De acuerdo al organismo internacional de defensa de derechos humanos, el gobierno ha fallado en fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país
Tegucigalpa, Honduras. – el Informe Anual 2024: Nuestro análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo, de Human Rights Watch publicado recientemente, destaca que, en Honduras, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país.
“Lo que hemos visto en casi dos años de gobierno es que esas promesas, en gran medida, no se han hecho realidad, o sea, hay un retraso en el cumplimiento de esas promesas de campaña”, dijo a Criterio.hn, Cesar Muñoz, director asociado para las Américas de Human Rights Watch.
La entidad internacional hace un recuento de las violaciones a derechos humanos de varios países. De acuerdo con, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, el 2023 “no fue un buen año para los derechos humanos en América Latina”.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), José Javier Acevedo, consideró que dicho análisis “parece relativamente sesgado”.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, al revisar la institucionalidad “No ha sido disminuida por parte de este gobierno”, debido a la existencia de la Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, La Comisión Nacional de Prevención de Violencia, entre otros.
Sin embargo, en entrevista con Criterio.hn, reconoció que “quizá lo que no ha tenido (el gobierno) y lo que ha adolecido son de algunos resultados, particularmente alrededor de la prevención o investigación de la muerte violenta de mujeres”.
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ASUNCIÓN AL PODER EN MOMENTO CRÍTICO
Human Rights Watch, destaca en su informe que “Honduras sufre problemas estructurales desde hace años, incluyendo corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente”.
La llegada a la silla presidencial de Xiomara Castro, significó un cambio en todos los aspectos, principalmente en materia de derechos humanos, por las múltiples violaciones que se incrementaron después del golpe de Estado en junio de 2009 y agudizadas en el periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández –extraditado a Estados Unidos por narcotráfico—, sin embargo, hasta la fecha hay mucho trabajo por hacer.
“Efectivamente el gobierno actual asumió en un momento muy grave por problemas crónicos de derechos humanos antiguos de país, pero también una situación con un gobierno anterior donde se había paralizado totalmente la lucha con la corrupción”, expresó Cesar Muñoz.
De acuerdo con analistas, el gobierno tuvo ciertos avances en el reconocimiento de derechos, como la liberación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), entre otros, mismos que se ven opacados por las decisiones –principalmente en materia de seguridad— y que representan un retroceso como la instauración de un estado de excepción desde diciembre de 2022 que conllevó a la militarización de la seguridad publica y la remilitarización del sistema penitenciario.
De igual manera, Human Rights Watch, hace referencia a la elección de magistrados para conformar la Corte Suprema de justicia. “Aunque los congresistas mantuvieron la práctica de repartir las vacantes proporcionalmente entre los partidos políticos, esta vez seleccionaron de una lista preparada por una junta nominadora en base al mérito, lo que supuso un avance en comparación con procesos anteriores”, señaló el organismo internacional de defensa de derechos humanos.
Sobre la polémica elección de fiscales para encabezar el Ministerio Público, destacó la urgencia de nombrar nuevos fiscales debido a la elección de Oscar Chinchilla como fiscal general en 2018, que significó, una violación constitucional ya que no se encontraba en la lista de la Junta Proponente.
Para noviembre, la Comisión Permanente –instalada por la finalización del periodo de sesiones ordinarias— nombró de manera interina a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal interino.
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DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN RIESGO
Honduras ocupa el quinto lugar a nivel mundial con mayor número de personas defensoras de derechos humanos, asesinadas durante el 2022, de acuerdo con el último Análisis Global de Front Line Defenders.
Además, en 2023, el país centroamericano reportó al menos 17 asesinatos contra personas ligadas a la defensa del medio ambiente y el territorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente, indica que los actos de violencia observados en contra de quienes defienden el medio ambiente van desde discursos estigmatizantes, hostigamiento, criminalización y amenazas hasta atentados contra la vida e integridad personal, asesinatos y desapariciones forzadas.
Debido al incremento de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, Human Rights Watch, señala que el Mecanismo de Protección para Periodistas, Defensores de derechos humanos y Abogados “tiene graves falencias”.
En ese sentido, indicó que, el mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan.
Antes este panorama de retraso en las promesas de la presidenta Xiomara Castro, Cesar Muñoz, refirió “se le está acabando el tiempo al gobierno, realmente se necesita agilizar esos procesos”.
