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Continúa criminalización contra Tolupanes en Honduras

Continúa criminalización contra Tolupanes

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Tegucigalpa. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios Para la Dignidad denunciaron que nuevamente los Juzgados de Yoro citaron a nueve indígenas Tolupanes que defienden su territorio ancestral.

De acuerdo con las organizaciones se trata de un proceso de criminalización que es instigado por la empresa INMARE, propiedad de Wilder Domínguez, «quien con su empresa ha acabado con los bosques del territorio Tolupán a cualquier costo».

La cita de la audiencia en los Juzgados de Yoro es este viernes, 10 de septiembre, y los convocados son: Ramón Matute, Oscar Villeda, Sergio Ávila, Oscar Amado Matute, María Ángela Murillo, Alison y Wendy Pineda, Celso Cabrera y José María Pineda.

El coordinador del equipo operativo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Darwin Alachán contó a Criterio.hn que varios de las y los citados son familiares de indígenas Tolupanes que fueron asesinados por defender el bosque y los bienes comunes.

Para el caso de Ramón Matute, Amado y Celso Cabrera, «ellos son parientes de cinco de las tantas víctimas que tiene el pueblo Tolupán». Tanto Amado y Celso son los hijos de María Enriqueta Matute, «una de las primeras mártires de la Tribu de San Francisco de Locomapa que fue asesinada el 25 de agosto del año 2013». Mientras que Ramón Matute, es hijo y hermano, respectivamente, de José Salomón y Juan Samael Matute, asesinados el 25 de febrero de 2019.

Nota relacionada: Honduras: Asesinan a dos indígenas tolupanes que defendían su territorio

Alachán explicó que el proceso de criminalización contra las y los integrantes de la tribu de San Francisco de Locomapa se da por la obstaculización de un plan de manejo forestal que fue otorgado al empresario Wilder Domínguez de la empresa INMARE.

En 2018, Criterio.hn publicó el articulo «Institucionalidad hondureña se llama al silencio ante inminente desgracia del pueblo Tolupán», en el que retrataba la situación de violencia que vive la tribu de San Francisco de Locomapa y cómo las autoridades hondureñas se llamaron al silencio para beneficiar intereses privados y no comunitarios.

En esa publicación, se reveló que en un inicio al empresario Wilder Domínguez propietario de la empresa maderera INMARE, se le otorgó un contrato de venta de madera de 5000 metros de bosque; sin embargo, posteriormente se reveló que lo otorgado fueron 17,000 metros, todo ello violentando el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado del resto del pueblo indígena Tolupán. Para agravar la situación, el pacto de INMARE establecía que pagaría cada metro de madera por un valor de L. 200.

En un video distribuido por el MADJ y el Bufete Estudios Para la Dignidad, la lideresa indígena Tolupán, Ángela Murillo, invitó a las organizaciones nacionales e internacionales a apoyarles el 10 de septiembre en la audiencia a realizarse en los Juzgados de Yoro, recalcando que «protestar no debe ser considerado un delito».

 

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