Tegucigalpa, Honduras. – La reapertura de la investigación de la muerte de la de la agente de la ATIC Sherill Yubissa Hernández Mancía –muerte que en 2019 se catalogó como un suicidio— podría despejar el manto de misterio y colusión en este femicidio que mucho tiempo se hizo pasar por suicidio.
El Ministerio Publico (MP), informó por medio de las redes sociales, la reapertura para “buscar nuevos elementos que puedan llevar a una conclusión certera de este caso”.
De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la sección de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, determinó retomar la investigación de la muerte de la jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Para Merly Eguigure, coordinadora del Comité de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla». “es valioso”, que se retome dicha investigación para “despejar de una vez por todas, las dudas que han asaltado a la ciudadanía en torno al caso de Sherill Yubissa”.
De igual manera la feminista señaló que dicha investigación servirá para “que no haya dudas que se dio un dictamen alterado para favorecer a alguien”.
Sherill Yubissa Hernández Mancía, fue asesinada el 11 de junio de 2018, en Santa Rosa de Copán, en la semana de su muerte, durante la tercera operación “Avalancha” de la ATIC en contra de la MS – 13, la agente procesaba y coordinaba información confidencial.
LA PRUEBA CIENTÍFICA ES OBJETIVA
La muerte de la agente de la ATIC dejó entrever la complicidad de las autoridades del MP y de la ATIC , el 26 de septiembre de 2019, se estableció cerrar el caso, el dictamen final: suicidio.
Dicho dictamen ocasionó la oposición de entonces directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva –ahora viceministra de Seguridad— quien presentó pruebas científicas presentadas que a todas luces se trataba de un asesinato. Esto ocasionó la separación de su cargo por negarse a aceptar la versión del suicidio que defendían funcionarios como el fiscal general Oscar Chinchilla.
Ahora que se reabre el caso, la viceministra de Seguridad, lamentó que las autoridades del MP –Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián Bueso—, asociados con Ricardo Castro –director de la ATIC, recientemente nombrado como subjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (UFERCO)— y otras personas de las “altas cupulas”, “buscaron desacreditar la prueba científica”.
En abril de 2023, después de cinco años, un informe policial en manos de la agencia argentina de noticias, Infobae, trascendió que los principales sospechosos de ser autores intelectuales del crimen del asesinato de la jefa regional de la ATIC al exalcalde Alexander Ardón – uno de cuatro testigos que se presentará durante el juicio a JOH pospuesto en tres ocasiones y que se desarrollará el cinco de febrero de 2024— y Juan Antonio “Tony” Hernández –Condenado a cadena perpetua y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico—.
Luego de revelar esta información a criterio de analistas y organizaciones de mujeres el caso de Sherill Yubissa Hernández Mancía, debía ser reabierto.
“Siempre hemos dicho que la prueba científica es objetiva, que genera la certidumbre para que las autoridades, sobre todo las judiciales, después de presentados los requerimientos con base a ella (prueba científica), tengan contundencia”, señaló Julissa Villanueva a medios de comunicación.
NO MÁS IMPUNIDAD
Para el abogado, Alex Navas, lo importante de esta decisión, es que el Estado a través de la institucionalidad “busque la justicia como un medio para evitar que sigan las espirales de impunidad en el país”.
Sin embargo, el catedrático universitario, refirió que los resultados de esta investigación dependerán de las condiciones de trabajo que tendrán los fiscales para investigar a profundidad y de la voluntad de las autoridades para que llegue a buen término y conocer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.
Las muertes violentas de mujeres, de acuerdo con las organizaciones de mujeres y feministas, la impunidad supera el 95 %, que se evidencia aún más en casos como el de la la jefa regional de la ATIC y el Keyla Martínez –estudiante de enfermería asesinada en 2021 al interior de una posta policial y que hasta la fecha se desconoce la sentencia que pagará Jarol Perdomo— donde participaron servidores estatales.
En ese sentido, el catedrático universitario, refirió que se debe hacer lo mismo con casos en lo que se tenga duda de “alguna colusión de funcionarios públicos respecto al asesinato o vulneración de derechos humanos”, para ser revisados por jueces y fiscales independientes.
Por su parte, Merly Eguigure, expresó a Criterio.hn que, además, se espera que se investiguen las demás muertes violentas de mujeres y femicidios ocurridos en el país centroamericano.
En Honduras de acuerdo con el último informe del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), durante el 2023 cada 21 horas con 50 minutos una mujer perdió la vida de manera violenta.
