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Con cinismo presidente de Honduras evade señalamientos de corrupción

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Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. –Para nadie es un secreto que en Honduras la corrupción salpica a políticos, funcionarios y empresarios y que en las últimas tres administraciones gubernamentales este flagelo ha ocasionado millonarias pérdidas al Estado.

La corrupción registrada en la última década tiene nombres y apellidos, los que se empiezan a mencionar a partir de las cabezas de los gabinetes de 2010-2014 y 2014-2018, todos arropados bajo una sola bandera: Partido Nacional.

Pero la corrupción no solo salpica a un partido político, sino a todos los que al llegar al poder se dejan seducir por los encantos de lo ilícito e incluso en la actualidad desde los gobiernos municipales y diputaciones en el Congreso Nacional.

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En esta ocasión el ojo del huracán dirige miradas hacia el actual mandatario Juan Hernández, quien ha sido una pieza clave en la dirección estatal desde el 2010 cuando fue presidente del Congreso Nacional y luego a partir del 2014 a la fecha como titular del Poder Ejecutivo.

En el marco de los cuestionamientos contra Hernández, a mediados de noviembre, un periodista de Canal Seis le reclamó sobre la corrupción que ha salpicado a su Gobierno. Ante ese reclamó Juan Hernández contestó:

FRASE

“Hay un principio de justicia, usted puede decir eso, pero debe decirlo un juez, ese nivel de desinformación, esa lucha polarizante no edifica en nada, los procesos que se abren están siendo acompañadas por los veedores”.

 

 

Corrupción Honduras

La expresión de Hernández es ridícula, ya que ha dejado por sentado que todas las acusaciones de corrupción en su contra son parte de una campaña de desinformación y que solo retoman las críticas que desde su óptica son infundadas por parte de la oposición.

HONDURAS PERDIÓ POR CORRUPCIÓN L. 254 MIL MILLONES ENTRE 2014 Y 2018

El 27 de enero de 2014, Juan Hernández, se sentó en la silla presidencial y en su discurso de toma de posesión recalcó que él se convertiría en un aliado de la transparencia. A seis años de ese acontecimiento los datos y hechos no lo respaldan.

El Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), presentó un informe denominado: “Estimación de la corrupción en Honduras entre el año 2014-2018”, que registra el impacto real del daño que la corrupción generó para el Estado en ese periodo.

Las cifras fueron adquiridas a partir de la sistematización y análisis de casos de corrupción registrados en diversas áreas de la vida social y política de Honduras. En el año 2014, según el Fosdeh, por concepto de corrupción, el país perdió 37 mil 947 millones de lempiras con 79 centavos (L. 37,947.79).

 “La situación del avance de la corrupción prosigue en términos semejantes a los observados en 2014. Para el año 2015 se estimó un monto total de cuarenta y cinco mil treinta y siete punto sesenta y cuatro millones de lempiras (L. 45,037.64) equivalente a un diez punto setenta por ciento (10.70%) del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado”, detalla el documento.

En el 2016 el flagelo creció en comparación a los años anteriores y el Fosdeh estimó un monto de 49 mil 619.76 millones de lempiras perdidos por corrupción.

El 2017 y 2018 la tendencia de aumento se mantuvo, para el caso en el 2017 el dato indica que por corrupción se perdió 56 mil 566.61 millones de lempiras y en 2018 la cifra incrementó a 64 mil millones 866 lempiras.

“Un hallazgo interesante del estudio es que la suma total de las cifras estimadas del impacto de la corrupción en cinco (5) años, ascendió a doscientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y ocho punto cincuenta y siete millones de lempiras (L. 254,058.58), este valor es superior al Presupuesto General de la República vigente para el año 2018 representó doscientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y nueve punto ochenta y nueve millones de lempiras (L. 243,149.89). Esta comparación es alarmante ya que podemos concluir que el monto que se pierde en tan solo cinco (5) años equivale a todo el presupuesto utilizado en un año por el Gobierno de la República”, destacó el Fosdeh.

 

HONDURAS REPROBADA POR CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA

La imagen de Honduras ha retrocedido en materia de transparencia y se ha convertido en una de las naciones más corruptas del mundo ante la comunidad internacional.

Con respecto a la Cuenta Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) Honduras reprobó todos los indicadores relacionados al manejo de la corrupción. En su más reciente calificación Honduras reprobó en los indicadores de control de la corrupción y libertad de información con una nota de 31 %, imperio de la ley con 14 % y efectividad del gobierno con 38 %.

Esta situación impidió una vez más que el Estado hondureño accediera a los fondos de la Cuenta del Milenio, dejando claro que no hubo avance en la lucha contra la corrupción e impunidad.

PONER IMAGEN DE DETALLES DE LA EVALUACIÓN CUENTA DE MILENIO

Las declaraciones de Hernández han sido motivo de reacción de varios sectores, entre ellos los empresarios, para el caso el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero dijo que la corrupción en el Gobierno de Hernández es totalmente real.

“Gobierno aplazado por la Cuenta del Milenio con un 18 % en honradez. De los peores gobiernos del mundo, según evaluaciones de Transparencia Internacional; L. 64 mil millones perdidos en corrupción en 2018, según Fosdeh y CNA”, dijo el empresario en redes sociales.

Transparencia Internacional también remarcó la corrupción en Honduras. En su informe correspondiente al 2019 el organismo definió a Honduras y Guatemala como los países más corruptos de América Latina.

El informe destacó también que “la integridad en el país no siempre se traduce en integridad en el extranjero, y múltiples escándalos en 2019 demostraron que la corrupción transnacional está a menudo facilitada, permitida y perpetuada”.

Y por si fuera poco recientemente el Informe 2020 del índice Global de Impunidad (IGI) ubicó a Honduras como el segundo país a nivel mundial con mayor impunidad y el primer lugar en Latinoamérica.

La corrupción y la impunidad han causado eco a nivel internacional, por ejemplo, la congresista estadounidense Norma Torres, en múltiples ocasiones ha cuestionado la labor de Juan Hernández al frente del país e incluso lo ha acusado de estar vinculado a la corrupción y narcotráfico.

 

LA MACCIH Y SU EXPULSIÓN

Durante la última década, el caso del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por más de 7 mil millones de lempiras fue uno de los más sonados, incluso, dio paso a que, por la presión de la protesta social, llegara al país una instancia internacional para apoyar al Estado en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Información ligada al desfalco del IHSS dan indicios que el desvío de fondos fue para financiar la campaña de Juan Hernández, quien gracias a ese proceso se convirtió en presidente en 2014. De hecho, el propio Hernández admitió en junio de 2015 que su campaña de 2013 había recibido alrededor de 150,000 mil dólares de empresas beneficiadas con el desfalco.

Y como aceptación tácita de ese acto de corrupción el Partido Nacional devolvió el 2 de abril de 2016 a la Tesorería General de la República 3 millones 141 mil 625 lempiras, mediante el cheque de caja no negociable número 24599.

Corrupción Honduras

A raíz del colosal saqueo al IHSS se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), financiada por la comunidad internacional. A pesar de las críticas hacia esta organización al inicio de sus funciones, los resultados de su accionar dejaron en evidencia que la corrupción está carcomiendo al país.

Durante el periodo 2016 a 2017, la MACCIH colaboró activamente como asesor del Ministerio Público (MP) a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el diseño de las estrategias procesales y en la construcción de doce casos, destacando los relacionados a la red de diputados corruptos, el desfalco del IHSS y el asesinato de la líder ambientalista, Berta Cáceres, este último seleccionado por su alto impacto en la sociedad y por su relación con actos de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico al que se opuso Cáceres.

La MACCIH también colaboró con el caso Shalom y Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una entidad independiente a cargo de manejar las finanzas del sistema judicial, nominar y destituir a magistrados de cortes de apelaciones y otras tareas administrativas. El caso implicaba una red de funcionarios del sistema judicial, quienes habrían aceptado sobornos para usar su influencia en distintos casos y nombramientos.

En junio de 2017, debido a las gestiones de la MACCIH, Bonilla fue condenado a seis años de prisión. Es la primera condena en la historia del país por el delito de tráfico de influencias. Este caso fue ejemplar y significó un mensaje para la defensa de la independencia judicial y el combate contra la corrupción dentro del sistema de justicia.

A finales de 2017, la Ufecic presentó los resultados de sus dos primeras investigaciones en conjunto con la Misión, el de la “Red de Diputados” y el de la “Caja Chica de la Dama”, ambos de gran envergadura, en los que se mencionó la participación del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y también de la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Mediante el caso la Red de Diputados, presentado en diciembre de 2017, se acusó a cinco legisladores de distintos partidos políticos de haberse apropiado ilegalmente de 8.3 millones. Este caso fue el que mayor rechazo y animadversión provocó entre la clase política porque el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, reveló en enero de 2018 que la red involucraba a al menos 160 diputados, entre ellos el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.

La MACCIH también trabajó casos como Planeta Verde y Pandora, en este último varios diputados participaron en el saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, teniendo como principal cómplice a la extinta hermana de Juan Hernández, Hilda Hernández. Este caso también involucró a la esposa del gobernante, Ana García y a Jean Francois Marie de Peyrecave Faillos, esposo de Hilda Hernández.

Ante dichas revelaciones la Misión se convirtió en un problema que incomodaba al oficialismo, a tal extremo que Las investigaciones presentadas en materia de corrupción fueron suficientes para que desde el poder se emprendiera una campaña para sacarla de circulación.

Fue en 2019 cuando el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo dieron el tiro de gracia a la MACCIH, dejando sin renovación el convenio y debilitando los casos que presentó la instancia y que todavía faltaban por juzgar.

PACTOS DE IMPUNIDAD DESDE EL CONGRESO NACIONAL

En 2014 se aprobó la Ley de Secretos Oficiales, normativa que regula el acceso a la información pública y que blinda a 16 instituciones para que no rindan cuentas, entre ellas a la Secretaría de Seguridad, específicamente en lo relacionado al uso de la Tasa de Seguridad.

Por otra parte, la MACCIH con ayuda de varios diputados de oposición, introdujo ante la Secretaría del Congreso Nacional, un proyecto de Ley de colaboración eficaz para llegar a las altas esferas de la corrupción. Esta propuesta pretendía facilitar el testimonio de personas involucradas en ilícitos con el objetivo de obtener más información sobre los autores intelectuales de actos emblemáticos.

Hasta la fecha, según confiaron a Criterio.hn diputados del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, la propuesta está engavetada.

Asimismo, entre el 2018 y 2020 se sometió a discusión, aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una modificación que trastoca y genera beneficios para acusados en corrupción.

En la actualidad varias organizaciones de sociedad civil presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código ante la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue admitido y su resolución sigue pendiente.

Gracias al nuevo Código el 90 % de los funcionaros acusados por la MACCIH han sido absueltos de los delitos que se les imputaban, por tal razón desde sectores de sociedad civil como el CNA, Fosdeh y Colegio Médico, le denominan el “Código de la impunidad”.

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COVID-19, EXPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El manejo estatal de la crisis sanitaria producida por la Covid-19 ha desnudado la corrupción que rodea al Gobierno de Hernández, por la sobrevaloración en compras de hospitales móviles por Invest-H, irregularidades a lo interno de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), con respecto a compras y contrataciones para atención en la emergencia y el abandono del sistema sanitario público.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha presentado 12 informes sobre la corrupción del Gobierno en el manejo de la emergencia. Según cálculos de esta organización de la sociedad civil, la corrupción durante la pandemia ha provocado una pérdida al Estado de Honduras de más de L. 817 millones.

De esos 12 informes, el Ministerio Público solo ha presentado un requerimiento fiscal, por lo que el director de Investigaciones del CNA, Odir Fernández, lamenta que la justicia tenga un accionar lento y que sea dependiente del poder político.

Fernández expresó recientemente que en Honduras no hay independencia de poderes, por lo que quienes ostentan el poder, controlan toda la institucionalidad del Estado para protegerse y seguir cometiendo ilícitos bajo el manto de la impunidad.

Un punto clave para las acusaciones del CNA, son los documentos publicados en los portales de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero en respuesta el Gobierno procedió a crear en noviembre pasado una entidad paralela para obstaculizar la rendición de cuentas.

Odir Fernández en declaración a medios de comunicación, argumentó que la creación de una Secretaría de Transparencia es una estrategia del oficialismo para blindarse y evitar que se denuncie la corrupción.

DE LA CORRUPCIÓN AL NARCOTRÁFICO HAY UN SOLO PASO

Juan Hernández no solo ha sido vinculado a la corrupción, también ha recibido acusaciones de ser colaborador del narcotráfico y crimen organizado. El caso que enfrenta su hermano, Tony Hernández, en Estados Unidos es un punto de partida que ha golpeado con fuerza a la administración nacionalista.

Tony Hernández fue declarado culpable en octubre de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos ligados al narcotráfico. Durante su juicio varios narcotraficantes testificaron en su contra y mencionaron en más de 30 ocasiones el nombre de Juan Hernández, a quien habrían financiado su campaña para convertirse en presidente a cambio de protección y colaboración.

La credibilidad de la comunidad internacional en el Gobierno hondureño sigue degradándose por los múltiples actos de corrupción, la legislación para favorecer la impunidad y los nexos con el crimen organizado y narcotráfico.

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