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“ENTAH”, la política de transparencia y anticorrupción

Ante calamidad financiera exigen reducir salarios a diputados y funcionarios del gobierno de Honduras

 

Tegucigalpa.- Como una medida para mejorar las finanzas del Estado de Honduras, reclaman a la Presidencia y Congreso Nacional reducir los altos salarios que devengan los funcionarios y diputados que incrementa el gasto público y la burocracia de la nación.

Alrededor del 7.5% del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB) se ejecuta en el pago de salarios a empleados y funcionarios públicos que representan alrededor de 209 mil empleados siendo uno de los países de la región con más gasto en burocracia, según informes del Banco Mundial.

Del porcentaje en burocracia, el 4.6% del gasto representa masa salarial ineficiente con contratos públicos inflados y fugas en transferencias que repercuten en las finanzas públicas y generan endeudamiento para cumplir con las obligaciones.

Días antes de concluir el gobierno del exgobernante Juan Orlando Hernández, capturado por la Policía Nacional al ser solicitado en extradición por Estados Unidos al ser acusado por delitos vinculados con la narcoactividades, se aprobaron aumentos de salario y leyes que otorgó prestaciones laborales a exfuncionarios y directores de esa administración.

Para el caso, a inicios de enero, las autoridades Banco Central de Honduras (BCH) recetaron un aumento al salario de altos funcionarios que ronda más de 20 mil lempiras debido a que su salario mensual es mayor a los 250 mil lempiras para un país que el 70% de la población vive en pobreza, de estos, el 53% en extrema pobreza.

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En tanto, cada diputado del Congreso Nacional recibe más de 90 mil lempiras mensuales por sesionar apenas tres días a la semana, sin sumar los ingresos por viáticos y vacaciones mientras los suplentes reciben 40 mil.

 El viernes 17 de diciembre se publicó el Decreto Legislativo 121-2017 en el que se contempla el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y disposiciones generales para el ejercicio fiscal 2022, considerado por la actual Secretaría de Finanzas como arbitrario e irreal debido que el país se encuentra endeudado y en bancarrota.

En dicho decreto, en los artículos 273 y 274 el gobierno dejó blindado la contratación de sus allegados impidiendo al nuevo gobierno poder ejecutar despidos, además se recetaron el pago de prestaciones laborales para altos funcionarios violentando el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que indica que todos los secretarios de Estado, subsecretarios y sus empleados de confianza, tampoco a los directores generales, personal de la secretaría general de la presidencia.

“Fueron tan sádicos que dejaron a sus propios empleados de contrato sin pago para enero, les bajaron el sueldo a quienes les dieron plaza y ahora los villanos somos nosotros por los despidos indirectos. Trampa tras trampa”, expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), José Carlos Cardona.

Misma valoración tiene el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, quien considera que el tamaño y el gasto del gobierno no son adecuados con la crisis que atraviesa la nación.

“No es congruente estar pensando en aumentos cuando el país está con problemas fiscales y económicos”, cuestionó.

Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, prometió durante la campaña política que si era electo en el cargo introduciría un decreto de ley para reducir el salario de los diputados y que ningún funcionarios devengue más que el presidente de la nación.

Sin embargo, ningún diputado rojinegro, pese a los reclamos y solicitudes de sus mismos simpatizantes, han presentado una iniciativa que cumpla lo que se prometió antes de llegar al poder de la nación.

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La diputada Scherly Arriaga se pronunció al respecto y garantizó que el gobierno de Castro aprobará un plan de austeridad que incluye la reducción de salarios de funcionarios y reducción de la burocracia, pero sobre todo un plan anticorrupción en el que afirma “ya hemos parado el saqueo del Estado”.

De igual manera, el diputado Fabricio Sandoval aseguró que el Congreso Nacional derogará los decretos legislativos aprobados por la administración anterior que otorga contratos a activistas del conservador Partido Nacional de forma arbitraria.

Cabe señalar que, el pasado 15 de febrero, la congresista Isis Coello, presentó una iniciativa para conformar una comisión especial que revise las resoluciones y decretos para el pago de prestaciones y beneficios laborales a secretarios de Estado, altos funcionarios y directores que fungieron entre 2014 a 2022.

“Como no van a estar mal las finanzas si en Casa Presidencial, los gerentes y sub gerentes tenían rango de ministros, recibían su salario, más bonos de seguridad, alimentación, transporte y de semana santa, percibían de 150 a 350 mil mensual, más vehículo, combustible y viáticos”, reprochó el fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Luis Javier Santos.

A criterio del diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, cuando existe una crisis de ingresos se deben de reducir los salarios y cuestiona que varios diputados no están dispuestos a sacrificarse, no obstante, apuestan por implementar impuestos a la ciudadanía.

“Hay que bajar sueltos de todo el gobierno, los altos funcionarios y altos empleados”, añadió.

Asimismo, detalló que se presentó un decreto de ley para reducir la cantidad de diputados y regular la reelección de diputados y alcaldes por lo que espera este Poder Legislativo introduzca la aprobación de la normativa.

Para la congresista Erika Echeverría, la crítica situación financiera de Honduras obliga a realizar sacrificios a todos. “No podemos pretender estabilizar las finanzas públicas sin reducir el gasto”.

Recientes declaraciones del diputado Rasel Tomé sostiene que “no hay ambiente” para reducir los altos salarios de diputados situación que se traslada a funcionarios del gobierno de Castro que no han establecido una postura en contra de sus altos salarios.

Según la ministra de finanzas, Rixi Moncada, el gobierno de Castro recibió un Estado en quiebra con apenas 800 millones de lempiras disponibles pese a que el presupuesto es superior a los 308 mil millones.

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