El Ministerio Público amplió el aseguramiento de los bienes de Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar, advirtiendo que pasarán a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Sin embargo, analistas consideran que esta decisión no es acertada debido a las irregularidades que han envuelto dicha institución
Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público informó hoy que está impulsando acciones para la privación definitiva de dominio de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández y su núcleo familiar, los cuales habían sido solicitados para asegurar desde el 1 de abril de 2022.
En un comunicado emitido esta mañana, se indicó que la petición concreta es la privación definitiva de 131 bienes, entre los que se incluyen 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
Aunque dicho comunicado mencionó que la acción es el resultado del trabajo de una comitiva de fiscales enviados al juicio de Juan Orlando Hernández, lo cierto es que estos bienes ya habían sido solicitados para asegurar ante el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, según lo informó el Ministerio Público en un comunicado emitido el 1 de abril de 2022.
En el mismo, se detallaron los bienes para los cuales se solicitó el aseguramiento: 33 inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos, y otros productos financieros. El juez a cargo decidió aprobar dicho aseguramiento, por lo que, tras esta acción, no se pudieron celebrar contratos sobre dichos bienes.
Ante este panorama, se entiende que lo que se hizo por parte de las autoridades de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCO), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLN) fue ampliar las incautaciones.
Ya que el mismo comunicado emitido esta mañana sostiene que «se están efectuando inspecciones a 19 inmuebles asegurados, los cuales no habían sido autorizados sus procesos de incautación, por lo que, una vez concluida la requisa, se coordinarán labores con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para el respectivo proceso», reza el texto.
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MP PIDE AL JUZGADO LA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES ASEGURADO EN 2022
En relación con este tema, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó a Criterio.hn que, efectivamente, los bienes sobre los cuales se informó hoy que se solicitó la privación definitiva son los mismos que fueron asegurados en 2022. Sin embargo, este año podría haberse añadido alrededor de 5 bienes, posiblemente responden a cuentas bancarias.
Es importante señalar que en el comunicado emitido el 1 de abril se detalló que fueron asegurados 33 bienes inmuebles, pero en el comunicado emitido hoy se expresa que son 32 bienes inmuebles, es decir, una disminución de un bien. Ante esto, Mora explicó que posiblemente esté bien no fue autorizado por el Juzgado de Privación de Dominio, pero dijo desconocer a detalle los mismos.
En este sentido, explicó que la solicitud que realizó la fiscalía es que los bienes pasen al poder del Estado de Honduras mediante una privación definitiva. «El Ministerio Público está argumentando que este señor [Juan Orlando Hernández] ya está condenado, y ahora lo que estamos pidiendo es que haya una privación definitiva de todos estos bienes que el juzgado de privación había aceptado asegurar en 2022.».
Si el Juzgado aprueba la petición de la fiscalía, los bienes pasarán al poder del Estado y serán administrados por la OABI. Estos bienes podrían ser subastados, arrendados u otra acción, mientras que las cuentas bancarias pasarán a las arcas del Estado y el destino de las sociedades mercantiles también.
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DEFENSA DE HERNÁNDEZ TRABAJA PARA DEMOSTRAR LICITUD DE BIENES
En horas de la tarde, Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un comunicado atribuido a la defensa de Hernández, en el que aseguran que se está trabajando para demostrar el supuesto origen lícito de los bienes por los cuales el Ministerio Público ha solicitado una privación definitiva.
En el texto, se explicó que la petición de la fiscalía se realizó en el contexto de que las medidas precautorias que afectan a los bienes están por vencer el 31 de marzo del presente año, por lo que están a punto de iniciar el proceso ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Al mismo tiempo, se aclaró que todos los bienes mencionados en el proceso pertenecen a Juan Orlando Hernández, como titular de derecho, y que «el equipo de defensa ha estado preparando toda la información necesaria basándose en el principio de licitud, demostrando el origen y la justificación de la obtención de los bienes de la familia Hernández García», citando textualmente el comunicado.
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OABI: INSTITUCIÓN SIN CREDIBILIDAD
En respuesta a la decisión que, una vez aprobada la privación definitiva de dominio de los bienes mencionados, estos pasen a ser administrados por la OABI, el exfiscal de la República y exsecretario de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, mostró su descontento y catalogó la decisión como «un error colosal imputable al Estado».
Tras la publicación del comunicado, Orellana expresó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que la decisión es errónea debido a que la OABI es un organismo incapaz de dar mantenimiento a los bienes y de evitar que los mismos sean objeto de negociaciones ilícitas.
Es importante recordar que el pasado 5 de febrero de 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de una comisión interventora en la OABI, con el fin de realizar un análisis detallado de la institución y proponer soluciones. Esta misma acción fue ordenada para el Servicio Civil.
La intervención comenzó el lunes 12 de febrero y concluyó el sábado 10 de febrero del presente año, teniendo una duración de un año y dos días. Como resultado, una de las recomendaciones fue liquidar y establecer una nueva entidad.
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BIENES DE JUAN ORLANDO Y NÚCLEO FAMILIAR PUEDE QUEDAR EN DETERIORO ANTE FALENCIAS DE LA OABI
En relación con el tema, Rigoberto Portillo, uno de los integrantes de la comisión interventora de la OABI, expresó a Criterio.hn que tras la intervención en la OABI se evidenció una seria inoperatividad en la institución.
Esto se debió principalmente a la escasez de personal y la negligencia en la gestión de ventas y subastas, que se llevaron a cabo de manera irregular y con sobrevaloraciones.
Portillo ejemplificó el caso de los 14 caballos pura sangre del exmandatario Juan Orlando Hernández que fueron asegurados y posteriormente vendidos al diputado Victor Romeo, señalando que la transacción se realizó a un precio inferior al valor real, lo que está siendo investigado y de comprobarse anomalías tendrían que ser devueltos.
El también exasesor de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) mencionó que, al conocer la situación de la OABI, una de las recomendaciones que se hizo fue la liquidación de la institución y la creación de una nueva entidad encargada de administrar los bienes.
En este sentido, destacó que el informe con las recomendaciones ya fue enviado a la presidenta Xiomara Castro, quien deberá tomar las medidas correspondientes.
Sin embargo, advirtió que, “ si no se toman medidas, los bienes de Juan Orlando y su familia podrían correr la misma suerte que otros bienes que ha administrado la OABI, que han quedado abandonados, deteriorados y sin cumplir su propósito de resarcir el daño económico a la sociedad hondureña”, enfatizó Portillo.
Es importante señalar que la comisión interventora estuvo integrada por Hugo Suazo, exdirector de la Secretaría de Seguridad, y los abogados Roger Mendoza y Rigoberto Portillo.
