Adilia Castro señala que liderazgo de Juan López se convirtió en un blanco por cuestionar el modelo extractivo y denunciar a grupos de poder económico y criminal que operan impunemente en el Aguán
A nueve meses del asesinato del asesinato del defensor, las investigaciones del crimen avanzan lentamente, a la espera del peritaje de al menos 40 celulares que podrían revelar vínculos con autores intelectuales
Uno de los componentes mineros de Inversiones Los Pinares se instaló ilegalmente en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. Aunque está suspendido, sus operadores estarían ejerciendo control armando en el área, denuncia defensora
Tegucigalpa, Honduras. – El asesinato de Juan López no puede investigarse al margen del modelo extractivo corrupto que por décadas ha operado en el Valle del Aguán, expuso Adilia Castro, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
Castro afirma que el liderazgo de López personificaba una amenaza que desafiaba a las estructuras económicas, políticas, militares y del crimen organizado al plantear la problemática extractiva, más allá de las afectaciones causadas por una minera en un río o una montaña, llegando incluso a cuestionar el modelo de producción de monocultivo de palma africana en todo el litoral Atlántico hondureño.
Los planteamientos de la defensora e integrante del CMDBCPT fueron realizados durante su participación el miércoles 11 de junio en el podcast Resistencia-X, organizado por la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), a tres días de que se cumplan nueve meses del asesinato de Juan López.
Sostuvo, además, que previo a la llegada de la minera Inversiones Los Pinares, la conflictividad en el Valle del Aguán se concentró en la tenencia de la tierra, el impacto socioambiental del monocultivo de la palma africana y la presencia de actores ligados al narcotráfico. La zona reconocida por su fertilidad agrícola también es un corredor estratégico para negocios lícitos e ilícitos.
Sobre los avances en el caso, Castro planteó que a inicios de junio se tuvo que suspender la audiencia preliminar contra tres de los supuestos autores materiales en el asesinato de Juan López, debido a que no se concluyó el análisis de la extracción de información de cuarenta aparatos telefónicos.
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Este peritaje es importante, comentó, para ampliar las líneas de investigación e iniciar las investigaciones contra los posibles autores intelectuales del crimen. “[C]reemos que esa es la información valiosa que puede dar pistas para dar con el paradero de los autores intelectuales”, indicó, especialmente porque sospechan que se quiere dejar la causa como “un asesinato más de los tantos que hay en este país”.
MINERÍA, AMENAZAS, CRIMINALIZACIÓN Y ASESINATOS
“¿Por qué Juan se convirtió en una amenaza? Porque Juan denunció a todos estos grupos de poder económico que se estaban apropiando de todos estos rubros de la economía en la región, [poniendo] en riesgo el desarrollo sostenible de todo este territorio”, comentó Adilia Castro.
La defensora sostuvo que estos proyectos se instalan de forma opaca, sin consultar o brindar información a las comunidades, y que en el caso del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa les tomó “diez años armar este rompecabezas, porque no era información visible”. Esto pese a que dentro del área de explotación minera se encontraban más de 200 hectáreas de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, afectando más de 36 fuentes de agua.
Además de los asesinatos de Juan López, Oquelí Domínguez, Jairo Bonilla y Alí Domínguez, más de 30 defensores del agua, como también son denominados, fueron criminalizados. Ocho de ellos fueron privados de su libertad por casi tres años, durante la pandemia de covid-19. A esto se suman los desplazamientos forzados de familias enteras que resultaron tras los asesinato de los hermanos Oquelí.
Las personas defensoras señalan que, si bien en 2024 lograron la suspensión del megaproyecto minero, este mantiene control armado sobre dicho territorio, poniendo en riesgo la vida de las personas que residen en la zona.
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REQUERIMIENTOS TARDÍOS
Tras años de presentar denuncias y evidencias en el Ministerio Público, días después del asesinato de Juan López, las autoridades hondureñas finalmente presentaron varios requerimientos fiscales ligados al caso.
Entre estos destacan la causa contra ejecutivos de Inversiones Los Pinares por suponerlos responsables de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados. Mientras que el otro requerimiento es contra la secretaria municipal de Tocoa por falsificación de documentos públicos, y contra los abogados de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek por uso de documentos públicos falsos.
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La defensora recuerda que hay dos eventos que ocurren previo a el asesinato de López. Primero, el incremento en presión para que las autoridades presentaran los requerimientos y el segundo es un llamado que realizó el defensor días antes del crimen exigiendo la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, luego que se publicó el narcovideo.
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“[U]nos días antes, la corriente de él [Juan López] se había pronunciado públicamente haciendo un llamado a las autoridades sobre la necesidad de que el alcalde [Adán Fúnez] renunciara por delitos relacionados a complicidad en temas delicados, como el narcotráfico”, relató Castro.
