En Honduras hay un excesivo y abusivo uso de la excepción de seguridad nacional

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Honduras se ha convertido en el país de Latinoamérica con mayor abuso de la excepcionalidad de seguridad nacional para el manejo de la información pública.

Lo anterior es una conclusión de Mariana Mas, experta en acceso a la información y seguridad nacional del Open Society Institute, con sede en Nueva York. Mas participó en el foro ciudadano “El derecho de acceso a la información pública y el carácter excepcional de sus limitaciones”, que se desarrolló el martes en Tegucigalpa, bajo la organización del observatorio de Justicia Penal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La experta en acceso a la información y seguridad nacional hizo la reflexión al hacer un análisis comparativo en la región latinoamericana sobre la excepcionalidad de la seguridad nacional, luego de haber analizado la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, más conocida como Ley de Secretos, vigente en Honduras desde el 7 de marzo de 2014.

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Mas analizó además la Ley de Acceso a la Información Pública vigente desde al año 2006.

A juicio de la experta, tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Secretos, tienen una serie de carencias e incumplimiento con los estándares internacionales, en lo referente a lo que regula el acceso a la información pública, específicamente en la información que proviene del sector seguridad.

Apuntó que la Ley de Secretos genera una limitación de las garantías al acceso a la información pública, ya que impacta en otras instituciones que no tienen que ver directamente con la seguridad.

La Ley de Secretos, que se aplica en 16 instituciones del Estado, clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, pudiéndose prorrogar por el mismo periodo de tiempo.

“Todo estos son elementos de alerta sobre los impactos que deben darse en el acceso a la información pública y generan las condiciones para que haya un abuso en la reserva de la información”, dijo Mas.

A raíz de la aplicación de la normativa, los jueces hondureños no pueden tener acceso a información que se encuentra en el catálogo de la secretividad, sino cuentan con la autorización del presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), es decir del presidente de la República. Esto de acuerdo a la experta internacional, no es más que la concentración del poder en manos del titular del Poder Ejecutivo.

La práctica que aplica en Honduras viola además el debido proceso, porque de acuerdo a la Constitución hondureña y a los estándares internacionales más básicos, tanto universales como interamericanos, un juez siempre debe garantizar un debido proceso, remarcó.

“Esto lo que está generando es el Poder Ejecutivo interviniendo sobre el mandato del Poder Judicial y esto es algo sumamente preocupante, ya que un juez, como un fiscal, debería tener acceso a los documentos requeridos”, señaló la visitante.

La MACCIH ha propuesto reformas a la Ley de Secretos, sin embargo estas no han sido consideradas por el Congreso Nacional, donde se celebran de manera recurrente pactos de impunidad que blindan la información que podría llevar al desmantelamiento de redes de corrupción.

Al respecto Mariana Mas dijo que si no hay los estándares básicos de acceso a la información pública, no pueden existir elementos de prevención de la corrupción.

Por su parte, el presidente del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, consideró ineludible que se armonice la legislación que conlleve al acceso a la información pública, para conocer mejor la gestión pública y el manejo de los recursos financieros.

Tábora apuntó que al sistematizar la información se ha descubierto que existen otras restricciones más graves a la Ley de Secretos como la Ley de Inteligencia que anula totalmente el derecho al acceso a la información pública.

Asimismo, la información relacionada a las exoneraciones fiscales, contemplada en el Acuerdo número 842-2018  de la Secretaría de Finanzas que declara en secreto dicha información y el Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, que  establece secretividad en las licencias y otros trámites ambientales.