Xiomara Castro aumentó el presupuesto de la Policía Militar, brazo armado de JOH

Compartir

De los L 9,336,149,156 correspondientes al presupuesto de la Secretaría de Defensa de 2022, cerca del 7%, L 650,428,523 (USD 26,441,929.28), han sido destinados a las tareas de seguridad.

Redacción y gráficos: Luis Escalante

Edición: Emy Padilla

Fotografías: Jorge Burgos

Tegucigalpa. –La promesa de desmilitarizar la seguridad en Honduras sigue siendo una quimera o por lo menos así lo evidencian las acciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien pese a haber prometido sacar a los militares de las calles, está haciendo lo contrario al asignarles más recursos en comparación con el último año.

Al revisar la distribución del presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), orientado a la seguridad, Criterio.hn constató que Castro está teniendo un comportamiento similar al de su antecesor, Juan Orlando Hernández, cerebro y ejecutor de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La política de seguridad que ha impulsado la mandataria se contradice con su plan de gobierno, que en uno de sus numerales proponía «desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y la Policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana».

Aunado a ello, durante los doce años continuos que gobernó el Partido Nacional, entre 2010 y 2022, Castro y su esposo Manuel Zelaya –presidente de Honduras de 2006 a 2009, derrocado por un golpe de Estado, y figura visible del actual gobierno– habían cuestionado públicamente las estrategias de seguridad que se habían desarrollado en ese lapso, entre ellas la creación de la Policía Militar, una unidad de las Fuerzas Armadas que se ha caracterizado por la usurpación de funciones policiales y la violación de derechos humanos pero, sobre todo, por haber servido como brazo armado del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora procesado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos.

Sin embargo, en contraste con su discurso preelectoral, ahora la presidenta Castro ha decidido imitar las prácticas de Hernández y depositar su confianza en la Secretaría de Defensa, una institución que rectora su sobrino político, José Manuel Zelaya –hijo del secretario general del Congreso Nacional, Carlos Zelaya–, y que se encarga del funcionamiento de la Policía Militar. De hecho, en la reformulación realizada el 8 de abril de 2022 al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2022, al que su gobierno catalogó de «falso» y «corrupto», la asignación presupuestaria destinada a esa secretaría no se modificó en un solo centavo.

En el presupuesto original, que aprobó el 17 de diciembre de 2021 el Congreso presidido por el nacionalista Mauricio Oliva, a Defensa se le habían destinado L 9,336,149,156 (USD 380,067,723), un 10.3% más que los L 8,464,949,206 (USD 344,601,818) que habían sido erogados en 2021.

Esos incrementos presupuestarios, año tras año, han dejado de ser una novedad. Desde que la Policía Militar adquirió su rango constitucional, el 7 de enero de 2014, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad pasó a ser inferior que el de Defensa, algo que Castro había criticado explícitamente en su plan de gobierno, pero que ahora parece haber ignorado.

De acuerdo con lo que observó Criterio.hn, la tendencia cambió considerablemente a partir de 2015, año en que el gobierno de Hernández, caracterizado por su autoritarismo y militarismo, asignó L 3,867,197,685 (USD 157,213,535.54) a Seguridad y L 5,418,882,357 (USD 220,294,312.16) a Defensa. En la actual gestión no ha habido una excepción.

Para el período fiscal que corresponde a 2022, L 7,850,251,535 (USD 319,136,982.17) están asignados a la Secretaría de Seguridad. Y, aunque sí se observó un incremento en el presupuesto dirigido a esa secretaría de Estado –con relación a los L 6,854,651,535 que se aprobaron el 17 de diciembre de 2021–, la cantidad continúa siendo muy lejana con relación a los L 9,336,149,156 que le competen a Defensa.

El análisis de datos que realizó Criterio.hn, con base en las liquidaciones presupuestarias efectuadas por la Secretaría de Defensa entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2022, revela que la presidenta Castro, en un acto de incongruencia con respecto a su discurso antimilitarista, ha asignado más dinero a las tareas de seguridad ciudadana que, a partir de 2014, ha efectuado esa secretaría de Estado.

De los L 9,336,149,156 correspondientes al presupuesto del año en curso, cerca del 7%, L 650,428,523 (USD 26,441,929.28), son destinados a las tareas de seguridad en la Secretaría de Defensa. Durante el último año del gobierno de Hernández, esa partida presupuestaria, de L 445,660,709 (USD 18,117,484.91), incluso fue menor en un 31.5%.

De hecho, si se comparan los últimos cinco meses de Hernández con los primeros cinco de Castro, resulta que el primero asignó L 165,338,247.03 (USD 6,721,510.64) a las tareas de seguridad y la segunda L 310,300,116.23 (USD 12,614,658.55). La variación porcentual es del 87.7%. Así, la célebre frase «regresar a los militares a sus cuarteles», con la que Castro hacía alusión a que la seguridad le compete a la Policía Nacional, ha quedado en una simple promesa de campaña.

En uno de los meses analizados, mayo de 2022, la ejecución presupuestaria ascendió a los L 99,101,590.73 (USD 4,028,785.89), un 31.94% del presupuesto ejecutado en los cinco meses.

Con respecto a lo anteriormente expuesto, la investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Mirna Flores, considera que el gobierno de Castro se ha caracterizado por la falta de políticas claras e integrales destinadas a la resolución de problemas de seguridad pública y a la desmilitarización. "Hay decisiones que contradicen lo prometido en campaña cuando los presupuestos militares se aumentan, cuando se habla de una presencia de la Policía Militar en las calles", indicó a Criterio.hn durante una entrevista.

LARGA VIDA A LA POLICÍA MILITAR

La Policía Militar es una unidad dependiente de las Fuerzas Armadas que se creó el 23 de agosto de 2013 por el Congreso presidido por Juan Orlando Hernández, bajo decreto legislativo 168-2013, y que realiza funciones de seguridad ciudadana que, constitucional e históricamente, le han conferido a la Policía Nacional. El 7 de enero de 2014, a pocos días de la investidura de Hernández en su primera administración (2014-2018), el Legislativo le otorgó a los militares funciones de seguridad pública, después de una reforma realizada al artículo 274 de la Constitución.

A partir de ese momento, unos 5,000 elementos del Ejército fueron seleccionados y entrenados para realizar algo que no sabían hacer: ofrecer seguridad a la ciudadania. El objetivo de la Policía Militar, según Hernández y sus demás ideólogos, era convertirse en una especie de némesis para las maras y las pandillas que, junto a las estructuras de narcotráfico –como la que comandaba el hermano de Hernández, Juan Antonio Hernández, quien enfrenta una cadena perpetua–, habían hecho de Honduras uno de los países más violentos en el mundo a inicios de la década de 2010.

Como antítesis, varios defensores de derechos huanos, investigadores en materia de seguridad y funcionarios actuales aseguran que la creación de la Policía Militar tenía otro trasfondo: encubrir al crimen organizado y debilitar a la Policía Nacional. Ramón Sabillón, exdirector de la Policía y actual ministro de Seguridad, en una entrevista reciente con Criterio.hn aseguró que "el gobierno de Juan Orlando Hernández relegó a la Policía a una labor administrativa durante los últimos años".

Los militares han recibido al menos L 310,300,116.23 para tareas de seguridad en los primeros cinco meses del gobierno de Xiomara Castro. (Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn).

La entrevista completa: Ramón Sabillón promete reestructurar las fuerzas de seguridad heredadas por JOH

Desde su origen, la violación de derechos humanos también ha sido la imagen de presentación de la Policía Militar. En su informe de observación a las elecciones generales de 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) la responsabilizó de varios actos de represión, entre los cuales 22 terminaron en ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento, esas muertes permanecen en impunidad.

"Es imperativo que se elimine a la Policía Militar, que ha sido una creación perversa de Juan Orlando Hernández y que ha estado orientada a proteger a narcotraficantes", declaró a Criterio.hn el sacerdote y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno.

A pesar del clamor de los defensores de derechos humanos, el pasado 23 de junio, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, aceptó que la Policía Militar sería "reorientada a combatir el narcotráfico".

Sin embargo, después de que el 14 de julio se cometió en la capital Tegucigalpa una masacre donde falleció un hijo del expresidente Porfirio Lobo y un sobrino del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, los elementos de la Policía Militar han comenzado a ser parte de intensos patrullajes, sobre todo en la principales ciudades del país, en conjunto con elementos de la Policía Nacional.

"Se ha generado una nueva estrategia con órdenes de la señora presidenta. Estaremos las 24 horas del día tras la flagrancia del delito, habrá más presencia de militares desde que se oculta el sol hasta que aparece, en apoyo a la Policía Nacional", sentenció el pasado 19 de julio el comandante de la Policía Militar, Roosevelt Hernández, en un mensaje que podría ser interpretado como una legitimación de la misma.

Consultado acerca del retorno de la Policía Militar a las calles, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, justificó a Criterio.hn que la presidenta Xiomara Castro "es firme en su decisión de desmilitarizar a la Policía y a la sociedad".

A pesar de ello, se ha contradicho con lo que ha expresado el titular en Defensa. "Ahora con la Policía Militar lo que se habló es un retiro gradual escalonado y así está, lo que pasa es que hay ciertos enfoques de muchas personas que lo respetamos, pero no lo compartimos (...)", mencionó.

La incongruencia se evidencia más cuando, por un lado, el secretario de Seguridad asegura que habrá un "retiro gradual" de la Policía Militar y, por el otro, el mismo gobierno anuncia que la Policía Comunitaria, una redefinición de la institución policial lanzada el pasado 6 de julio a nivel nacional, trabajará de manera estratégica con la Policía Militar.

"Tenemos el pleno de derecho de decirlo, si queremos avanzar hacia una Policía Comunitaria y un proceso de desmilitarizacion, es hora de ir poniendo en marcha un plan que lleve a su eliminación", consideró Moreno, quien siempre se ha opuesto a la militarización de la Policía.

LA ETERNA DOBLE MORAL DE EE UU

A criterio de Eric L. Olson, director de Políticas e Iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation (SIF), el problema radica en que los gobiernos latinoamericanos, entre ellos Honduras, prometen desmilitarizaciones y nunca las cumplen. "Yo había esperado que la Policía Militar iba a ser eliminada durante el gobierno de Xiomara Castro, no llego a entender por qué va a continuar", indicó Olson a Criterio.hn.

Desde que se creó en 2013, la Policía Militar ha puesto en entredicho la legitimidad de las relaciones de cooperación internacional, sobre todo en asuntos de seguridad, entre Estados Unidos y Honduras. Por un lado, el Departamento de Estado –especialmente durante la administración Barack Obama– ha cuestionado férreamente el funcionamiento de la Policía Militar y, por el otro, el Comando Sur ha respaldado, a ciegas, las políticas híbridas –asignación de funciones de Seguridad a Defensa– que había llevado a cabo Juan Orlando Hernández y que Xiomara Castro ha decidido mantener en vigencia.

"Es un fenómeno que se ha estudiado muchas veces", dice Olson. "Creo que el destino de la ayuda debería ser coordinado de otra forma entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa –de EE.UU.–. En el caso particular de Honduras, sí, ha existido una alta contradicción. Una prohibición de un lado y una permisión del otro", señaló.

De momento, y a diferencia de la segunda administración de Hernandez, en el gobierno de Castro se ha percibido una estrechez en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Honduras.

El pasado 26 de julio, la presidenta se reunió en Casa Presidencial con el secretario de Seguridad de EEUU, Alejandro Mayorkas, y ese mismo día, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, compartió temas de agenda común con el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd J. Austin, en la celebración de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, advierte Olson, la vigencia de la Policía Militar podría generar debate en las relaciones entre ambas naciones. "Es posible que la administración de Joe Biden determine, al igual que la de Obama, no apoyar a la Policía Militar", concluyó.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

El comentario no puede estar vacío
Por favor rellene el usuario
Es necesario escribir un correo válido

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.