Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –El Gobierno de Honduras sigue acudiendo a campañas engañosas para posesionar una imagen positiva a nivel local e internacional al hacer uso de discursos que son fáciles de desmontar.
Tal es el caso del secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, quien afirmó recientemente que desde el Poder Ejecutivo se ha dado un ejemplo de cómo manejar la transparencia en la ejecución de fondos públicos.
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LA FRASE
“Estamos definiendo políticas que propicien la transparencia, se están agilizando los procesos y a través del Gobierno electrónico se genera más transparencia, la sociedad necesita tener esta respuesta del Gobierno”, dijo recientemente Ayala en una entrevista con medios locales.
El funcionario se refirió a las acciones que el Gobierno está desarrollando supuestamente para garantizar la transparencia, entre las que destacó la reciente creación de la Secretaría de Transparencia y las gestiones de la administración Hernández en el tema digital financiero.
Según el funcionario del Poder Ejecutivo el gobierno que preside, Juan Hernández, ha sido abanderado de la transparencia porque apuesta a rendir cuentas sobre cada una de sus ejecutorías
La afirmación del funcionario es falsa cuando se echa un vistazo a informes sobre la falta de transparencia del Gobierno en manejo de fondos, vigencia de leyes que penalizan la divulgación de información y valoraciones de actores políticos y sociales del país.
NO HAY RENDICIÓN DE CUENTAS
En el marco de la pandemia, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Acción Ciudadana (AC) y Transparencia Internacional (TI), presentaron el informe: “Compras de Emergencia COVID-19, El Salvador, Guatemala y Honduras: Una mirada a la transparencia y los precios pagados por los insumos”.
“El informe destaca que, durante el período de confirmación presupuestaria, en los países mencionados se aprobaron diferentes normativas para regular las adquisiciones de emergencia y la contratación de expertos; sin embargo, ha existido falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos destinados a la atención de la pandemia y las irregularidades han sido conocidas gracias a denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación”, cita el documento.
Otra conclusión a la que llegó el estudio, es que el Gobierno no creó políticas de rendición de cuentas ante los países que facilitaron créditos millonarios para el manejo de la pandemia contra la COVID-19.
“Los millonarios préstamos internacionales adquiridos por los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica no tuvieron condiciones de transparencia o rendición de cuentas a los organismos multilaterales, por lo que es indispensable continuar con el monitoreo y fiscalización de dichos fondos”, recalcó el análisis de Transparencia Internacional.
Por su parte el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en un análisis sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19 por parte del Gobierno, concluyó que no hay un compromiso estatal para rendir cuentas.
El análisis escrito por la analista del Cespad, Mirna Flores, recalcó que, los recursos no están siendo auditados y mucho menos vigilados porque no hay cumplimiento de varias entidades con las políticas de transparencia existentes.
“Por el momento, los recursos públicos que están actualmente siendo ejecutados no se están viendo reflejados en la atención sanitaria, tampoco en políticas sociales dirigidas a los sectores más afectados, y lo más grave aún, son usados con poca transparencia”, detalla el documento.
El análisis de Flores cita la postura del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh) en torno a la ejecución de fondos de emergencia: “el Fosdeh ha advertido que una cantidad extraordinaria de recursos de más de 80 mil millones de lempiras, estarán a disposición del gobierno en los próximos meses, esto a costa de un alto endeudamiento. También ha denunciado que en el tiempo que va de la emergencia, ya han aflorado acciones irregulares de cotizaciones y compras sobrevaloradas, y que la secretividad con que se ejecutan los fondos impide la transparencia”.
Con respecto a las políticas de transparencia y rendición de cuentas, un informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sugirió al Estado de Honduras aplicar otra dinámica de rendición de cuentas.
“Es importante que exista mayor transparencia en los contratos gubernamentales, en los presupuestos públicos y en los conflictos de intereses, y la utilización de herramientas innovadoras de las tecnologías de la información pueden ser muy útiles”, sugiere el informe.
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LEYES QUE ATENTAN CONTRA LA TRANSPARENCIA
Los señalamientos anteriores tienen lógica y su génesis se deriva de la aplicación de un marco legal creado en los últimos años, con la intención de blindar la corrupción mediante prácticas que atentan contra la rendición de cuentas y la transparencia y que han venido a desbaratar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde el 30 de diciembre de 2006.
Y ha sido precisamente bajo la administración de Juan Hernández que Honduras entró en un retroceso significativo en lo que respecta a la divulgación de información y rendición de cuentas en la administración pública.
El 20 de enero de 2014, en la última sesión que dirigió Hernández como presidente del Poder Legislativo, se aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, que blinda la información en 16 instituciones del Estado hasta por 25 años, prorrogables por igual periodo de tiempo.
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La Ley fue creada con el argumento de regular la clasificación de documentos públicos relacionados a la seguridad y defensa nacional, y su aplicación ha convertido a Honduras en el país de Latinoamérica con mayor abuso de la excepcionalidad de seguridad nacional para el manejo de la información pública, según expertos en libertad de expresión.
Luego de la aprobación de esta normativa, que obstaculiza la rendición de cuentas, un grupo de abogados de sociedad civil presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), e incluso la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), sugirió que se revisara y se modificara.
En febrero de 2020 un grupo de magistrados de la Corte resolvió la inconstitucionalidad parcial de la Ley, por lo que, al no obtener la unanimidad de votos a lo interno del Poder Judicial, deberá pasar al pleno para declarar una resolución definitiva, deliberación que todavía no se ha efectuado.
El exdirector del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), Edy Tábora, ha manifestado que la Ley es inconstitucional y que se convierte en una plataforma para la corrupción y la impunidad.
Asimismo, criticó que con ella se le da más poderes al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que maneja Juan Hernández y que gracias a la Ley de Secretos no rinde cuentas sobre el uso de la Tasa de Seguridad.
El incumplimiento de la Ley de Secretos Oficiales por parte de funcionarios y/o cualquier persona que difunda información que esté clasificada bajo los diferentes niveles de reserva puede traer consecuencias penales amparadas en el nuevo Código Penal.
La opacidad con la que opera el actual gobierno va más allá de la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales, ya que en los últimos cinco años el Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia decretos ministeriales que han declarado en reserva la información relacionada a asuntos muy sensibles y que se prestan para fomentar los abusos y la corrupción
En el área ambiental, en el 2018 se aprobó la secretividad de las licencias ambientales y cualquier otro trámite que se presente ante la Secretaría de MiAmbiente. La medida se amparó en el Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto y publicado en el Diario La Gaceta el 17 de agosto de ese año.
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El ocultamiento de información sobre trámites ambientales fue repudiado por varias organizaciones indígenas y garífunas, como la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) que calificó el hecho como otro atentado a la transparencia y libertad de los pueblos originarios, que han sido en los últimos años los principales opositores a proyectos extractivos e hidroeléctricos.
DESCONFIANZA CIUDADANA, SOCIAL Y POLÍTICA
El descredito del actual Gobierno se refleja en la desconfianza que la ciudadanía, organizaciones independientes de sociedad civil y partidos políticos tienen.
Ante los discursos de funcionarios del Gobierno, varias organizaciones de sociedad civil han salido al paso a criticar el manejo de los recursos públicos y también a denunciar actos de corrupción que van de la mano con la falta de transparencia.
En el contexto de la pandemia, precisamente cuando la administración Hernández se tambaleaba por las denuncias de corrupción, el Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Transparencia, decisión que fue calificada por varios sectores, como una estrategia del oficialismo para esconder información y seguir atentando contra la rendición de cuentas.
El director de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, expresó ante la opinión pública que la creación de esta Secretaría no generaba confianza en la sociedad hondureña.
“Quienes han administrado los fondos de la pandemia no tienen buena evaluación y por eso crearon una Secretaría con el objetivo de que esta entidad diga que todo está bien, quieren tapar la corrupción y evitar que haya una verdadera rendición de cuentas”, valoró Fernández.
Odir Fernández siguió recalcando: “acá lo que hay es un desinterés y falta de cumplimiento de la Ley porque no se crean políticas para rendir cuentas, por ejemplo, el Poder Ejecutivo debería sancionar a esas entidades que no cumplen con los procesos de rendición de cuentas”.
Analistas sociales y abogados penalistas examinaron la creación de esta nueva Secretaría y también valoraron que dentro de la misma existen varias irregularidades. Para el caso el abogado Raúl Pineda Alvarado, comentó que la “Secretaría de Transparencia nace con un gran problema”, porque su creación depende de un PCM (Decreto Ejecutivo) que extralimita la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
Por su parte el abogado penalista, Omar Menjivar, considera a la nueva instancia como “una manifestación de concentración de poder” por parte del jefe de Gobierno, Juan Hernández.
El Gobierno de Juan Hernández por ahora es reprobado en materia de transparencia y rendición de cuentas por la percepción de la comunidad internacional, ciudadanía y sociedad civil independiente.
