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Derogación de Ley de Empleo por Hora pasará por consulta popular con los trabajadores

Comisión de extradición del Congreso denuncia amenazas a muerte

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Foto portada: La comisión de dictamen integrada por los diputados Rafael Sarmiento, Fátima Mena, Ramón Barrios, Yuri Sabas, Silvia Ayala y Rasel Tomé

Tegucigalpa. – El anuncio de la derogación de la Ley del Empleo por Hora ha provocado múltiples reacciones, donde los trabajadores, quienes serán los primeros consultados, están a favor y exigen que se reconozcan los derechos laborales y se garantice estabilidad laboral, aunque la parte empresarial se opone contundentemente y se escuda en que han creado 700 mil empleos.

Este proyecto lo presentó el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Barahona, el pasado martes ocho de febrero en sesión legislativa ante los 128 diputados del Congreso Nacional.

La Ley de Empleo por Hora entró en vigor el 31 de marzo de 2014, durante el mandato de Juan Orlando Hernández, pero cuatro años atrás había entrado en vigor el “Programa Nacional de Empleo por Hora”, lo que se suponía era un programa especial de emergencia de carácter temporal por un periodo de 36 meses.

Sin embargo, el programa no fue provisional como se planteaba, puesto que, en la fecha antes mencionada, a través del Decreto No. 354-2013 se aprobó la Ley del Empleo por Hora, la que, según se establecía, su objetivo era mantener los puestos de trabajo y evitar el crecimiento de los índices de desempleo en el país.

La comisión de dictamen, que aborda este tema, fue nombrada por el presidente del Legislativo Luis Redondo y está conformada por:  Rafael Sarmiento, Silvia Ayala, Ramón Barrios, Víctor Sabillón, Fátima Mena, Yuri Sabas, Rasel Tomé.

El titular de la Comisión, Rafael Sarmiento, aseguró que el proceso de dictamen será con un alto grado de concertación con el sector privado, pero el primer sector con el que socializarán a partir del lunes 14 de febrero, será con la clase trabajadora.

“El proyecto no se abordará de manera arrebatada”, recalcó y señaló que conocen su responsabilidad y el impacto a nivel nacional, pero ellos están enfocados en reivindicar los derechos de los trabajadores. El diputado dijo que pedirán a la Secretaría del Trabajo que demuestre de manera científica las bondades o deficiencias, y el impacto de la implementación del Empleo Por hora a la clase trabajadora.

Sobre la moción, integrante de la Comisión, Silvia Ayala, manifestó ante las reacciones negativas de los empresarios, que todavía no han tenido ni siquiera la primera reunión para el análisis de este proyecto.

La congresista dijo que iniciaron a escuchar a los diferentes sectores y lo seguirán haciendo, incluyendo a la empresa privada que se ha pronunciado contundentemente en contra y al sector obrero que pide que la ley de empleo por hora se elimine.

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OBREROS LLEVAN OCHO AÑOS PIDIENDO DEROGACIÓN

El secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, manifestó que están dispuestos a discutir sus posiciones con la Comisión de Dictamen. Durón destacó llevan ocho años peleando por la derogación de la ley, y aclaró que no están a favor de que se despida a nadie, más bien, exigen que los trabajadores adquieran los derechos laborales de un empleado que cuenta con un contrato indefinido.

Asimismo, apuntó que este modo de empleo no permite la organización sindical y, lo más grave, es que hay empresas exoneradas de impuestos fiscales que se benefician de la disminución drástica de los costos operativos. La parte obrera también ha lamentado que al menos el 60 por ciento de las empresas no paga el salario mínimo, que oscila entre los ocho mil y 10 mil lempiras según el rubro.

“Esto contradictoriamente no disminuye el desempleo, porque al no tener derechos adquiridos y recibir sueldos bajos, muchos trabajadores que están en estas modalidades también deciden irse a los Estados Unidos”, argumentó el representante obrero y, agregó que, no hay sostenibilidad ni ingresos dignos para subsistir.

A reglón seguido expresó que nadie quiere destruir a la empresa privada, pero su sostenibilidad no debe pasar por la disminución de los derechos y condiciones que deben tener los trabajadores.

La parte empresarial ha aplaudido que la Comisión este abierta al diálogo antes tomar la decisión de derogar, así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), José Luis Rivera.

Entre sus argumentos, la empresa privada sostiene que cada mediana empresa emplea entre 11 a 50 personas, también señalan que los Call Center son los mayores empleadores y que estos serían fuertemente afectados, sin embargo, muchos empleados de estas empresas denuncian fuertes abusos a los derechos humanos, derechos laborales y maltrato psicológico.

La parte empresarial alega que las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) serían las más afectadas, pero sus directivos han señalado que están abiertas a que se reforme o se corrija la Ley de Empleo por Hora.

A través de un foro de Twitter, el economista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, enumeró algunos impactos a corto plazo que podrían ocasionar la eliminación de la Ley del Empleo por Hora.

Entre los puntos, mencionó que habría cierre de empresas, en especial de las Mipymes, también que podría dispararse la explotación laboral porque quienes logren conservar sus empleos deberán cumplir con el trabajo de los despedidos debido a la reducción de la mano de obra.

El foro permitió que un grupo nutrido de participantes compartieran las malas experiencias que han sufrido bajo la modalidad del empleo por hora en algunas empresas.

Entre los testimonios, compartieron que los bancos obstaculizan el derecho al crédito porque solicitan constancia de trabajo permanente, no hay derecho a la seguridad social, no hay vacaciones, son obligados a trabajar más horas de las que establecen los contratos, incluso, muchos son despedidos sin prestaciones.

Entre las opiniones destacaban que el verdadero problema es que la Secretaría del Trabajo nunca reguló la Ley del Empleo por Hora, y no se atienden las denuncias laborales de forma eficaz.

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