Tegucigalpa. – Defensoras y defensores en el campamento de Wageira Le en Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, denunciaron atentados mediante dos incendios provocados el pasado 15 y 26 de mayo de 2024.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras se señaló que estos incendios son un acto de hostigamiento e intimidación en contra de la comunidad por la recuperación del territorio ancestral del pueblo Garífuna en Punta Gorda.
Indicando, además que previo a ambos incidentes, integrantes de la comunidad captaron a dos hombres, posteriormente identificados como miembros de la familia Norman, quienes se adjudican la propiedad del predio en Punta Gorda.
María José Benavides, integrante de la Red Nacional de Defensoras indicó a Criterio.hn que existen elementos diferenciadores entre las agresiones contra las comunidades indígenas y las realizadas contra particulares o cotidianas, como el uso del fuego, lo que ellas consideran tiene un carácter racista.
Ejemplificó este extremo con la quema de las casas de salud ancestral en comunidades Garífunas, como la ocurrida en San Juan, Tela, Atlántida, el 18 de abril de 2023, entre otros incidentes que involucran fuego.
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Benavides compartió que analizan estos ataques de forma integral y no aislada, puesto que estos actos de violencia son sistemáticos y los patrones se repiten en las diferentes comunidades Garífunas.
Señaló que, la pretensión de influir en las elecciones de las autoridades de los patronatos de comunidades como El Triunfo de la Cruz, tiene por objetivo que no existan enlaces con las autoridades para avanzar en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
PUNTA GORDA, PRIMERA COMUNIDAD GARÍFUNA EN HONDURAS
Punta Gorda es la primera comunidad Garífuna en territorio hondureño y fue fundada el 12 de abril de 1797, antecediendo a la firma del acta de independencia en 1821. Pese a esto, sus derechos ancestrales sobre el territorio han sido irrespetados y violentados.
Estas acciones están ligadas al violento desalojo del 9 de noviembre de 2022, tras el que fueron criminalizadas seis garífunas, entre ellas la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) en Punta Gorda, Melissa Martínez.
Tras el incidente, Martínez junto a otros cinco compañeros fueron acusados por usurpación agravada, y finalmente recibieron cartas de libertad definitiva el 25 de noviembre de ese mismo año. El juez que conoció el proceso indicó que se deben respetar las tierras ancestrales y que el Estado de Honduras tiene una responsabilidad de evitar estos conflictos con terceros.
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María José Benavides señaló que, después del desalojo y el proceso judicial, las y los defensores denunciaron acoso y gestos despectivos por parte de autoridades, entre estos empleados judiciales, cuando se los encontraban en las calles.
A la vez, indicó, que a inicio de año se registraron disparos en el campamento, incluso la llegada de policías, quienes, si bien no entran al predio, se mantienen en las orillas y los portones, en una especie de acto de intimidación.
A mediados de febrero de 2024, defensoras y defensores de la Ofraneh denunciaron la existencia de una orden de desalojo contra las personas del campamento de Wageira Le en Punta Gorda.
