como una organización veedora del proceso.

Que hemos acordado junto con ADUANAS participar como veedores durante la apertura de los contenedores, en razón de ello, ayer presenciamos la apertura del primer contenedor; sin embargo, la actividad planificada se paralizó, ya que los únicos dos auditores enviados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), manifestaron que ellos no estaban de acuerdo con la apertura de los contenedores, por lo que su labor se realizaría hasta que los hospitales estuviesen instalados en los espacios físicos ya designados.

Posteriormente el Ministerio Público (MP) notificó, que se suspendería la revisión de los contenedores, ya que de manera dolosa Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) no ha querido entregar el original de las facturas, a pesar de que ADUANAS cuenta con unas copias; no obstante, con nuestra experiencia en investigación, podemos presuponer que se está reconstruyendo información, con el objeto de obstruir la investigación instruida por el ente persecutor del delito y evitar futuros requerimientos fiscales contra los involucrados.

Instamos al Ministerio Público a fin de que presente a la brevedad posible, los requerimientos fiscales en contra de cualquier involucrado en este posible fraude en contra del Estado, ya que después de haberse erogado más de mil doscientos millones de lempiras (L 1,200,000,000.00), hasta el momento no hay hospitales y tampoco razón de los fondos gastados.

A toda la ciudadanía le hacemos saber que estaremos presentes hasta el final de esta tragicomedia, ya que nos están entreteniendo en un escenario en donde no hay responsables, mientras cada día las estadísticas suman más fallecidos y contagiados.

Hacemos un llamado a la reflexión para el órgano Contralor del Estado, para que continúe con la inspección como parte de sus procesos de investigación, ya que no hacerlo implica el incumplimiento de su función constitucional y lo convierte en solidario de los daños mayores que pueden evitarse o consumarse por su negativa acción. 

Desconocemos la decisión de los dos auditores del Tribunal de anunciar su participación, llegar al sitio y luego de forma repentina retirarse del proceso, a sabiendas que con esa decisión está contribuyendo a retrasar aún más, la instalación, la puesta en servicio y la consecuente atención de los servicios médicos que tanto está necesitando nuestra población. 

Es inexcusable cualquier situación con la que se pretenda detener el proceso, y dejamos claro que este retraso crea mayor duda y favorece a quienes tomaron esta decisión opacada por tanta irregularidad.