Tegucigalpa. En una nota publicada este viernes en el sitio web de la Agencia Oficial de Desarrollo en el Extranjero de la Iglesia Católica en Irlanda (Trocaire) se cuestionó cuándo se hará justicia a los ocho defensores de Guapinol, quienes se encuentran bajo prisión arbitraria en Honduras desde hace dos años por oponerse a un «peligroso proyecto minero».
En la publicación bajo la autoría Nóirín Byrne, se hizo hincapié en que «el abuso corporativo de los derechos humanos en Honduras debe terminar», dejando claro que la situación contra los defensores de Guapinol no es única, sino más bien parte de una estrategia de abuso corporativo y ambiental contra comunidades en Honduras a manos de grandes corporaciones.
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«El país es conocido como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Según el último informe de Global Witness, Honduras tiene la tasa de asesinatos per cápita más alta de estos defensores de los derechos humanos en el mundo. La falta de justicia para los numerosos activistas asesinados y agredidos en Honduras por defender los derechos territoriales ancestrales y el medio ambiente sigue siendo sistémica», se publicó en Trocaire.
En la nota se expresa que los ocho defensores del agua fueron detenidos hace dos años por protestar pacíficamente la explotación de recursos naturales comunales. Asimismo, señala que pese a repetidos pedidos de liberación, la Corte Suprema de Justicia hondureña extendió recientemente el periodo de «prisión preventiva» por seis meses más.
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La publicación agregó que no hay pruebas fundamentadas contra los defensores del agua de Guapinol, que «Las acusaciones son fabricadas y han servido para reprimir el legítimo movimiento de resistencia en favor del mercantilismo». Resaltando que, por generaciones, la comunidad de Guapinol ha dependido de ese río y del Parque Nacional Carlos Escaleras, los cuales forman «parte integral de la vida diaria de los habitantes».
Trocaire explica que, en 2014, las comunidades que reciben agua del río Guapinol fueron puestas en riesgo cuando el gobierno hondureño otorgó una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras a la empresa Inversiones Los Pinares. Pese a que el parque era área protegida y que no hubo consulta sobre el proyecto a las comunidades afectadas.
La organización destaca que «desde que comenzó la minería, el agua se ha contaminado, comprometiendo potencialmente la salud de los lugareños» y que la comunidad «es monitoreada continuamente por drones y seguridad» de Inversiones Los Pinares, propiedad de «una de las familias más poderosas de Honduras».
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Esta semana, familiares de Jeremías Martínez, uno de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro bajo prisión arbitraria, alertaron al Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH) que él se encuentra en «estado de salud grave, y que no ha recibido la atención médica debida».
Además de Jeremías Martínez, guardan prisión arbitraria Ever Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnold Javier Alemán.
