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A 29 meses de detención ilegal de los defensores de Guapinol exigen su libertad frente a la CSJ

Libertad para defensores de Guapinol

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Tegucigalpa.- Con la participación de los artistas nacionales Karla Lara y Alejandro Mendoza, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y otras organizaciones hermanas, conmemoraron los 29 meses de la detención ilegal contra los ocho defensores de Guapinol. El encuentro de solidaridad se llevó a cabo en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital hondureña.

«Guapinol, Guapinol estamos con vos» y «No son criminales, no son delincuentes, son defensores del medio ambiente», fueron algunas de las consignas cantadas durante el evento que exigió justicia para los defensores ambientales que esperan la notificación de la fecha en que se realizará la etapa de conclusiones luego que el juicio sufrió una nueva suspensión cortesía de los fiscales que afirmaron no estar listos, según denunció la abogada de la defensa, Kenia Oliva. El juicio ya ha tenido al menos dos suspensiones más.

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Los ocho defensores del agua en detención ilegal desde hace 29 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, este último con 39 meses en arresto arbitrario.

NO MÁS CORRUPCIÓN DE JUSTICIA, PIDEN FAMILIARES

La lideresa ambiental e integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Juana Zúniga, señaló que hoy los defensores de Guapinol cumplen 29 meses de estar encarcelados injustamente y que la Corte Suprema de Justicia es un actor que no ha resuelto los amparos y habeas corpus que han sido presentados a favor de los ocho ambientalistas. «Lo cual también los hace responsables de la detención arbitraria de nuestros compañeros», dijo.

Zúniga manifestó sentir «impotencia ante esta corrupción de justicia que ha impartido el Estado». Agregó: «nuestro delito es oponernos ante estos proyectos extractivos y que, a causa de ello, los ocho compañeros están privados de libertad», pese a que no hay pruebas contundentes para que permanecieran encarcelados. Sin embargo, se les hace fácil al Estado y a las empresas extractivas, que «vienen a destruir nuestras montañas y ríos», encarcelar a quienes se oponen a los proyectos.

Juana Zúniga, además de sufrir la persecución por ser defensora del agua y del Parque Nacional Carlos Escaleras, también ha vivido el encarcelamiento de su compañero de hogar, José Abelino Cedillo, uno de los ocho defensores encarcelados ilegalmente hace 29 meses por la jueza Lisseth Vallecillo.

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LIBERTAD PARA GUAPINOL

En representación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Laura Zúniga Cáceres acompañó el evento e indicó que el juicio contra los defensores de Guapinol ha transcurrido con «pruebas que verifican que la detención es arbitraria» y que es momento de poner un alto a la criminalización de las personas que defienden los recursos naturales y los bienes comunes.

La hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 por su oposición al proyecto extractivista de la represa de Agua Zarca, afirmó que espera que el Poder Judicial reaccione, deje en libertad a los ocho defensores del agua e investiguen a las personas que han criminalizado y destruyen los bienes naturales en Honduras.

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Mediante un comunicado, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos alertó que, en estos 29 meses de detención ilegal, la empresa minera Los Pinares, del Grupo Emco, ha continuado sus proyectos pese al amplio rechazo en su contra que fue manifestado en el cabildo abierto de noviembre de 2019.

Recordaron que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas concluyó, en febrero de 2021, que el encarcelamiento contra los ocho defensores del agua es arbitrario, por lo que urgieron al Estado hondureño a liberarlos, garantizar su reparación e investigar a los responsables de su detención ilegal. Finalmente, el Comité instó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar medidas integrales para la implementación de dicha resolución.

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