Tegucigalpa, Honduras. – Unas 18 tachas y denuncias, 6 de ellas contra un sólo profesional del derecho, recibieron los abogados aspirantes a ser fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP) en el cierre de la segunda fase de selección que está haciendo la Junta Proponente para elegir a las próximas autoridades de la fiscalía para el periodo 2023-2028.
Uno de los integrantes de la Junta Proponente dijo a Criterio.hn que, de las 18 tachas presentadas, podrían ser más porque todavía algunas se encuentran siendo evaluadas. Las 6, que fueron para un solo abogado, son contra Reyna Teresa Valerio Harry, quien actualmente se desempeña como coordinadora de la fiscalía de San Pedro Sula, al norte de Honduras.
La primera tacha que se presentó el pasado viernes 7 de julio, fue contra el abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, en la que uno de sus colegas pidió a los proponentes sacarlo de este proceso porque fue el presidente de la Junta Nominadora para la elección pasada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el periodo 2023-2030.
“El artículo 8 de la Ley de la Junta Nominadora manifiesta que ellos están inhabilitados en los próximos dos años para poder aspirar a un cargo dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo tanto, siendo una elección de segundo grado, él está inhabilitado para participar”, explicó el abogado Leonel Núñez, encargado de poner la denuncia contra Urquía.
Agregó que “también fue compañero de la abogada Blanca Izaguirre (representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras) en esa Junta, por lo tanto, puede haber ciertos intereses e influencias para que él quede en la nómina de los cinco que enviarán al Congreso Nacional”.
Sin embargo, el abogado, a la hora de presentar la denuncia, interpretó mal un artículo que establece literalmente que los miembros titulares y suplentes de la Junta Nominadora no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en los dos años siguientes a su participación en esa instancia, por lo que el Ministerio Público no figura en ninguno de los poderes del Estado.
Respecto al argumento que presentó, sobre la supuesta afinidad que Urquía tiene con la titular del Conadeh, que estuvo en la Junta Nominadora y ahora en la Proponente, son los mismos dictaminadores los que tendrán que analizar, después este proceso de tachas y denuncias, si de alguna manera el profesional del derecho estaría aprovechándose para lograr un cargo en la fiscalía.
El resto de las denuncias presentadas contra los otros 21 abogados aspirantes a los máximos cargos de la fiscalía serán ventiladas por los integrantes de la Junta Proponente el martes 11 de julio y, en ese mismo espacio, votarán a favor o encontrar, de inhabilitar al profesional que sea evidenciado por tener actos reñidos con la ley.
“Después de terminar el proceso de tachas y denuncias (lunes 10 de julio) lo que vamos a hacer es valorar y verificar que no carezcan de sustento y, si es admisible después de un análisis, se suma contra el abogado que está siendo denunciado o tachado y eso lo revelaremos el martes 11”, mencionó el representante de sociedad civil ante la Junta Proponente, José Ramón Ávila.
De interés: Naciones Unidas señala importancia de veeduría de sociedad civil en elección de las autoridades del MP
PROCESO DE LA JUNTA PROPONENTE
De los 26 profesionales del derecho que se postularon para entrar en el proceso de selección, la Junta Proponente elegirá a los mejores cinco, de los cuales, tres deben ser hombres y dos mujeres, que serán enviados al Congreso Nacional para que en una sesión de segundo grado escojan al próximo fiscal general y fiscal adjunto para el periodo 2023-2028.
Al concluir el proceso de postulaciones el pasado 25 de junio, los proponentes enviaron a 20 de los 26 a subsanar información, es decir, presentaron su documentación con información falsa, errónea e incompleta. Ese proceso duró más de 48 horas (abrió el sábado 1 de julio a las 5:00 de la tarde, y cerró el lunes 3 a las 8:00 de la noche).
De los 20 profesionales del derecho a los que les pidieron subsanar información, sólo dos no lograron hacerlo: el abogado Óscar Arnaldo Alvarado García y Karen Alicia Motiño Valerio, quienes fueron eliminados del proceso en la primera fase.
Después, la Junta Proponente determinó inhabilitar a la abogada y exdiputada por el Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, por no cumplir con la experiencia en materia penal para ostentar cualquiera de los cargos que entran en elección de la fiscalía.
Por su parte, bajo el argumento de tener problemas personales, la abogada y titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna, renunció a su postulación, pero en el proceso iba a ser inhabilitada por ostentar la titularidad de una institución pública.
Y el lunes 10 de julio, al cierre del proceso de tachas y denuncias, el abogado Alejandro Alvarenga Portillo, también renunció a su postulación argumentando que el proceso que está haciendo la Junta Proponente está maniatado y es cuestión de trámite porque ya hay rumores de las personas que ostentarán los altos cargos en la fiscalía.
Sólo 21 abogados están en el proceso de tachas y denuncias, que inició el miércoles 5 de julio y terminó este lunes 10. Justamente, en esta fase, sacarán a los profesionales del derecho que respondan a intereses de la clase política, tengan problemas con la ley, y hayan violentado los derechos humanos.
Al concluir el segundo filtro, los abogados que pasen, serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego sacar a los mejores cinco y, antes del 21 de julio, mandar esa nómina al Congreso Nacional.
En esa instancia, el Congreso jugará el papel más importante: seleccionar a los dos mejores para asumir el cargo que actualmente ostenta Óscar Chinchilla, fiscal general, y Daniel Arturo Sibrián, fiscal adjunto.
El Congreso, en esa etapa, que será a finales de agosto de este año, tendrá la oportunidad de reivindicarse ante la sociedad o, como pasó en el proceso de la CSJ, continuará con la hegemonía de hacer procesos de elección buscando poner en cargos a personas obedezcan a intereses mezquinos para beneficiar a la clase política.
