El 22 de marzo de 2024 se cumplieron dos años desde que Ana García, la exprimera dama, entregó su mansión a Banco Ficohsa bajo un acuerdo de dación en pago que originalmente tenía una duración de un año. Aunque el plazo venció el 22 de marzo de 2023, el banco no reclamó la propiedad.
Además, el Poder Judicial extendió por 12 meses la medida cautelar sobre los bienes de Juan Orlando Hernández y su familia. A pesar de que ya ha pasado el año desde que se implementó la medida, las autoridades del Poder Judicial no han respondido si se emitió una sentencia declaratoria que determine la ilicitud de los bienes o su absolución.
Tegucigalpa, Honduras. – A pocas semanas que se desarrolle la lectura de la sentencia de culpabilidad de Juan Orlando Hernández, surgen varios cuestionamientos respecto a su esposa, Ana García. Uno de ellos es la privación definitiva de los bienes asegurados y si las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) tienen en curso una investigación por lavado de activos en su contra.
El 13 de abril del presente año venció la prórroga que emitió el Poder Judicial sobre los bienes asegurados de Hernández y su familia, pero hasta la fecha no ha habido una sentencia declaratoria para que puedan pasar a privación definitiva y los bienes pasen al Estado de Honduras o sean liberados.
Por otro lado, existe una presunta investigación en su contra, la cual habría surgido luego de que la fiscalía anunciara la apertura de nuevas líneas de investigación contra los cómplices de Hernández, entre las cuales se considera la posible implicación de la exprimera dama en el delito de lavado de activos lo cual la fiscalía no afirma ni tampoco niega, ya que ambas versiones pueden entorpecer cualquier procedimiento del Ministerio Público.
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Estas sospechas se basan en las acciones de García antes de la aprobación de la orden de extradición de su esposo, durante las cuales cedió en dación de pago algunos bienes a un banco en tiempo récord para evitar que fueran incautados.
En la actualidad la exprimera dama está llevando a cabo una campaña prematura como precandidata presidencial por el Partido Nacional, en medio de dudas sobre la legalidad de los fondos utilizados, dado que previamente había declarado insolvencia además de la incorporación en su equipo de campaña de Cristhian Fuentes, hermano del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.
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El viernes 22 de marzo de 2024 se cumplieron dos años desde que la exprimera dama, Ana García, cedió su mansión, ubicada en la exclusiva colonia capitalina Palmeras de San Ignacio, al Banco Ficohsa.
El acuerdo bancario estipulaba que la dación tendría una duración de un año desde su firma, el 22 de marzo de 2022, por lo que la fecha límite se alcanzó el 22 de marzo de 2023. Sin embargo, no se comprende bajo qué argumento jurídico el bien ha continuado bajo la tutela del banco y Ana García argumente que ahora rente el inmueble.
A la par del supuesto acuerdo de arrendamiento celebrado entre Ana García y la institución bancaria, el Poder Judicial anunció una prórroga de un año para mantener el aseguramiento de los bienes de la familia Hernández.
El 13 de abril de 2023, el Poder Judicial emitió una prórroga de 12 meses para la medida cautelar sobre los bienes de Juan Orlando Hernández y su familia, conforme al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio.
Este artículo establece que el período de estas medidas puede extenderse, con autorización judicial, por otro período igual de una sola vez, a partir de la inscripción en el registro correspondiente.
Lo anterior significa que, aunque la prórroga se autorizó hasta abril de 2023, dicha medida ya tuvo que haber vencido. Sin embargo, los bienes aún no han pasado a poder del Estado. Sobre esta extensión Criterio.hn se contactó con el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, para conocer si se volvió a extender, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo una respuesta.
Según explicó el abogado penalista Raúl Paniagua, al vencer la prórroga, la medida de aseguramiento sobre los bienes debe levantarse, permitiendo al propietario disponer de ellos, hasta que el Juzgado de Privación de Dominio emita una sentencia declaratoria de privación definitiva de los bienes o bien una absolución.
El profesional del derecho, también explicó a Criterio.hn que los bienes entregados en dación a una institución financiera, antes de ser asegurados, si pueden ser sujetos a privación definitiva por parte del Estado de Honduras, pero solo si existe una sentencia declaratoria que diga que los bienes provienen de origen ilícito.
Dicha sentencia, si existiera, es emitida por el Juzgado de Privación de Dominio, basándose en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“El hecho de que los bienes hayan sido transferidos a otra persona no impide su incautación. Si se prueba que el bien fue adquirido ilícitamente, la institución bancaria no puede quedar exenta y el dinero producto de la transacción también debe ser incautado”.
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En una entrevista reciente a un medio de comunicación, Ana García reveló que todos sus bienes fueron asegurados incluyendo la casa en la que reside, pero que gracias a un acuerdo con una institución financiera [Banco Ficohsa], permanece en la propiedad como arrendataria.
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MP PIDE INCAUTACIÓN DEFINITIVA DE BIENES ASEGURADOS DE JOH
El lunes 18 de marzo de este año, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Privación de Dominio cambiar la medida de aseguramiento de los bienes de Juan Orlando Hernández y su familia, para proceder a su incautación definitiva.
Esta solicitud surgió luego que Juan Orlando Hernández fuera declarado culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico por el juez Kevin Castel, en un juicio que concluyó con el fallo el 8 de marzo de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En la petición publicada el 18 de marzo, la fiscalía añadió 19 bienes más a los que ya habían sido asegurados por el Ministerio Público a través de la solicitud emitida el 1 de abril de 2023, por la que la suma de los bienes pasó de 112 a 131.
El aseguramiento de dichos bienes se otorgó un mes y medio después de la captura de Juan Orlando Hernández, que se efectuó el 15 de febrero de 2022 en su residencia de Palmeras de San Ignacio.
En su momento, se criticó la lenta actuación de la fiscalía dirigida entonces por Óscar Fernando Chinchilla, ya que desde el 15 de febrero de 2022, Criterio.hn publicó una investigación revelando los bienes patrimoniales de Juan Orlando Hernández y su entorno familiar, lo que sugería la necesidad de asegurar sus bienes tras su arresto al ser producto de ilícitos.
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Al respecto la abogada Karla Alvarado explicó a Criterio.hn que, tras el arresto de Juan Orlando Hernández por acusaciones de conspiración para traficar drogas, se pudo deducir que sus bienes pudieron haber sido obtenidos mediante actividades ilícitas. Por ello, el Ministerio Público debió solicitar al juzgado el aseguramiento de sus bienes tras su detención.
Debido a la tardía acción por parte del Ministerio Público, un mes antes que emitiera la solicitud de privación, el propio Procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Gales le solicitó al entonces fiscal Óscar Chinchilla, el 17 de marzo de 2024, la incautación de los bienes de Hernández, como correspondía hacer, pero este se retractó al día siguiente.
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LENTA INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
Finalmente, el Ministerio Público emitió la solicitud de aseguramiento de los bienes de Juan Orlando Hernández el 1 de abril de 2022. Para entonces, Ana García ya había entregado mediante dación en pago a Banco Ficohsa tres bienes, incluyendo la lujosa mansión donde reside, anticipándose a la posibilidad de que fueran asegurados como correspondía con base a ley.
Bajo la figura de «tercería de buena fe exenta de culpa», el banco se eximió de cualquier responsabilidad o complicidad actuando de buena fe, para evitar que los bienes fueran incautados posteriormente por el Estado de Honduras.
En una entrevista concedida el 3 de abril de 2022 a los medios de comunicación, Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), afirmó que no se detectaron irregularidades en los movimientos financieros realizados por García. El funcionario detalló, además, que, al no haber reportes de anomalías por parte del banco, la Comisión no tenía razones para notificar a las autoridades de forma inmediata.
Además, Sierra reiteró que la dación es un proceso en el cual el deudor entrega su bien al acreedor como pago de la deuda, y que esta deuda debe ser cancelada al banco. Este proceso se considera válido dentro del marco legal.
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SE DEBIÓ ACTUAR, AUNQUE BIENES ESTÉN EN DACIÓN
En relación con este tema, el abogado penalista Marlon Duarte explicó a Criterio.hn que según lo establece la ley, las propiedades están sujetas a medidas cautelares, independientemente de si están a nombre de un banco, bajo hipoteca o en dación en pago.
“Estas medidas aplican sin importar si el bien está en posesión de una institución pública o privada, o de una persona natural o jurídica”, expresó Duarte.
Destacó que es responsabilidad de García demostrar la licitud de los bienes y proporcionar fundamentos contables que respalden su origen legal.
De su lado, el abogado penalista Raúl Paniagua subrayó la importancia de examinar posibles irregularidades en los trámites mercantiles realizados, sugiriendo la incautación en caso de encontrar tales vicios legales.
Paniagua abriga la esperanza que las actuales autoridades del Ministerio Público no repitan los errores de la gestión de 2022, liderada por Óscar Fernando Chinchilla, quien fue cercano al expresidente Hernández y encubrió varias de sus acciones.
Ante este panorama enfatizó la necesidad de realizar un análisis exhaustivo del patrimonio para determinar si hay una discrepancia significativa entre sus bienes e ingresos, así como investigar si esos activos fueron utilizados en actividades de lavado de dinero.
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INVESTIGACIÓN A ANA GARCÍA HUBIERA IMPEDIDO MOVIMIENTOS
Tras la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa, Ana García, ha querido interpretar el caso como una venganza por parte de los narcotraficantes que fueron extraditados durante la gestión presidencial de su esposo.
Pese a que la misma Ana García se declara víctima de las circunstancias, no se puede descartar su complicidad con Juan Orlando Hernández, pues a tan solo siete días de su extradición trasladó a Banco Ficohsa tres bienes por un monto de L60,119,295.96 en 34 minutos para evitar su incautación, por lo que, si se demuestra que los bienes tienen un origen ilícito, podría enfrentar cargos, al igual que su esposo, según juristas.
Respecto a la presunta complicidad de Ana García con Juan Orlando Hernández, las autoridades hondureñas no han confirmado ni negado la existencia de una investigación en curso, según informó a Criterio.hn el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora.
Esta situación se da después de que los medios consultaran sobre una posible investigación contra Ana García, como parte de las nuevas líneas de investigación anunciadas por el nuevo fiscal Johel Zelaya contra los presuntos cómplices de Hernández, tras finalizar el juicio del exmandatario, que duró tres semanas y concluyó con un veredicto de culpabilidad.
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LENTO ACCIONAR DE AUTORIDADES
La supuesta investigación contra Ana García tomó fuerza después que el medio argentino Infobae publicara un artículo, el 16 de marzo, apenas unos días después de que Juan Orlando Hernández fuera declarado culpable.
Al respecto, Marlon Duarte, explicó que todas las transacciones de Ana García podrían haberse evitado si en Honduras se hubiera realizado una investigación por lavado de activos tras la captura del expresidente Juan Orlando Hernández.
Duarte señaló que, al igual que se hizo con los extraditables como Juan Carlos Lobo, alias «El Negro Lobo», y su familia, por lavado de activos, era necesario llevar a cabo una investigación similar respecto a Ana García para verificar el origen lícito de los bienes registrados a su nombre.
No obstante, enfatizó que a esta fecha tampoco puede convertirse en una «cacería de brujas» que involucra a familiares sin relación alguna con actividades ilícitas.
Paniagua coincide con Duarte al mencionar que las investigaciones sobre lavado de activos al núcleo familiar debieron haberse realizado en fecha y forma. «Para esta fecha ya deberían haberse emitido requerimientos fiscales, pero hubo mucha protección por parte de las anteriores autoridades lideradas por Chinchilla», opinó el profesional de las ciencias jurídicas.
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PROCEDENCIA DE FONDOS DE CAMPAÑA DE ANA GARCÍA
En medio de las presuntas investigaciones en contra de Ana García por las nuevas autoridades del Ministerio Público, lideradas por Johel Zelaya, la exprimera dama está desarrollando una campaña electoral prematura como precandidata presidencial por el Partido Nacional.
Tan solo cinco días después de que Juan Orlando Hernández fuera declarado culpable por tres delitos vinculados al narcotráfico, Ana García anunció, en una conferencia de prensa, que lanzaría su precandidatura presidencial.
Desde entonces, se le ha visto realizando giras políticas por varios departamentos del país y ha formado un equipo para alcanzar la presidencia, a pesar que algunas personas cuestionan el secretismo que rodea su candidatura.
Por ejemplo, varias personas cuestionan de dónde provienen los fondos con los que cada fin de semana la esposa de Juan Orlando Hernández realiza mítines políticos. Aunque la exprimera dama argumentó que provienen de la ayuda de amigos e incluso expresó estar de acuerdo con la auditoría realizada por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), muchas personas no descartan que puedan venir de otras fuentes.
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ANTECEDENTES NEGATIVOS EN CAMPAÑAS DE HERNÁNDEZ
El cuestionamiento sobre el financiamiento de la campaña de Ana García se sustenta en los antecedentes de su esposo para llegar y mantenerse en la silla presidencial durante dos períodos consecutivos, pues varios narcotraficantes confesos dijeron durante juicios celebrados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, haber hecho aportes para las campañas de Hernández (2014-2022). Asimismo, las campañas de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) habrían recibido financiamiento de narcos, según las revelaciones desprendidas en Nueva York.
