Por: Ariel Torres
Portada: Guillermo Burgos
Fotos: Jorge Burgos
Tegucigalpa. –La llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro cambió la estrategia política de las organizaciones de mujeres hondureñas, quienes, por primera vez en su historia han tomado el riesgo de apoyar un gobierno. Para muchas feministas, la mandataria es una de ellas. Sus expectativas son altas, ¿serán correspondidas?
Actualmente, Castro es la única mujer al frente de una nación latinoamericana, la primera en la historia de Honduras. «Estamos rompiendo cadenas y tradiciones», dijo en la toma de posesión, tras ser electa también como la presidenta más votada en la corta historia democrática del país.
La figura de esta mandataria, que se define socialista, genera esperanzas en las feministas, quienes lograron que Castro fuese la primera candidata presidencial de un partido mayoritario en comprometerse formalmente con sus demandas. Lo habitual era que los aspirantes las invisibilizaran o atacaran.
Las organizaciones destacan el simbolismo que implica tener una presidenta al frente de un país donde ser mujer es un riesgo. «Nos permite pensar que tiene mayor sensibilidad hacia nuestras problemáticas», comenta Eva Sánchez, coordinadora de Las Hormigas, una organización feminista e indígena ubicada en el occidente de Honduras.
La misma presidenta Xiomara Castro reitera frecuentemente su condición de mujer, para el caso, en las redes sociales, antes que mandataria, se describe como una «madre, abuela y esposa» (precedido por el emoticón de un corazón).
Para Neesa Medina, una joven integrante de varios colectivos feministas, el triunfo electoral de Castro también simboliza el retorno a la democracia en Honduras, luego de los cuestionados mandatos nacionalistas, «es valioso que este regreso lo lidere una mujer», comenta, mientras define a la presidente como una feminista.
El retorno al poder de los Zelaya Castro interrumpe tres gobiernos abiertamente conservadores frente a las demandas feministas, doce años del Partido Nacional donde se reportó el asesinato de 5428 mujeres, incluida la tasa más alta de muertes de mujeres a nivel mundial en 2013.
Tras respaldar su candidatura, las organizaciones de mujeres exigen que el gobierno de Castro las incluya en la toma de decisiones. En esa línea, la conformación de un gabinete no paritario y con personas -en su mayoría- distantes al debate feminista, genera algunos cuestionamientos.
«No será fácil para la presidenta, porque hay un montón de hombres a su lado que no tienen un pensamiento afín a los derechos de las mujeres. Del primero que tendrá que abrirse paso será de su propio esposo», advierte Sánchez, quien, a diferencia de Medina, no considera a Xiomara Castro como una feminista, sino como una mujer que comparte muchas de las luchas del movimiento.
UN DESCUIDO ESTRUCTURAL
Unos meses después del golpe de Estado de 2009, el gobierno de facto de Roberto Micheletti prohibió el uso, venta y la comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Esa decisión, respaldada por las iglesias, marcó el punto de partida de una nueva fase de la maltrecha relación entre el Estado y las mujeres hondureñas.
Tampoco antes del golpe de Estado las mujeres de este país centroamericano gozaban plenamente de sus derechos. Durante los tres años del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), las muertes violentas de mujeres aumentaron 80%, pasando de 202 a 363 asesinatos.
Sin embargo, los periodos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) debilitaron de forma sistemática la institucionalidad pública encargada de promover y respetar los derechos de las mujeres, desnaturalizando entidades como la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM).
«Se bajaron de categoría instituciones que fueron producto de la lucha feminista y de la sociedad civil. Ese fue un mensaje simbólico muy fuerte. Al INAM se le utilizó para implementar programas asistencialistas del Gobierno, impidiendo avanzar en los derechos de las mujeres», explica Neesa Medina a Criterio.hn.
Debido al descuido estructural, los últimos doce años dejaron un legado trágico para las mujeres, el país que hereda el nuevo gobierno no solo tiene la tasa más alta de femicidios en la región, sino que también presenta un incremento en la violencia doméstica y en las denuncias por violencia sexual.
«También aumentó la violencia y la criminalización en contra de las defensoras de derechos humanos, de la tierra y los territorios», añade Eva Sánchez, quien trabaja en una de las regiones más afectadas por el extractivismo en Honduras.
Los ataques en contra de las mujeres también llegaron desde el Congreso Nacional, cuando en 2017 se aprobó el nuevo Código Penal, donde se materializa la reducción de 15 años en la pena por el caso del delito de femicidio, sin comprender que este crimen debe considerarse como un asesinato agravado por razones de género.
A principios de 2021 el Congreso Nacional también aprobó en un solo debate un proyecto de ley que blinda de «forma absoluta» el aborto en Honduras, en este país donde cada tres horas una niña menor de 14 años se convierte en madre.
La reforma legal conocida por sus promotores como un «escudo contra el aborto» incluyó que «serán nulas e inválidas las disposiciones legales que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo que establezcan lo contrario», a fin de impedir que el aborto pudiera legalizarse en el futuro.
«Esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina, impulsados por gobiernos de izquierda dirigidos a legalizar el aborto y eso no se puede permitir en Honduras», comentó en su momento el exvicepresidente del Congreso Nacional, el actual diputado nacionalista Mario Pérez.
Como respuesta, veinte organizaciones feministas introdujeron un recurso de inconstitucionalidad por la penalización (desde 1997) del aborto en sus tres causales, el cual fue admitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aunque posteriormente fue rechazado en el Legislativo.
«Que la Corte admitiera el recurso de inconstitucionalidad significa que por primera vez aceptó que hay argumentos para discutir la penalización del aborto», comenta Medina, también integrante de la Plataforma «Somos Muchas», el colectivo feminista que promovió esta iniciativa legal.
Cabe recordar que Honduras es uno de los cinco países latinoamericanos donde se penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, también es el único en prohibir la PAE.
Como lo demuestra el debate legal alrededor del aborto, el movimiento feminista se fortaleció al enfrentar gobiernos adversos a los derechos de las mujeres. Para Medina, las organizaciones desarrollaron sus propias herramientas de incidencia y monitoreo, «además generamos vínculos más fuertes con otros actores del movimiento social», destaca.
PROPUESTAS FEMINISTAS
«Derrotaremos el sistema patriarcal y el cruel modelo económico que nos desconoce y explota. Este es el momento para las mujeres, es nuestra oportunidad», exclamó entusiasta Xiomara Castro al firmar el compromiso con las organizaciones feministas, cien días antes de las elecciones generales.
Por primera vez en la historia una presidenta incorporaba a su Plan de Gobierno varias de las demandas feministas, donde incluyó garantizar la participación política de las mujeres en su administración, restituir la venta de las PAE, despenalizar el aborto por las tres causales, implementar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, crear casas refugio para mujeres en riesgo, además de apoyar a las mujeres rurales y a las migrantes retornadas.
Para afianzar el compromiso de Castro, las feministas se reunieron de nuevo con la Comisión de Transición de su Gobierno. En ese encuentro ampliaron otras propuestas como fortalecer la investigación criminal de las muertes violentas de mujeres y aprobar un paquete de leyes, algunas de ellas engavetadas en el Congreso Nacional.
Como acto simbólico, las feministas propusieron que, durante el primer día del gobierno de Castro se derogara, mediante un decreto ejecutivo o ministerial, la prohibición de la PAE y se aprobara la propuesta de un protocolo de atención a las víctimas de la violencia sexual.
Sin embargo, en las primeras 22 acciones anunciadas por la presidenta en la toma de posesión, no se incluyó ninguna de las reivindicaciones del movimiento feminista. Sin puntualizar, Castro optó por dar un mensaje de confianza más amplio: «mujeres hondureñas no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo», dijo.
Una mención puntual, por ejemplo, sobre la PAE o el aborto por las tres causales en el primer discurso de la mandataria, habría significado probablemente una muestra más convincente de su compromiso con las feministas, un mensaje claro de la postura del nuevo gobierno frente a las demandas de las mujeres.
A pesar del «desaire» de la presidenta en su primer día de gobierno, las feministas saben por experiencia, que las conquistas no se logran de la noche a la mañana, que en Honduras es más fácil derogar que aprobar derechos.
«Los cambios no se dan en cien días, hay personas que creen que habrá muchas transformaciones a corto plazo, pero no es así. Recordemos que aún hay muchos funcionarios sin sensibilidad con el tema de las mujeres», advierte Eva Sánchez.
Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de Mujer, el Movimiento Feminista de Honduras se reunió con la presidenta y le entregó el proyecto de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres.
Asimismo, el protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual para la aprobación e implementación por parte de la secretaría de Salud y entregaron firmas de apoyo ciudadano para la derogación de la prohibición de la PAE.
UN GABINETE NO PARITARIO
Las organizaciones feministas estaban expectantes de la conformación del gabinete. Semanas antes le habían propuesto a la presidenta Castro algunos perfiles que consideraban idóneos para varios de los puestos. Sin embargo, el equipo anunciado por la mandataria distó de ser paritario y feminista.
El gabinete está conformado por apenas 25% de mujeres, donde solamente cinco están al frente en alguna de las 16 secretarías. A nivel cuantitativo, se trata de una proporción similar al segundo gobierno de Hernández, donde su gabinete saliente contó con solo seis ministras.
Teniendo como referente el Presupuesto Nacional de Egresos e Ingresos de 2021, las cinco secretarías a cargo de mujeres suman un presupuesto de 6,5 mil millones de lempiras anuales, un monto inferior a los 80 mil millones de lempiras asignados en todas las carteras dirigidas por hombres.
No hay duda que las organizaciones feministas exigían más representatividad en el gabinete. Los nombramientos en instancias como la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y en el INAM, eran particularmente importantes para el cumplimiento de sus propuestas.
«Hay secretarías en la que esperábamos otros perfiles, el movimiento esperaba ver más mujeres ministras, pensábamos que era posible. Pero eso ya fue, no pasó. Ahora hay que pensar cómo avanzar», señala Neesa Medina.
El gabinete apenas incluyó a tres mujeres referentes del feminismo. A Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEM-H), como viceministra en la Secretaría de Derechos Humanos; a Anarella Vélez, docente universitaria en temas de género, como titular de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes; y a Tatiana Lara, exsecretaria de la Mujer en el Partido Libre, como delegada presidencial del proyecto Ciudad Mujer.
En otras dependencias, el Gobierno asignó a mujeres que han colaborado con las organizaciones feministas, como es la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, la titular de la SAG, Laura Suazo, y la viceministra de Seguridad, la exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva.
Al frente de la SESAL, una de las dependencias más importantes para los derechos de las mujeres, la presidenta nombró al ministro José Manuel Matheu, un reconocido médico que forma parte del Opus Dei, cercano al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien recientemente adujo que el demonio se servía de ideologías como el feminismo.
Sobre la designación de Matheu, las feministas esperan que más allá de las posturas personales de este ministro, se puedan entablar puntos coincidentes, «si tenemos en común el bien de las pacientes, podremos avanzar en que las niñas y las mujeres sean respetadas en los centros de Salud, que lo que obtengan del Estado no sea juzgar y atacar», detalló Medina.
Así como las mujeres son minoría en el gabinete, pocas fueron también las políticas electas en las pasadas elecciones generales. Como resultado, las mujeres representan apenas el 27% del hemiciclo legislativo, el 20% en el Parlacén Centroamericano y el 5.4% de las alcaldías en el país.
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Es justamente en el Congreso Nacional donde las feministas exigen que se apruebe la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Trabajo Doméstico, la Ley en contra de la Violencia Política hacia las Mujeres, la Ley de Educación Integral de la Sexualidad en Honduras y la despenalización del aborto por las tres causales.
Feministas como Eva Sánchez no tienen mucha confianza en que las propuestas sean aprobadas en el Legislativo, «porque la mayoría de los diputados son hombres conservadores, quienes difícilmente van a legislar para cuidar a las niñas y a las mujeres», comenta.
EL INAM Y CIUDAD MUJER
Al frente del INAM, una de las instituciones debilitadas en los gobiernos pasados, la presidenta Castro designó a su prima Doris García, quien había desempeñado ese cargo durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, en el que también ocupó la dirección del extinto Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA).
Como titular del INAM, las feministas también esperaban a una de sus representantes, pero tampoco se oponen al nombramiento de García. «Esperamos que con su experiencia pueda poner en marcha algunas agendas relegadas. Tenemos la disposición de colaborar con ella», comenta Neesa Medina.
Las organizaciones de mujeres también exigen que se redireccione Ciudad Mujer, un proyecto heredado del gobierno saliente. «Sería bueno rescatar lo bueno que tiene y fortalecerlo para que realmente funcione para el beneficio de las mujeres y niñas que acuden a sus centros», señala Eva Sánchez.
Durante la administración de Hernández, el proyecto de Ciudad Mujer, adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), pero controlado en la práctica por la exprimera dama Ana García Carías, recibió un presupuesto de 75,2 millones de lempiras anuales, 33 millones más que el INAM.
EMPODERARSE DE SU CARGO
Muchas feministas no suponían que se involucrarían con un partido político, menos con un gobierno. La llegada de Xiomara Castro al poder les ha cambiado la agenda a muchas de ellas. Sin embargo, las organizaciones de mujeres coinciden en la necesidad de mantener su autonomía como movimiento social.
«Un buen punto de partida es reconocer que esas demandas y propuestas son nuestras, el rol del gobierno no es apropiarse de ellas, sino responder a estas luchas. No es el gobierno quien debe poner la dinámica social, nosotras tenemos que saber hasta dónde queremos avanzar», opina Neesa Medina.
Después de un primer mes con el nuevo gobierno, Eva Sánchez espera que la mandataria adquiera mayor protagonismo, «para Manuel Zelaya no es fácil reconocer que él ya no es el presidente, ella tendrá que tomar sus decisiones, aunque él no esté siempre de acuerdo. Será difícil, porque no es fácil romper con los esquemas tradicionales», señala.
«Ojalá la forma de gobernar de la presidenta sea la que permee un poco al expresidente Zelaya», añade Medina, quien, como muchas otras feministas, espera que su apuesta por el gobierno de Xiomara Castro sea correspondida.
