Tegucigalpa.- El miércoles 9 de febrero fue un día gris para la defensa de los derechos humanos en Honduras. En un solo día se registraron tres hechos que involucran violaciones a derechos fundamentales por parte de proyectos extractivistas instalados en el país, quienes «amparados» por el Poder Judicial violentaron la soberanía del pueblo y el derecho a la vivienda, garantizados por la Constitución de la República.
En Tocoa, Colón, al norte de Honduras, el Tribunal de Sentencia por mayoría de votos condenó a seis de los ocho defensores del agua, encarcelados arbitrariamente durante 29 meses. Su criminalización es conexa a su férrea oposición a la instalación de dos proyectos mineros a cielo abierto y el establecimiento de una planta peletizadora de óxido de hierro en el Parque Nacional Carlos Escaleras y la consecuente contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro.
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En las Tierras del Padre, a menos de 15 kilómetros al sur de la capital de Honduras, al menos 120 familias Lencas estuvieron a punto de perder sus hogares luego que un Juzgado de Tegucigalpa extendió una orden de desalojo. La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, intervino para evitar la expulsión afirmando que las autoridades judiciales primero debían dilucidar la situación de tenencia de las tierras y garantizar la protección a los derechos humanos de la comunidad indígena.
Mientras que en el occidente de Honduras, por defender las tumbas de sus familiares, fue detenido Misael García en el cementerio de Azacualpa en La Unión, Copán, luego que la transnacional Aura Mineral, a través de su subsidiara Minerales de Occidente S.A. (Minosa) dio inicio a los trabajos de explotación de suelos en el cementerio Maya Chortí por orden del juez Rafael Rivera Tabora, pese a que hay dos órdenes judiciales en contra del proyecto.
#ALERTA 🔴 Aura Minerals / MINOSA inicia trabajos de explotación de los suelos del cementerio Maya Chortí de Azacualpa. pic.twitter.com/VjM3XLWaKr
— Bufete Estudios Para la Dignidad (@bufetedignidad) February 9, 2022
EXTRACTIVISMO MANTIENE CONTROL SOBRE PODER JUDICIAL
Para ahondar en lo que ocurrió, Criterio.hn contactó a la investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Lucía Vijil, quien sostiene que detrás de este accionar hay una «crisis manifiesta de no dejar gobernar, ni dejar cumplir una agenda apegada a los movimientos sociales, tal cual lo ha prometido la presidenta Xiomara Castro».
Detrás de estos movimientos estarían empresarios ligados a intereses extractivistas y las estructuras judiciales y policiales al servicio de la élite, y que pese a la victoria de Xiomara Castro siguen intactas. «Hay un compromiso de una componenda entre poderes del Estado para no dejar gobernar a Xiomara Castro y eso se manifiesta en una crisis entre poderes», señaló Vijil.
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De hecho, tanto en la condena de los defensores de Guapinol en el norte de Honduras, como en el intento de desalojo de las Tierras del Padre, cerca de la capital, hay un apellido que resuena. «Si vos te fijas en las Tierras del Padre y en Guapinol, los empresarios que están siendo vinculados es la misma familia Facussé, que representa parte de los intereses de todas las zonas y en la política extractivista nacional desde hace más de 40 años», expresó Vijil.
Inversiones Los Pinares, responsable de los proyectos mineros de óxido de hierro a cielo abierto en Guapinol y Ecoteck, la empresa encargada de la planta peletizadora de dicho mineral ubicada en la misma comunidad, forma parte del grupo EMCO Holding, propiedad en parte de Lenir Pérez, esposo de Anna Facussé, hija del extinto oligarca Miguel Facussé.
Mientras que el intento de desalojo de las Tierras del Padre fue promovido por el empresario y terrateniente Mario Facussé, quien según la justicia hondureña fue declarado como propietario de los predios que representan 322.76 manzanas.
EL GÉNESIS DE LA CONFLICTIVIDAD SON LAS CONCESIONES
Vijil señaló que también podría estarse midiendo fuerzas para ver cuál es la reacción de los movimientos sociales territoriales, considerando las esperanzas que había en relación al gobierno de Castro.
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Mientras ocurrían los hechos represivos en el norte, centro y occidente de Honduras, los noticieros «estuvieron colocando el discurso empresarial», dejando por fuera que la conflictividad territorial parte precisamente de la producción extractivista y la elite «que no quiere dejar y no quiere ceder», compartió.
La investigadora dijo a Criterio.hn: «¡Hay un claro mensaje! Xiomara podrá ser muy presidenta del país, pero las estructuras judiciales, las estructuras policiales, siguen al servicio de la elite, porque están completamente intactas».
Sin embargo, Vijil expresó que más allá de apagar fuegos a medida van surgiendo es necesaria una respuesta integral al tema de conflictividad que para ella tiene su génesis en las concesiones; y lo ejemplificó señalando que los defensores de Guapinol saldrán libres, lo cual será una victoria, pero la concesión minera continuará generando conflicto socioambiental en Guapinol, y de igual forma otros proyectos en otras partes del país.
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«Más allá de la respuesta jurídica, hay que colocarlo en un contexto nacional como una narrativa política que necesita y está sedienta de colocar en el centro de la conflictividad y el origen de la conflictividad», que son las concesiones extractivas. «El tema de criminalización y judicialización de defensores es solamente un distractor de la acción plena de extracción de recursos y de bienes comunes de la naturaleza», concluyó.
La presidente Xiomara Castro enfrenta un resquebrajamiento de su agenda social con el Poder Judicial, actualmente en manos de magistrados con claros vínculos al Partido Nacional y el Partido Liberal, y quienes no han ocultado su abierta disposición a favorecer los intereses concesionarios de empresas ligadas a transnacionales, que fueron favorecidas durante doce años del gobierno del Partido Nacional por encima del bienestar de la ciudadanía.
Esta es la segunda vicisitud que enfrenta la presidenta Xiomara Castro. Previamente desde el interior de su partido se presentó una pugna por la presidencia del Congreso Nacional de Honduras, que finalmente fue resuelta esta semana en el palacio José Cecilio del Valle.
