Todos los miembros de INVEST-H tienen responsabilidades y deben ser investigados

 

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Con la declaración de la Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha continuado la recolección de pruebas, que a futuro le permitirían presentar un requerimiento fiscal contra varios funcionarios del gobierno involucrados en la compra fraudulenta de siete hospitales móviles de aislamiento para personas contagiadas del virus covid 19.

Para tal fin, punteando las 8.30 de la mañana, de este jueves, 16 de julio, investigadores y fiscales del Ministerio Público (MP), se apersonaron a la Secretaría de Salud y de inmediato procedieron a realizar el interrogatorio que se prolongó hasta en horas de la tarde. Sobre este mismo tema, el MP interrogó el pasado martes, al ex Director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, delegado por las autoridades para realizar las compras de productos, equipos e insumos necesarios para hacerle frente a la pandemia.      

Por impedimentos contenidos en el Decreto Legislativo 116-2019 el MP carece de facultades para la presentación de un requerimiento fiscal, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emita su informe y determine la existencia de responsabilidades administrativas, civiles o penales. Sin embargo, por el caso de los hospitales la FETCCOP investiga la comisión de cuatro delitos; fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios.

En marzo pasado, el entonces director de INVEST-H, Marco Bográn, le compró a compañía Elmed Medical Systems Inc. siete hospitales móviles valorados en 47.5 millones de dólares, (1,168 millones y medio de lempiras), los que supuestamente fueron sobrevalorados en sus precios y contratados con una empresa de maletín. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, asegura el gobierno pagó 680 millones de lempiras más del precio real de los hospitales.

Y aparte, SDI Global LLC, empresa turca acusa al vendedor, Axel López, representante o propietario de Elmed Medical Systems Inc. de haberle falsificado una cotización que sirvió de base de este millonario negocio.    

Hasta hoy, todas las acusaciones se han dirigido a Marco Bográn, por haber sido el último eslabón en la compra de los hospitales. Sin embargo, existen documentaciones que podrían involucrar a otros funcionarios de igual o mayor rango que él.

Por ejemplo, el 16 de marzo del 2020, la Ministra de Salud, le envió al director de INVEST-H Marco Bográn, el oficio 630-2020, en el que le manifiesta que como parte de la respuesta a la emergencia nacional y siguiendo instrucciones del presidente de la República, le solicita interponga sus buenos oficios para la compra, construcción, o adecuación de obras de infraestructura médica provisional.

El oficio dice: “a) Adquisición directa al proveedor idóneo de siete hospitales de aislamiento necesarios para la atención de infectados con el virus covid-19; b) contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría que se necesiten para la instalación y puesta en funcionamiento de dichos hospitales, adquisición directa de equipo médico hospitalario, insumos, material clínico y todo lo que sea necesario para la adecuación de las instalaciones hospitalarias”.  Y en el párrafo siguiente, la ministra Flores, le solicita a Bográn, la adquisición directa al proveedor idóneo de por lo menos 200 unidades de cuidados intensivos.

Este oficio, del que también recibieron copia el presidente de la República y el Subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, asegura que la Secretaría de Salud coordinará con INVEST-H la ubicación de los hospitales, garantizará que cuenten con el personal especialista necesario y que apoyará cualquier esfuerzo y coordinación derivada del mismo.

Bogran ha manifestado que la decisión de comprar los hospitales fue tomada por él y su equipo de asesores e incluso ha exonerado de responsabilidad al Consejo Directivo de la Institución, conformado por empresarios, otros funcionarios del gobierno y miembros de sociedades civiles afines del gobierno. Sin embargo, a juicio del abogado y catedrático universitario, Alceste Menardi, el delito se comete por acción o por omisión por lo que todos los miembros del Consejo Directivo tienen responsabilidad.        

Sostuvo, que la directora de INVEST-H, Evelyn Bautista, ha renunciado a su cargo, pero que con eso no detiene las investigaciones y tendrá que ir a declarar ante el MP, “porque cada uno de los miembros del Consejo Directivo tienen que dejar clara su actuación porque de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Administración Pública, en los organismos colegiados como INVEST-H, sus miembros al no estar de acuerdo con las decisiones que allí se toman deben de razonar su voto en contra, porque si no lo hacen, el mismo artículo dice que serán responsables penal o civilmente de los actos que allí se hayan cometido en perjuicio de los bienes del Estado”, expresó.

Indicó, que de acuerdo con el panorama jurídico el MP investiga abuso de autoridad, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y que incluso ya existe configuraciones para la investigación de otros delitos, como la falsificación de documentos públicos.

En otro sentido, dijo que es importante determinar si Bográn actuó de manera autónoma y sin comunicar porque así se establece que cometió delito, pero que también cuando una persona asume una responsabilidad, existe el principio de la debida diligencia y si los miembros INVEST-H no lo hicieron, también incurrieron en responsabilidad penal por omisión, que es el mismo delito porque para eso se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Ley. 

También dijo, que la Procuraduría General de la República (PGR) y las demás instituciones operadoras de justicia de deben llevar a cabo las acciones nacionales e internacionales para recuperar hasta el último centavo y aseguró que todos estos delitos se cometieron bajo los parámetros del Código Penal anterior y que, por lo tanto, los responsables no serán beneficiados con los preceptos de la nueva legislación. 

En la misma dirección, se pronunció, el también abogado penalista,  Jaime Rodríguez,  quien pone como ejemplo, el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde todos los miembros de la junta directiva fueron enjuiciados y que esa es la línea a seguir con los delitos cometidos en INVEST-H. “Tienen responsabilidad por acción o por omisión ya que si no estaban de acuerdo con algún tipo de responsabilidad debían haberlo hecho saber y  su parecer debía constar en acta”, dijo Rodríguez.

Apuntó, que para eso existen las actas y que, si ellos no lo hicieron así, tienen responsabilidades porque aparte de que se trata de sumas millonarias de dinero, también está la muerte de tantas personas. Reflexionó, que el IHSS hubo saqueo millonario, pero no el efecto inmediato de tanta muerte y que esa es la agravante que existe hoy.

Lamentó, que el MP lo único que puede hacer es documentarse y recolectar evidencias para una futura acción que pueda darse, a menos de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declare la inconstitucionalidad del Decreto 116-2019 que impide la presentación del requerimiento fiscal. “Caso contrario habría que esperar un par de años para ver si son acusados”, puntualizó Rodríguez.

Pero el caso de los hospitales no es el único que envuelve a los funcionarios del gobierno. También se ha denunciado corrupción en la compra de insumos de bioseguridad, de equipos médicos y hasta de los alimentos que compraron para entregárselos a la población confinada al inicio de la emergencia.  El MP ha anunciado que hasta hoy existen 11 líneas de investigación por diversos delitos.     

Un comentario en “Todos los miembros de INVEST-H tienen responsabilidades y deben ser investigados

  • el julio 18, 2020 a las 6:32 pm
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    Ahora bien. Hay que cuestionar el porqué el Ministerio público tiene que estar atado para investigar acciones criminales, no importa si son tipo administrativo o penal. El Ministerio público debe de ser el único organismo de investigación de delitos máximo de alto perfil como los cometidos por funcionarios públicos. La Procuraduría confunde delitos con malas prácticas administrativas. Robar, gastar millones sin justificar y sobrevalorar, no es cuestión de mala práctica, es cuestión de desfalco y abuso de autoridad.

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