Hasta el momento el Congreso Nacional ha cumplido con la derogación de los decretos 93-2021 y 57-2020, que correspondían a reformas a la Ley Especial de Lavado de Activos y a la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal, y del decreto 116-2019, que establecía un mecanismo de liquidación del Fondo Departamental
Tegucigalpa, Honduras. -La ausencia de sesiones y la contienda electoral primaria han relegado de la agenda del Congreso Nacional la aprobación de las reformas solicitadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Desde el 12 de febrero de 2025, las y los diputados acumulan 49 días sin sesionar lo cual ha retrasado la aprobación y derogación de varios proyectos de ley que requieren atención urgente.
El memorándum, firmado el 15 de diciembre de 2022 y prorrogado en cuatro ocasiones, incluye una serie de recomendaciones legislativas que buscan fortalecer el marco legal del mecanismo anticorrupción.
En diciembre de 2024, Criterio.hn tuvo acceso a una síntesis del informe de la Misión del Equipo de Expertos de Naciones Unidas, en el que se detalla cuáles son las leyes que deben ser modificadas, derogadas y creadas para el funcionamiento de un mecanismo internacional anticorrupción en Honduras.
Entre las principales propuestas destaca la modificación del artículo 28 de la Ley de Municipalidades y de los artículos 418 al 423 del Código Procesal Penal, según lo detalla el informe síntesis presentado por la misión de expertos que visitó Honduras en 2023.
Otro requisito pendiente es la derogación del decreto 117-2019, que reforma el artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que concede inmunidad a los diputados. Este decreto establece que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por sus acciones como legisladores.
De igual manera, Naciones Unidas solicitó la derogación de los artículos 4 y 8 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, mejor conocida como Ley de Amnistía, que fue aprobada en febrero de 2022 por el recién instalado Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo.
La síntesis del informe de la Misión del Equipo de Expertos de Naciones Unidas, no solo habla de los requisitos mínimos indispensables previos al establecimiento de un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad, también señala algunos avances como la derogación de los decretos 93-2021 y 57-2020, que correspondían a reformas a la Ley Especial de Lavado de Activos y a la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal.
CULPA RECAE EN LOS 128 DIPUTADOS
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en Derechos Humanos, lamentó que la Junta Directica del Congreso Nacional no agende la aprobación de leyes y reformas que son un requisito estampado en el memorándum de entendimiento.
Manifestó que la culpa recae tanto en el oficialismo como en la oposición, ya que “si existiera interés ya se hubiese dado una reunión para poner en agenda la aprobación de reformas y normativas anticorrupción” que han sido solicitadas por Naciones Unidas para la posibilidad de instalar un mecanismo internacional anticorrupción.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista cuestionó el papel de la oposición que, siendo mayoría en el Congreso Nacional, no ha convocado a una sesión. En ese sentido, evocó el artículo 191 de la Constitución de la República, que faculta a un número de cinco (5) diputados para convocar a sesiones extraordinarias en cualquier lugar de la República.
El futuro de la lucha anticorrupción en el país depende de la voluntad política del Congreso Nacional. Con un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de consenso entre las fuerzas políticas, el desafío sigue siendo la falta de consensos en el proceso legislativo y dar luz verde a las reformas exigidas por las Naciones Unidas.
El tiempo corre y cada día de retraso aumenta la presión sobre el Congreso Nacional para demostrar un compromiso real con la transparencia y la justicia.
