Tegucigalpa.- Defensoras y defensores de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunciaron la existencia de una orden de desalojo al campamento “Wageira Le”, en Punta Gorda, Islas de la Bahía.
Las organizaciones defensoras fueron informadas de una orden de desalojo programada para el martes 20 de febrero de 2024 a las 7:00 de la mañana con el número de expediente judicial del caso de Wageira Le, en la que se solicita “proporcionar elementos de la Policía Nacional Preventiva” para efectuar el desalojo.
Punta Gorda es la primera comunidad garífuna en el país, en la cual se sostienen ejercicios de recuperación de tierras ancestrales como parte de su proyecto emancipatorio desde hace más de 200 años, por el reconocimiento a sus derechos como pueblo indígena.
Recordaron que, durante el desalojo del 8 de noviembre de 2022, se puso en peligro la vida de la comunidad y sus familias por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional y el proceso de criminalización y estigmatización que el Poder Judicial propició contra los mismos.
La comunidad de Punta Gorda, primer asentamiento Garífuna en el Caribe hondureño, fue el epicentro de un violento desalojo que incluyó golpes, incendios, y la detención arbitraria de seis de sus habitantes.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) calificó el desalojo del territorio ancestral de Punta Gorda como “ilegal, violenta, cobarde y racista”. La comunidad fue fundada por Garífunas el 12 de abril de 1797, antes de la firma del acta de independencia de Centroamérica en 1821.
En esa ocasión la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó las agresiones y detención de los seis integrantes de la comunidad Garífuna de Punta Gorda, realizado durante un desalojo ejecutado “en contravención a obligaciones de DDHH”.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció la sistemática persecución contra defensoras y defensores del pueblo garífuna en Wageira, Punta Gorda quienes ejercen su legítimo derecho a la tierra y el territorio.
Las defensoras condenaron la orden de desalojo emitida por Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía contra la comunidad, además, la solicitud de este para que la Policía Nacional Preventiva brinde auxilio mediante la fuerza pública al Juez ejecutor.
Finalmente hicieron un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales y a los movimientos sociales a sumarse a la denuncia pública frente a esta nueva amenaza que mantiene en zozobra al pueblo garífuna en Wageira, Punta Gorda.
