Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Al solo encontrar “indicios” y no pliegos de responsabilidad penal en el fraude por la compra de 7 hospitales móviles para enfrentar la pandemia de Covid-19 por Marco Bográn, director de Invest-H, la presunción de que fue una acción inconsulta, exclusiva y unilateral cobra fuerza del primer acto administrativo para ejercer la acción penal en este indignante caso al que conocedores del derecho dan carácter de crimen de lesa humanidad.
La idea de que Bográn Corrales actuó por cuenta propia y de forma inconsulta, según el alcance de las acusaciones del Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), en este caso, reafirman la certeza ciudadana de que se trata de un eslabón más en la cadena de impunidad ante inacción u omisión, como de contundencia de la gestión del fiscal general, Oscar Chinchilla, ante la corrupción del régimen de Juan Hernández Alvarado.
Asimismo, gremios como el Colegio Médico, economistas, abogacía, gremio magisterial, empresariado, sindicatos, partidos políticos, Pastoral Social de la Iglesia Católica y población en general creen en la implicación directa del titular del Poder Ejecutivo, aunque no en las pesquisas e informes del Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), y de la Asociación por Una Sociedad Más Justa, (ASJ), que libran de señalamientos a Juan Orlando Hernández, cabeza del ejecutivo.
¿Y AHORA, QUÉ?
Hace unas horas el fiscal titular del Ministerio Público, Oscar Armando Chinchilla, recibió el Informe Especial #002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B, del Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), con los indicios de responsabilidad penal en seis hechos detectados en compras y contrataciones ejecutadas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), durante la emergencia sanitaria nacional provocada por la pandemia del COVID-19.
Se trata de irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento; hay inconsistencias en la adquisición de ventiladores mecánicos; planteamiento del ente contralor que no cita el incumplimiento de los plazos de entrega y condiciones de adquisición.
Asimismo, inconsistencias en el proceso de compra de 250 mil pruebas para COVID-19 las que además de resultar dañadas por mal manejo, no permitió que se practicara un mayor número de pruebas para permitir un mejor manejo de casos y la evolución de la pandemia.
Otra irregularidad según el TSC es la contratación de la empresa constructora Cinsa, propiedad de Napoleón Bográn Idiáquez, tío del exdirector de Invest-H, por 74 millones de lempiras, uno de ellos de un millón de lempiras pagado anticipadamente por supervisar la construcción del plantel del hospital móvil para Santa Rosa de Copán, el que aún no ha llegado al país.
El organismo contralor también encontró inconsistencias en la compra de mascarillas y deja en último plano la inacción en esta cadena de abusos e irregularidades del consejo directivo de Invest-H, que no intervino oportunamente en las compras realizadas; ni la responsabilidad de la coordinadora del Gabinete Económico, la de la ex Ministra de Finanzas y a la titular de Salud Pública, Martha Doblado, Rocío Tabora y Alba Consuelo Flores, interrogadas por la agencia-Técnica de Investigación Criminal en torno a la gestión de Invest-H.
Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir dicho informe para que la fiscalía de la república ejerza la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
En el escrito se pide al Fiscal General de la República proceder con las acciones correspondientes pues existen indicios de responsabilidad penal en dichas las compras de los siete módulos, tres de ellos de 91 camas y cuatro de 51; además, siete plantas de tratamiento de desechos médicos, insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de los planteles donde instalar dichos hospitales, entre otros.
Se concluye que “la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el COVID-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”.
El presente informe integral reviste características de solidez y profesionalismo, contiene elementos para acreditar la existencia de indicios de responsabilidad penal, mismo que servirá de soporte al MP para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales.
Las diligencias realizadas incluyen inspecciones y revisión documental obtenida en Invest-H, Salud y por asistencia internacional gestionada a través de la Cancillería de la República, a fin de constatar cada uno de los hechos identificados.
La amplia auditoría especial en Invest-H continúa, los informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización, señala el TSC en su informe.
2 respuestas
Esperemos que surta efecto este informe y haya castigo a los responsables. Una sugerencia al redactor, la ley del TSC define indicios de responsabilidad penal y por lo tanto es correcto mencionarlo de esa manera, es bueno leer antes de escribir para orientar al lector.
Que cosas 74 millones solo para movimiento de terreno. Y el hospital de Olanchito costo 4.5 millones, vale que invest h, era para ahorrar, se imaginan si hubiera sido para gastar. Jejeje es increíble el nivel de corrupción.