Radares antidrogas que instaló JOH no funcionan, asegura Secretaría de Defensa

Ley aprobada en el 2014 e impulsada por Juan Orlando Hernández, imposibilita a Estados Unidos a trabajar de manera conjunta con Honduras en el rastreo aéreo de la droga.

Por: Luis Escalante

Imagen de portada: desarrolloydefensa.blogspot.com/

Tegucigalpa. – Dañados se encuentran los radares de intercepción de aeronaves y embarcaciones que el expresidente Juan Orlando Hernández utilizó con el fin de eliminar el intercambio de información con Estados Unidos, reveló este lunes la Secretaría de Defensa.

El titular de ese despacho ministerial, José Manuel Zelaya, le dijo a Criterio.hn que después de que solicitaron informes sobre el estado actual del sistema antidrogas en cuestión, se les notificó que dos de los tres radares se encuentran dañados. A pesar de ello, adelantó que están trabajando en su reparación.

«Hemos tomado a bien la iniciativa de reparar los radares, ello de acuerdo a las necesidades que han mostrado el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el Estado Mayor Conjunto, quienes nos han presentado distintos informes», dijo Zelaya, quien explicó que uno de ellos está completamente dañado y que el otro presenta fallas leves.

El sistema de control consta de un radar de vigilancia aérea de larga distancia EL/M-2082 Long Range 3D, y dos radares EL/M-2106NG 3D, que son utilizados en labores de vigilancia táctica. Aunque el funcionario no especificó cuáles son los dos dispositivos que se encuentran en mal estado.

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El sistema de radares fue instalado entre 2014 y 2016 a la empresa israelí ELTA Systems y colocado en puntos secretos de La Mosquitia hondureña, en el departamento de Gracias a Dios, zona oriental colindante con el Caribe–marcado por la narcoactividad–.

Los radares los adquirió el Estado hondureño el 19 de diciembre de 2013, tan solo tres semanas después de que las autoridades electorales declararon ganador de los comicios presidenciales de ese año a Juan Orlando Hernández, quien, en aquel momento, siendo presidente del Congreso Nacional, le ganó la contienda a la actual presidenta Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre). Castro y su partido denunciaron un fraude electoral que nunca lograron evidenciar.

Al exmandatario, que se reeligió inconstitucionalmente y bajo señalamientos de fraude en las siguientes elecciones –las de 2017–, ahora Estados Unidos lo acusa del transporte de 500 toneladas de cocaína hacia ese país, utilizando para dicho fin armas de fuego y explosivos. El juicio contra Hernández, quien fue extraditado el pasado 21 de abril y quien también presidió el Congreso entre 2010 y 2014, se realizará a partir del 23 de enero de 2023.

RADARES FUERON INSTALADOS CON DOBLE PROPÓSITO Y CONTINUÁN PAGÁNDOSE

El capricho de instalar los radares por parte de Juan Orlando Hernández, quien en realidad pretendía quitarse de encima a Estados Unidos en las labores de intercepción de aeronaves y embarcaciones civiles que transportaban droga desde Sudamérica, le costó a Honduras unos USD 30,000,000.00. De hecho, explicó José Manuel Zelaya, esa adquisición se continúa pagando.

«El pago del financiamiento, que era a diez años, está por terminar y los radares pronto serán nuestros de forma neta», expresó a este medio digital el funcionario, quien es sobrino político de la presidenta Castro e hijo del secretario del Congreso, Carlos Zelaya –hermano del expresidente Manuel Zelaya–. El titular de Defensa añadió que, dentro de las próximas semanas, solicitarán a la Secretaría de Finanzas que autorice y desembolse los fondos que servirán para reparar los dos radares dañados.

La instalación de los dispositivos, efectuada entre 2014 y 2016, así como la promulgación de la polémica Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, el 3 de marzo de 2014, hicieron que Washington dejara de compartir información de radar con Honduras de forma definitiva.

A partir de la década de 1980, época en que los cárteles colombianos y mexicanos establecieron las primeras rutas de trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, el país norteamericano comenzó a brindar información acerca de las rutas, sobre todo en el Atlántico, de avionetas sospechosas a las agencias antinarcóticos de Honduras, uno de los países más expuestos en el camino de la coca hacia Estados Unidos, la nación con mayor consumo de esa droga en el mundo.

A pesar de la colaboración bilateral, el 13 de agosto de 2012, después de que la Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones en violación a acuerdos internacionales, el gobierno estadounidense retiró un radar que había venido siendo prestado a Honduras y eliminó parcialmente el intercambio de información.

Posteriormente —a pesar de que el 19 de noviembre de ese año se reanudó el intercambio de información de radar por cerca de un año — la ley que se aprobó en marzo de 2014 y que faculta al Estado hondureño para derribar aeronaves civiles, representó la estocada final para que Estados Unidos dejara de apoyar permanentemente el escudo aéreo de Honduras.

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En aquel momento, las autoridades de Defensa de Honduras aseguraron que la adquisición de los radares israelís les otorgaría independencia en la lucha contra el tráfico de drogas. «Ya vamos a tener nuestros propios radares y no vamos a estar esperando apoyo de países amigos para combatir el narcotráfico», dijo, en su momento, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio.

No obstante, según narcotraficantes confesos, entre ellos el jefe del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga y Víctor Hugo Díaz Morales –este último, de acuerdo con acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, financió la segunda campaña presidencial de Porfirio Lobo y la elección de Juan Orlando Hernández como presidente del Legislativo–, los sistemas de radares en Honduras habían sido utilizados, más bien, para facilitar el tráfico de drogas durante las últimas décadas.

El 10 de marzo de 2017, el temido exlíder de Los Cachiros, una poderosa organización criminal hondureña, aseguró durante el juicio contra Fabio Lobo –hijo del expresidente Lobo– que, en una operación efectuada a finales de 2013, un funcionario de la Policía Militar hondureña, impulsada por Hernández y Lobo en ese mismo año, le suministró información del radar.

Una avioneta cargada con 1,050 kilogramos de cocaína, proveniente del estado de Apure, en Venezuela, aterrizó sin ningún inconveniente en la comunidad de Farallones, en el departamento de Colón, Honduras. El cargamento, según el testimonio de Maradiaga, lo recibió Herlinda Bobadilla, quien fue extraditada hacia Estados Unidos el pasado 26 de julio.

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Dos años más tarde, el 5 de octubre de 2019, Díaz Morales, alias «El Rojo», testificó en contra del exdiputado y narcotraficante Juan Antonio Hernández –hermano del expresidente Hernández–, quien cumple una cadena perpetua en Estados Unidos, y aseguró que los hermanos Hernández le cobraban USD 50,000.00 por proporcionarles información del radar y que, de esa forma, él pudiera garantizar el desplazamiento seguro de sus avionetas y barcos.

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Aunque el ministro José Manuel Zelaya no se refirió a un eventual retorno al intercambio de información de radar con Estados Unidos, sí aseguró que trabajan «en conjunto» con el propósito de contrarrestar el tráfico de drogas. Entre 2014 y 2021, según cifras oficiales, Honduras confiscó 34,052 kilogramos de cocaína procedente, en su mayoría, de Colombia y Venezuela.

«Con Estados Unidos hemos sostenido diálogos permanentes que nos permitan entablar una estrategia conjunta que enfrente, de manera contundente, esta lucha contra el narcotráfico», puntualizó Zelaya a Criterio.hn.

De igual modo, se refirió a que a partir de la década de 2010 Honduras dejó de ser solo un país de tránsito y se convirtió en un productor de cocaína. Según información oficial, entre 2017 y 2021 se destruyeron 1,118,726 arbustos de hoja de coca, y de 2014 a 2021 se destruyeron 50 narcolaboratorios. La mayoría de plantaciones y laboratorios se localizaron en el norte del país. 

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«Estamos conscientes de que la lucha contra el narcotráfico tiene falencias y enfrenta retos distintos, pero actualmente estamos trabajando en una nueva estrategia. Hemos entablado acuerdos con el Comando Sur con el objetivo de desarrollar una estrategia de prevención», continuó y subrayó que combatir el narcotráfico no solo consiste en atacar a cárteles y a capos.

«Es necesario fortalecer nuestros escudos marítimos, aéreos y terrestres y, de esa forma, no solo capturar, sino que también evitar el ingreso de la droga al territorio hondureño», concluyó Zelaya, quien el pasado 26 de julio se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd J. Austin, con quien discutió temas de agenda común.

A raíz de la Ley de Soberanía del Espacio Aéreo, impulsada por Juan Orlando Hernández, los gobiernos de Estados Unidos y Honduras no trabajan conjuntamente en el combate aéreo del tráfico de drogas desde 2014, una situación que ha detenido la donación de recursos a la Fuerza Aérea hondureña. Según reportes de la prensa, la flota de aviones de combate consta de 24 unidades, sin embargo, solo siete de ellos se encuentran operables.