Un puñado de proveedores de alimentos absorben 12.6 % de todo el dinero gastado para enfrentar la pandemia en Honduras
II ENTREGA/Honduras Solidaria: el asistencialismo de la pandemia
Por: Ariel Torres
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Fernando Destephen
Teguciglapa.-Con la Operación Honduras Solidaria (HS), casi un millón de hogares afectados por las medidas de confinamiento recibieron un par de bolsas con alimentos y productos de higiene. Para las familias fue un alivio efímero, pero para los proveedores fue un negocio redondo que acrecentó sus capitales.
Más allá que la población pobre tiene derecho a recibir ayuda de emergencia durante la pandemia, el asistencialismo (o clientelismo, desde una perspectiva electoral) de la Operación HS resultó en un negocio multimillonario para un puñado de grupos empresariales, dejando en evidencia quiénes son los principales poderes en el sector comercial y cómo se relacionan con el Estado.
El negocio fue lucrativo para las empresas, que, desde marzo hasta noviembre, por cada cien lempiras gastados para enfrentar la pandemia en Honduras, doce lempiras ingresaron a las arcas de estas compañías proveedoras de alimentos y productos de higiene, ratificando aquella expresión que los tiempos de crisis son buenos para los grandes negocios.
En esta segunda entrega de la serie Honduras Solidaria: el asistencialismo de la pandemia, Criterio.hn te detallará cómo un puñado de proveedores de alimentos absorbieron el 12.6 % de todo el dinero gastado para enfrentar la pandemia en Honduras.
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Calificada como «gigantesca» por el presidente Juan Hernández, la Operación HS fue aprobada el 21 de marzo de 2020 y finalizó en septiembre. El programa absorbió 22.8 % del total (hasta noviembre) de los fondos públicos destinados para enfrentar la pandemia en Honduras, gastando 1.3 mil millones de lempiras.
Según el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), al 11 de septiembre, la operación distribuyó 1.7 millones de «bolsas solidarias» en 958 mil viviendas a nivel de todo el país, es decir, cada familia beneficiada recibió en promedio unas dos entregas, que en teoría se consumirían en el lapso de un mes, lo que no ocurrió así en muchos hogares.
El programa gubernamental se dividió en dos modelos, el centralizado, que abarcó los municipios de Choluteca, La Ceiba, el Distrito Central, Choloma, Villanueva y San Pedro Sula; y el descentralizado, que cubrió los 292 municipios restantes del país.
Para el modelo centralizado, las compras las realizó la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO). En el modelo descentralizado, cada alcaldía municipal recibió dos transferencias para comprar directamente los productos con los proveedores locales
En todo caso, el PCM 025-2020, con el cual se creó la Operación HS, instruyó a la SDE definir el contenido de las entregas. Este ministerio, dirigido por María Antonia Rivera -hermana del diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas- determinó que las raciones incluyeran cuatro libras de arroz, una unidad de avena, dos libras de azúcar, una libra de café molido, dos libras de frijoles, tres libras de harina de maíz, una libra de harina de trigo, tres unidades de manteca, tres unidades de espaguetis, diez cubitos de pollo, dos unidades de sardinas, una unidad de pasta de tomate, una unidad de sal, dos unidades de sopa de pollo, un gel antibacterial, un jabón para lavar ropa y uno para lavar platos. Cada bolsa solidaria significaría una inversión pública aproximada de 500 lempiras.
Amparados en la emergencia sanitaria, las entidades iniciaron la gestión de compras de forma directa, antes que el PCM 025-2020 se publicara el 28 de marzo en el diario oficial La Gaceta.
EL AMPARO LEGAL
El 10 de febrero, tras un brote de dengue y a un mes previo de confirmarse los primeros casos por coronavirus en el país, el presidente Juan Hernández emitió el decreto PCM 005-2020, con el que se determinó el «estado de emergencia sanitaria».
Posteriormente, el 21 de marzo se aprobó el decreto PCM 023-2020, que elevó la emergencia sanitaria a un estado humanitario, ordenando a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) disponer de los recursos presupuestarios para hacerle frente a la pandemia.
Ante la magnitud del desafío sanitario, los cálculos monetarios acompañaron rápidamente las previsiones de contagio. Se necesitaba más dinero del oficialmente disponible, así que a inicios de abril el Congreso Nacional de Honduras autorizó al Poder Ejecutivo para que, a través de la SEFIN, adquiriera una deuda de 2,500 millones de dólares con la banca internacional para implementar medidas relativas a la emergencia inmediata del coronavirus (Covid-19).
Al aprobar el régimen de excepción y los recursos disponibles, el Estado se permitió realizar compras directas, amparándose en los Artículos 9 y 63 de la Ley de Contratación del Estado y en el inciso 170 de su reglamento. Bajo estos permisos se creó la Operación HS.
Antes de publicar el 28 de marzo el «Manual de criterios de evaluación y selección de proveedores para la Operación Honduras Solidaria», el Estado gastó 24 millones de lempiras, beneficiando a las primeras 19 empresas privadas, las que fueron seleccionadas por formar parte del catálogo de proveedores de BANASUPRO. Cabe señalar que formar parte de ese catálogo no necesariamente implica que los inscritos ofrezcan los mejores precios o calidad.
Después de las primeras compras, el 28 de marzo, la SDE y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) iniciaron formalmente la primera fase de la operación, invitando a 38 empresas a presentar sus ofertas económicas y técnicas.
La Comisión de Evaluación y Adjudicación de las propuestas fue integrada por el viceministro de la SDE y antiguo gerente de ventas de la Nestlé S.A, Aldo Villafranca, y por la abogada Sarina Murillo. Esta comisión seleccionó las ofertas supuestamente por criterios de precio, calidad, forma de entrega, disponibilidad y tipo de presentación del producto. Debido a los grandes volúmenes requeridos, aprobaron la posibilidad de adjudicar a más de una empresa para un mismo producto.
Según el último informe de contrataciones de BANASUPRO, al 20 de noviembre de 2020 se efectuaron 989 órdenes de compras para el modelo centralizado, sumando un total de 757.5 millones de lempiras. Con este monto, supuestamente se pudo distribuir las 945 mil bolsas solidarias en los seis municipios, a un valor promedio de 800 lempiras por ración (300 lempiras más que en el modelo descentralizado).
Durante la última semana de marzo, el Estado gastó 377.2 millones de lempiras; en abril efectuó compras por 203.3 millones; en mayo emitió adquisiciones por 34.2 millones, elevándose a 99.1 millones en junio, hasta realizar las últimas compras por 43.6 millones en julio.
Con estas compras se contrató directamente a 38 empresas privadas, una pública y a una cooperativa, las que forman parte de la lista de proveedores de BANASUPRO. En total, comprando alimentos a las empresas privadas, el Estado destinó 757.5 millones de lempiras, un monto equivalente al 86 % del presupuesto anual del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), o al 40 % de los fondos de la SAG.
LOS PROVEEDORES SOCIALES
De acuerdo al informe de contrataciones de BANASUPRO, la compra de frijoles fue el gasto más alto con 67.9 millones de lempiras, absorbiendo 9 % de todas las adjudicaciones. Esta compra fue la única que benefició a una entidad pública comercializadora, siendo el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) el proveedor de este grano básico.
El IHMA tiene como como objetivo asegurar la reserva estratégica de granos básicos del Estado, estabilizar los precios en el mercado nacional, y contribuir al pequeño y mediano productor, comprándole los granos a precios competitivos; así que su selección se mostraba como adecuada.
El segundo mayor beneficiado fue la cooperativa agroindustrial Palmas Aceiteras de Honduras (HONDUPALMA), con una venta de 66.8 millones de lempiras. Esta entidad fue el vendedor mayoritario de manteca y de jabón para lavar ropa, siendo el único proveedor con carácter social seleccionado por la Operación HS.
Ubicada en el sector de Guaymas, en el departamento de Yoro, HONDUPALMA es la principal agrupación campesina sobreviviente de la Ley de Reforma Agraria (reformista) aprobada en 1974 y sustituida por la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, una medida del modelo neoliberal, aprobada en 1992 durante el gobierno nacionalista del extinto expresidente, Rafael Leonado Callejas (1990-1992). Fundada en 1982, esta cooperativa se posicionó como una de las principales compañías exportadoras de los derivados de la palma africana. Constituida por 28 empresas campesinas, HONDUPALMA produce productos refinados como la manteca y aceite Clavel, Del Portal, Jabón Jansur y alimentos para ganado. La agrupación cuenta con unas 24 mil manzanas en producción y con una capacidad para refinar 200 toneladas diarias de manteca.
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LOS PROVEEDORES PRIVADOS
En la otra cancha, la privada, la Corporación Dinant S.A. de C.V. fue la que firmó mayores ventas a la Operación HS. En total, ingresó 60.6 millones de lempiras, absorbiendo 8 % de todas las compras. Para dimensionar esta transacción, por sus ventas de jabones, manteca y pasta de tomate, uno de cada cien lempiras destinados para enfrentar la pandemia (de marzo a noviembre) paró en la caja registradora de esta empresa.
De acuerdo con diversas investigaciones de organizaciones civiles, la Corporación (empresas) Dinant, fundada en 1960 por Migue Facussé Barjum (1924-2015), siempre ha tenido una estrecha y provechosa relación con el Estado, independientemente del gobierno en turno, como ocurrió cuando obtuvo el apoyo de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), creada en 1974 como parte de la estrategia oficial para consolidar el nuevo Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).
La buena relación de Facussé Barjum con los gobiernos militares de facto de aquel entonces le facilitó, por ejemplo, conseguir el aval solidario del Estado a través de la CONADI para contratar créditos con bancos internacionales, entre ellos el Bank of América (2.5 millones de lempiras) y con el Lloyds Bank International (11.2 millones), para hacer un capital de 13.7 millones, equivalente en ese tiempo a unos siete millones de dólares.
Con ese monto expandió sus operaciones productivas y comerciales, siendo reconvertida a «Químicas Dinant de Centro América S.A.». También fundó la empresa Comercial e Inversiones Galaxia S.A. de C.V., ambas con garantías hipotecarias de la deuda con CONADI.
En menos de una década, CONADI estaba en quiebra. En ese período avaló 68 empresas que acumulaban deudas multimillonarias y para solucionarles el problema se puso en marcha un ingenioso e irregular mecanismo: el Estado limpiaría las deudas de las empresas con la banca extranjera a cambio de convertirse en dueño mayoritario de sus activos y títulos. Esta operación «limpieza» se concretó a mediados de la década de los ochenta, cuando Químicas Dinant, al igual que el resto de las empresas involucradas, quedó sin deuda externa.
Pero el mecanismo no concluía en ese punto, sino que su objetivo final era devolver el control total de las empresas a sus dueños de origen. Así que el Estado procedió a subastar las empresas para «recuperar» lo perdido, Diversas comisiones investigadoras de aquella operación coincidieron en que la subasta no tenía ninguna posibilidad real de éxito, por lo que los «bienes» del Estado terminaron siendo rematados a precios bajos (subvaluados) y retornaron en condiciones sumamente favorables a manos privadas. El plan, cuyo diseñó se atribuyó a Facussé Barjum, se completó a la perfección: El Estado asumió la deuda de las empresas, les eliminó el problema y luego se las devolvió a un costo prácticamente simbólico. Un negocio redondo para los poderes comerciales.
Miguel Facussé Barjum siempre fue un empresario dominante del país, con mucha presencia mediática y constante influencia en la formulación de las políticas públicas del ámbito económico. Un estudio de 2006 de la Fundación Friedrich Ebert lo nombró como uno de los tres “hombres más poderosos de Honduras”. En la década de los ochenta sus empresas representaban 8.2 % del capital financiero de Honduras.
Facussé Barjum fue el principal asesor económico del presidente Roberto Suazo Córdova durante su mandato de 1982 a 1986 y vicepresidente de APROH, una agrupación corporativa de extrema derecha, fundada a inicios de los años ochenta por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez (1937-1989), integrada por empresarios y miembros de las fuerzas armadas para combatir el comunismo en Honduras y en la región centroamericana.
Facussé Barjum tuvo nueve hijos. Su sobrino, Carlos Roberto Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a 2002. Su yerno, Fredy Nasser, es un empresario muy conocido en el país y su también yerno, Lenir Pérez, es el actual concesionario del aeropuerto de Palmerola e inversionista de la industria extractiva a través de Inversiones Los Pinares, dueña de un conflictivo proyecto minero en la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón. En mayo de 2009, Facussé Barjum recibió la Orden Mérito a la Democracia en el Grado de Gran Caballero por el Senado de Colombia, cuando ese país tenía como presidente a Álvaro Uribe,
Beneficiado por el desmantelamiento de la reforma agraria, el Grupo Dinant ha estado envuelto en diversos conflictos de tierra. En 2010 organizaciones de derechos humanos le vincularon con la masacre de «El Tumbador», donde cinco campesinos fueron asesinados por guardias privados en una de sus propiedades. Por este caso, el banco alemán KFW suspendió un crédito de 20 millones de dólares previamente otorgado a la empresa.
Un cable diplomático de Estados Unidos, divulgado por WikiLeaks, también mencionó una posible conexión suya con el narcotráfico. Sin embargo, la empresa Dinant adujo que sus propiedades fueron víctimas de narcotraficantes, quienes «utilizaron los terrenos sin su consentimiento».
Miguel Facussé Barjum murió en 2015. Un año antes, la Revista Forbes le había colocado como el onceavo empresario más rico de Centroamérica. Su fortuna había crecido considerablemente desde el 2000, con la venta de activos a la empresa multinacional británica-neerlandesa Unilever, por un valor de 8 mil millones de lempiras (323 millones de dólares).
Desde su fallecimiento, la corporación es dirigida por su hijo, Miguel Mauricio Facussé. Esta empresa sigue siendo el rostro más visible del Grupo Facussé, un consorcio asociado a otros núcleos y familias, con presencia en prácticamente todos los sectores financieros de Honduras, operando también en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, la principal suministradora de información comercial de empresas en todo el mundo, el consorcio Dinant Holding Corporation S.A., con registro en Panamá, ingresa unos 8,175 millones de lempiras anuales.
Es interesante consignar que en octubre del 2020 la Corporación Dinant informó haber ayudado a 100 mil familias de 71 comunidades, proporcionando de forma gratuita 200 mil libras de alimentos, 40 mil litros de desinfectante y 40 mil unidades de jabón de lavandería.
En la próxima entrega de la serie Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialista, te continuaremos detallando sobre las otras empresas y los empresarios ligados a los grupos de poder que fueron beneficiados con millonarias compras por el gobierno para dotar de alimentos a los hondureños en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
