Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Tras considerar que la defensa de Roberto David Castillo Mejía, procesado en calidad de autor material del crimen de la ambientalista y defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres, ha retrasado el juicio oral y público, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por unanimidad de votos, declaró sin lugar la sustitución de medidas de prisión preventiva del imputado.
A Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), dueña del proyecto hidroeléctrico, Agua Zarca, que se construye en la comunidad lenca de Río Blanco, en las aguas del Río Gualcarque, el Ministerio Público lo acusa de ser responsable intelectual del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena, que fue abatida por defender los recursos naturales y los territorios ancestrales.
Con la audiencia de revisión de medidas, el juicio contra Castillo continuó este lunes 28 de septiembre donde el Tribunal determinó denegar la petición de cambio de medidas solicitada por la defensa, tras considerar que las acciones sin fundamento realizadas por el apoderado defensor ha retrasado el proceso durante 8 meses con 23 días.
“Estima el Tribunal que este recurso que fue interpuesto y que fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones es un retraso que debe ser considerado para establecer que hasta momento procesal no se encontró vencida la prisión preventiva del señor Roberto David Castillo Mejía”, establece el fallo del Tribunal de Sentencia, añadiendo, que la defensa también provocó diversas modificaciones de fechas señaladas para la audiencia preliminar.
En sus argumentos, el tribunal señala que tomó la determinación después de haber analizado los antecedentes como la resolución emitida por la Corte de Apelaciones el 30 de julio del 2020 y la solicitud de la defensa para que se suspendiera la audiencia preliminar señalada para el 6 de agosto pasado, proponiendo que fuera realizada el 17 de ese mes y nuevamente para el 21 de agosto.
“En esa fecha se lleva a cabo la audiencia preliminar y se hace la apertura a juicio oral y público y fue notificado a todas las partes el 26 de agosto del 2020”, argumenta el Tribunal de Sentencia, señalando que por esos antecedentes encontraron que no es posible considerar la petición de cambio de medidas solicitada por la defensa del Castillo Mejía.
El Tribunal señala, que para retrasar el juicio, la defensa de Castillo Mejía interpuso un recurso de apelación sobre un medio de prueba de la audiencia inicial y otro sobre dos medios de prueba que la Corte de Apelaciones ya había resuelto. El Tribunal estima que esos recursos declarados sin lugar por la Corte de Apelaciones son retrasos que deben ser considerados para establecer que “a este momento no se encuentra vencida la prisión preventiva”.
Ante el fallo del tribunal, doña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, Berta Cáceres, pidió para Castillo y todos los involucrados en el crimen de su hija, todo el peso de la ley, porque ya han pasado cinco años del asesinato y todavía el caso está en la impunidad porque los autores intelectuales andan libres.
“Que se haga justicia contra todos los que estuvieron involucrados para quitarle la vida a mi hija para que sirva como ejemplo de esos horrorosos crímenes, yo estaré pendiente de todo lo que va a suceder en este juicio y que le caiga todo el peso de la ley porque dieron la plata para pagar ese crimen”, exclamó la madre de Cáceres.
Sobre el particular, a través de un comunicado, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se pronunció para exigir castigo no solo contra David Castillo, sino también para la familia Atala Zablah, principales socios del proyecto hidroeléctrico, que según esa organización, provocó graves violaciones de los derechos humanos, incluida la muerte violenta de Berta Cáceres y de otros líderes lencas de la zona.
Según el documento, con el objetivo de beneficiarse económicamente, David Castillo y la familia Atala Zablah, construyeron una estructura criminal para cometer un sin número de crímenes que van desde el fraude y la corrupción para la supuesta generación de energía renovable, hasta cometer violaciones a los derechos humanos de la comunidad de Río Blanco.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016 y Roberto David Castillo sería una pieza importante que se conecta con los autores materiales e intelectuales del crimen. Él es un militar retirado y ex miembro de la inteligencia militar hondureña, a quien se le acusa de planear el asesinato de Cáceres. Castillo fue capturado el 2 de marzo del 2018, en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando trataba de huir del país.
Cabe mencionar que David Castillo además de formar parte de junta directiva de DESA también formaba parte de la compañía fotovoltaica PRODERSSA, una empresa situada en sur del país, que fue asegurada por el Ministerio Público, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
