Por: Jairo Videa
Este artículo ha sido publicado originalmente en el medio digital nicaragüense Coyuntura
La tarde de este miércoles 02 de junio, la Policía Nacional de Nicaragua allanó la vivienda de la aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, tras dos semanas de persecución fiscal en contra de la periodista y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
Luego de que la juez noveno del Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría Morales, emitiera una orden de captura en contra de Chamorro, poco antes del mediodía de este miércoles, oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) rodearon la vivienda, allanando el lugar y dejando incomunicada a la periodista, su hija y personas que laboran en el lugar.
El también periodista, Director de Confidencial y hermano de Cristiana Chamorro, Carlos Fernando Chamorro, anunció que, después de más de cinco horas de allanamiento y varias agresiones en contra de periodistas y familiares de la aspirante presidencial, la Policía y sus fuerzas antimotines dejaron bajo «arresto domiciliar» a Chamorro y su hija.
La Fiscalía acusa a Chamorro por los delitos de «gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos», según un comunicado emitido por el Ministerio Público, en el cual también se solicitaba la inhibición de la aspirante presidencial para cargos públicos.
El documento fue publicado por medios oficialistas el 01 de junio, horas después de que Chamorro se presentará en las oficinas de Ciudadanos por la Libertad (CxL) para entregar una carta en la cual comunicaba su intención de participar en el proceso de selección del candidato único de la alianza electoral encabezada por dicho partido político.
Tras el allanamiento de este miércoles, la vivienda de Chamorro quedó bajo un fuerte resguardo policial y hasta el momento no se le ha permitido comunicación. «Registraron todo», declaró una fuente cercana a la familia al diario La Prensa.
Agresiones a periodistas continúan
Durante el allanamiento, el fuerte dispositivo policial mantuvo un perímetro para que los medios de comunicación no documentaran los hechos, y al menos tres periodistas fueron agredidos por oficiales, entre ellos Dorian Orozco de Nicaragua Investiga y Michelle Polanco de Canal 10. A su vez, familiares de Chamorro y activistas que se presentaron al lugar fueron forzados a abandonar los alrededores de la vivienda.
Policía de la #DOEP ponchó las 4 llantas de nuestro vehículo. Otra función además de "toma fotos" de su lamentable e indigno oficio. pic.twitter.com/Jgtjmnjbf7
— Jennifer Ortiz (@ortizperiodista) June 3, 2021
Los reporteros documentaron las agresiones y varias anomalías en el lugar, destacando la participación de civiles en coordinación con las fuerzas antimotines para fotografiar y agredir a los periodistas.
Varios periodistas y activistas agredidos por la Policía Nacional. Las fuerzas antidisturbios despejan los alrededores de la residencia de la precandidata Cristiana Chamorro, contra quien emitieron una orden de captura. Hasta el momento no la han trasladado a prisión. pic.twitter.com/3mKwupYK8v
— Donaldo Hernández (@donatelonica) June 2, 2021
Siguen los citatorios por el caso de «lavado de dinero»
A la investigación que la Fiscalía de Nicaragua está realizando en contra de Chamorro y la FVBCh, se ha vinculado a una periodista, la corresponsal de Univisión, María Lilly Delgado, quien pasó de «entrevistada» a «investigada». Delgado, quien tiene más de 28 años de ejercer el periodismo, se encuentra bajo medidas precautelares de retención migratoria, y se le ha prohibido «concurrir determinados lugares y comunicarse con personas vinculadas a la investigación».
«Estamos profundamente preocupados por las amenazas directas e indirectas en contra de la corresponsal de Univisón María Lilly Delgado por parte de las autoridades nicaragüenses. Delgado es una periodista respetada y con muchos años de experiencia reportando desde Nicaragua. Sus reportajes e informes son esenciales y es necesario que pueda continuar su trabajo sin ser acosada», expresó Daniel Coronell, Presidente de Univisión Noticias.
En el caso por «lavado de dinero» se han citado a 14 periodistas para brindar declaraciones como «testigos» y a otras 12 personas, entre ellas extrabajadores de la FVBCh, representantes legales de medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro y sociedades anónimas, destacando el escritor y Premio Miguel de Cervantes, Sergio Ramírez, entre otros ciudadanos nicaragüenses.
Para este jueves 03 junio ha sido citado en el Ministerio Público el periodista Octavio Enríquez de Confidencial. Los representantes legales de La Prensa e Hispamer también han sido llamados para comparecer ante la institución.
«Seguiremos llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro», cita el comunicado 005-2021, emitido este miércoles 02 de junio por el Ministerio Público de Nicaragua.
Inhibición de facto
La abogada María Asunción Moreno explicó que «Cristiana goza de la presunción de inocencia, ya que no ha sido procesada ni condenada por ningún delito, por lo tanto esta en pleno goce de sus derechos políticos».
Por su parte, el abogado y joven activista, Juan-Diego Barberena explica que «los derechos ciudadanos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial civil y penal firme que así lo ordene (según el Arto. 47 de la Constitución Política de Nicaragua). El derecho a elegir y ser electo no puede ser suspendido, ni siquiera por decreto de Estado de emergencia, según el Arto. 187 de la Constitución».
«La solicitud de inhabilitar a Cristiana Chamorro para ejercer cargos públicos es ilegal e improcedente porque no existe esa medida cautelar personal dentro del listado numerus clausus que establece el Arto. 166 de la Constitución, sumado a que el juez no tiene cobertura legal para decretarla. De esta forma el Ministerio Público viola el principio de objetividad contenido en el Arto. 90 de la Constitución, y en su Ley Orgánica que debe observar en todo momento al ejercer la acción penal», agregó Barberena.
Juristas y opositores al Gobierno de Ortega aseguran que la acusación de la Fiscalía en contra de Chamorro es «un caso de persecución política» ya que la periodista se encuentra en los primeros lugares de diversos sondeos sobre aspirantes y precandidatos a la Presidencia para los comicios de noviembre próximo.
«Esta acción desquiciada en contra de Cristiana Chamorro confirma que en Nicaragua no hay Constitución, ni leyes, ni derechos, solo la voluntad del tirano, aferrado maniáticamente al poder. Ni siquiera circo electoral quiere ya», aseguró el economista y abogado, Enrique Sáenz.
«Tal vez logren imposibilitar su candidatura por el pavor que tiene Ortega, pero, a la par, la están convirtiendo en un símbolo de resistencia. Y necesitamos esos símbolos de resistencia. No uno. Cuantos más símbolos de resistencia tengamos, más ánimo y más fortaleza tendremos en el combate frente a la dictadura», explicó Sáenz en su blog personal.
La comunidad internacional ha denunciado la arbitrariedad de las acciones en contra de Chamorro y el periodismo independiente. «Negarle la oportunidad a diferentes personas de participar en las elecciones, reducir el espacio para tener elecciones libres y seguras, reducir el espacio para que se escuchen las diferentes voces, eso va en una dirección totalmente opuesta», expresó Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, sobre Nicaragua, en su primera visita a América Latina.
