Según analistas consultados por Criterio.hn, la falta de recursos técnicos y financieros, así como las actuaciones cuestionables de jueces y magistrados, son algunos de los factores que dificultan el éxito de la Uferco en sus causas
Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 1 de febrero, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez natural asignado al caso Pandora II, Walter Miranda, emitió un sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y el exdirector de Presupuestos de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona.
A pesar de que estas tres personas fueron acusadas por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude el 11 de octubre de 2023, en relación con el caso Pandora II, el juez fundamentó su fallo en «la falta de acreditación con el mínimo de indicio racional de la prueba de participación en los hechos señalados en el requerimiento fiscal».
Esta resolución judicial generó opiniones en sectores que contradicen el trabajo de la Uferco, ya sea porque se oponen a la lucha contra la corrupción y la impunidad o porque han sido procesados judicialmente por la Uferco.
En una entrevista concedida a un medio televisivo el pasado 9 de febrero, el abogado Juan Carlos Barrientos catalogó a la Uferco de hacer «alharaca mediática» y «perder casi todos los juicios».
«La fiscalía Uferco, que maneja Luis Javier Santos, evidentemente, y el pueblo lo sabe, esa fiscalía, Uferco, que es la que más promocionan, más alharaca mediática hace, casi todos los juicios los pierde. El único juicio en el que habían obtenido un éxito fue el de la exprimera dama Rosa Elena Bonillo. En los otros casos de corrupción que han manejado no han pegado una», ironizó Barrientos.
Es conocida la cercanía de Juan Carlos Barrientos con el exdiputado del Partido Liberal, Elvin Santos, de quien es uno de sus abogados personales y notario. Además, fue candidato a ser su diputado suplente previo a las elecciones generales de 2017, aunque al final fue desestimado por el entonces Tribunal Supremo Electoral, y en su lugar quedó su esposa, Claudia García.
El medio digital Revistazo.com, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), perfiló a Juan Carlos Barrientos en 2018 como «el abogado y notario de los Santos». Allí se reseñó cómo bajo el padrinazgo de Elvin Santos, Barrientos pretendió ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2009-2016 y fiscal general de la República para el período 2018-2023, aunque no lo logró.
El 13 de junio de 2018, Elvin Santos fue incluido, junto a otras 37 personas, en los requerimientos fiscales presentados en el marco del caso Pandora I, presentado por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
A Santos se le acusó de utilizar el dinero para pagar un préstamo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por más de 99 millones de lempiras.
A pesar de lo anterior, Santos, quien fue imputado por encubrimiento, se vio favorecido por una corte de apelaciones que decretó sobreseimiento definitivo a favor de él y 21 implicados porque, según la sentencia, la UFECIC imputó cargos erróneamente.
¿QUIÉN DECIDE LOS DESTINOS DE LA UFERCO?
Creada el 23 de enero de 2020 como sucesión al trabajo realizado por la UFECIC y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) se enfoca en investigar y enjuiciar a los responsables de delitos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción.
Según datos del Ministerio Público, a los que accedió Criterio.hn, entre enero de 2020 y febrero de 2024, la Uferco ha presentado 20 requerimientos fiscales, que implican a 198 imputados, y tres antejuicios, que incluyen a tres antejuiciados.
Cuando la Uferco se creó, se redujo el personal técnico especializado, se redujeron los procesos de certificación de sus fiscales e investigadores, se sometió a la voluntad del director general de la Fiscalía, y se redujeron beneficios a los fiscales.
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A consideración del investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, los obstáculos o fracasos que ha tenido la Uferco pasan por una decisión política de quienes han dirigido el Ministerio Público.
«Una de las principales acciones que tomó el exfiscal Óscar Chinchilla fue quitarle presupuesto, medidas de seguridad y personal a la Uferco. Ha habido una decisión política de las altas autoridades del Ministerio Público, de debilitar y desmantelar la Uferco. Chinchilla, como fiscal general, debilitó a la Uferco y le quitó herramientas utilizadas por la UFECIC», dijo Mejía Rivera a Criterio.hn.
Por su lado, el exdirector de Seguridad y Justicia de la ASJ, Kenneth Madrid, aseguró en conversación con este medio digital que los fracasos de la Uferco no pasan por una incapacidad de sus fiscales o porque las personas investigadas no hayan cometido delitos, sino por falta de recursos técnicos para sostener los requerimientos fiscales.
«Hay una carencia en materia investigativa en la Uferco y en todo el Ministerio Público. Probar adecuadamente un tipo penal tiene que ver con temas técnicos como la teoría del delito y la teoría del caso. Para obtener buenos requerimientos fiscales, la Uferco necesita presupuesto, cantidad de fiscales adecuada y recursos técnicos. La justicia es un tema caro; las pericias y la investigación son costosas», declaró Madrid a Criterio.hn.
El analista jurídico y especialista en derecho penal agregó que, «mientras no exista inversión para potenciar a la Uferco, fortalecer pericias financieras y pericias que conllevan delitos de corrupción, será difícil que se procesen casos en términos de corrupción al más alto nivel y redes de corrupción».
Dentro de su análisis, Madrid también señaló que la mayoría de los casos presentados por la Uferco han sido conocidos por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ejemplificó casos como Pandora I, Pandora II, Arca Abierta, Red de Diputados y Corrupción en el Congreso, entre otros.
«En Honduras se necesita una reforma sustancial al Código Procesal Penal, y es que los altos funcionarios no sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Ese procedimiento debe derogarse. Los altos funcionarios del Estado deben ser procesados por la jurisdicción común, porque ese proceso también genera que la política se mezcle con el tema judicial, generándose impunidad», cerró Madrid.
Cada siete años, el Congreso Nacional elige a los 15 magistrados de la CSJ, un proceso que, según analistas consultados por Criterio.hn, alienta la partidización y la repartición de cuotas de poder entre las principales fuerzas políticas, lo que, en la práctica, genera falta de imparcialidad en las resoluciones que asumen los jueces y magistrados al juzgar, en algunos casos, a las personas que las eligieron para ocupar dichas magistraturas.
DISCURSOS, NADA MÁS
En diversas ocasiones, el fiscal Luis Javier Santos ha denunciado la falta de personal técnico y recursos financieros, y también ha manifestado que los políticos instrumentalizan a la Uferco.
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El 27 de mayo de 2022, el Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo 67-2022, que otorgó un estatus especial a la Uferco para ejercer la acción penal sin la autorización del fiscal general.
A pesar de lo anterior, esa unidad fiscal especializada continúa con las manos atadas.
En una entrevista concedida a Criterio.hn el 2 de septiembre de 2022, el fiscal Luis Javier Santos declaró necesaria una voluntad de todos los operadores de justicia y de la clase política, en una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad.
«De lo contrario», dijo en aquel momento, «será difícil que existan resultados, porque podrán venir dos o tres CICIH, pero si vemos que hay jueces a quienes se les presentan las pruebas y no inician un juicio oral y público, continuaremos viendo justicia selectiva en Honduras».
Contextualizando, Santos emitió esas declaraciones luego de que la entonces magistrada de la CSJ y jueza asignada al caso Corrupción en el Congreso, Reina Hércules, emitiera sobreseimientos definitivos y provisiones contra cinco diputados y exdiputados del Partido Nacional, incluidos Alberto Chedrani y Oswaldo Ramos Soto, quienes habían sido acusados por un presunto fraude de 18 millones 950 mil lempiras relacionados con los Fondos Departamentales.
«Se habla de que la Uferco tiene superpoderes, pero en la práctica continúan sin las facultades para investigar. Habrá que consultarnos, entonces, si la lucha contra la corrupción no es más que un discurso político», sentenció Luis Javier Santos durante esa entrevista.
El 3 de noviembre de 2023, el fiscal general adjunto interino, Mario Morazán, aseguró que una de las prioridades de la entrante gestión del Ministerio Público sería fortalecer a la Uferco.
«La intención es fortalecer la Uferco y conversar con la Comisión de Presupuesto para crear partidas presupuestarias específicas que fortalezcan la unidad financiera de la Uferco», declaró Morazán en una conferencia de prensa.
Ahora, sin embargo, se habla de la posibilidad de fusionar a la Uferco, a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), según dejó entrever el fiscal general interino, Johel Zelaya, el 8 de febrero.
«Si surgen cambios en Uferco, Unaf (Unidad Nacional de Apoyo Fiscal), Fetccop, los llevaremos a cabo con responsabilidad y para generar certidumbre, con el objetivo de mejorar la persecución penal e ir tras la corrupción», declaró el fiscal Zelaya a un medio de comunicación televisivo.
A consideración de Joaquín Mejía Rivera, las reestructuraciones en el Ministerio Público son necesarias, siempre y cuando no contengan un trasfondo destinado a disminuir la lucha contra la corrupción.
