Ana García y sus hijos siguen viviendo en la mansión de Palmeras de San Ignacio, según ella, gracias a un arrendamiento que habría pactado con el banco, mientras pide clemencia por el juicio que se celebrará en las próximas semanas, en Nueva York, contra su esposo, Juan Orlando Hernández.
Bajo la figura de dación, Ana García, entregó, en marzo de 2022, su lujosa residencia al banco Ficohsa para evitar un aseguramiento del inmueble bajo su poder.
Un asesor jurídico bancario, consultado por Criterio.hn, no descarta que las partes hayan realizado, en complicidad, una serie de movimientos ante el lento actuar del sistema judicial hondureño, a cargo, en aquel entonces, de Óscar Chinchilla y Rolando Argueta, en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
Tegucigalpa, Honduras. – El 22 de marzo 2023 fue el plazo que le dio banco Ficohsa a la exprimera dama Ana García, para entregar su lujosa residencia que dio a la institución financiera en concepto de dación; sin embargo, ella y sus hijos siguen ocupando la propiedad ubicada en una exclusiva zona residencial de la capital hondureña.
García actuó apresuradamente— 35 días después de que su esposo el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, había sido capturado bajo un proceso de extradición a Estados Unidos, acusado por delitos de narcotráfico—para llegar a un acuerdo con banco Ficohsa a fin de seguir habitando su lujosa mansión ubicada en Villa Palmeras (San Ignacio) en Tegucigalpa.
La exprimera dama pactó con el banco, en calidad de gerente general de Inversiones del Río S de R.L., un acuerdo de dación en pago sobre tres bienes: dos lotes, uno ubicado en el sitio Hato de Enmedio y otro en Villa Palmeras (San Ignacio) en Tegucigalpa (casa de habitación) y una hacienda ubicada en Olancho.
La figura de dación jurídicamente se utiliza para realizar la entrega de un bien o cosa distinta a la que se debía, como una forma de extinguir la obligación. Bajo esta figura, Ana García realizó el arreglo con el banco Ficohsa, por una supuesta deuda que ella y el expresidente tenían y que en aquel entonces ascendía a L28,255,075.90.
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Mediante la cláusula cuatro del contrato, firmado el 22 de marzo de 2022, las partes acordaron que los bienes serían entregados al banco doce meses después de la firma del contrato, es decir, el 22 de marzo de 2023.
El arreglo entre García y banco Ficohsa fue revelado por Criterio.hn el 31 de marzo de 2022. Pero, fue hasta al día siguiente, el 1 de abril, que el Ministerio Público anunció públicamente el aseguramiento e incautación de los bienes en posesión de Juan Orlando Hernández.
El Ministerio Público actuó hasta que el Poder Judicial resolviera sobre la imposición de la medida cautelar de aseguramiento, pues efectivamente al revelarse en Criterio.hn los arreglos entre García y Ficohsa, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, envió una notificación al Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán en la que estableció la aplicación de la medida sobre dos de los tres bienes entregados en dación, entre los que se encuentra la vivienda de Villa Palmeras de San Ignacio.
En pocas palabras el sistema judicial actuó de manera extemporánea y permitió que García lograra acuerdos con algunos de los bienes, siendo esto una ventaja a su favor, de hecho, el comunicado del Ministerio Público del 1 de abril de 2022 estableció que sobre “los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición, se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa”.
Lo anterior exime tanto al banco como a Ana García de haber alcanzado un acuerdo ventajoso y con probabilidad de mala fe.
Recientemente en una entrevista a un medio digital, la exprimera dama dijo que, en virtud que sobre la vivienda de Villa Las Palmeras de San Ignacio, existe una medida de aseguramiento, que recayó sobre banco Ficohsa, llegó a un arreglo con la institución financiera para seguir viviendo en el inmueble, pero ahora bajo la figura de arrendamiento.
“Lo que teníamos lo aseguraron, todo, está casa [Villa Palmeras (San Ignacio)] (…), esta casa también. Llegué a un acuerdo con una institución financiera para poderla hacer en una dación en pago y desde entonces estoy en esa condición, habitando este lugar, pero a través de un arrendamiento”, expuso García, quien, al igual que su esposo es abogada.
Un residente—que decidió omitir su nombre— confirmó a Criterio.hn que la familia del mandatario sigue viviendo en la casa, ubicada en Villa Palmeras (colonia San Ignacio). Asimismo, que en la residencia no hay mucho movimiento a excepción cuando salen personas de la casa en carros blindados.
Criterio.hn visitó la zona y encontró que la mansión de los Hernández García está resguardada por militares y cubierta con un fuerte sistema de cámaras de seguridad.
Otro medio que confirma que la vivienda sigue siendo albergada por la exfamilia presidencial son los constantes vídeos que Ana García y sus dos hijas Daniela e Isabela Hernández García suben, desde ese lugar, a las redes sociales.
ARREGLO O COMPLICIDAD
Criterio.hn ha continuado buscando en el Sistema Nacional de la Administración de la Propiedad sobre la existencia de nuevas anotaciones sobre los tres bienes otorgados en dación a banco Ficohsa y no encontró nada nuevo.
Sobre el particular, un asesor bancario que, por motivos laborales, decidió omitir su nombre, explicó a este medio de comunicación que cualquier acción podría responder a acuerdos entre Ana García y la institución bancaria.
“Si el banco hubiera interpuesto una acción legal contra ella, que es una persona de exposición pública, toda la población ya lo sabría, por lo que se entiende que el banco no ha ejercido ninguna acción legal contra ella”, expresó el jurista conocedor de trámites legales bancarios.
El profesional del derecho mencionó que en casos similares ha habido arreglos de financiamiento, lo cual explicó no necesariamente debe estar escriturado o publicado, porque son acuerdos que se llegan entre las partes involucradas que se mantienen en el anonimato.
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ACTUAR DE OFICIO
El abogado mencionó que organismos como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público (MP), podrían solicitar de oficio la revisión del caso y saber a qué arreglos se han llegado y puedan dictaminar, porque es curioso que haya tanto silencio en torno al caso.
Al tiempo que advirtió que cabe la posibilidad que Ana García hiciera arreglos con el banco y de esta manera evitar la confiscación de los bienes por parte de las autoridades.
“Aquí es donde se ve la confabulación con el banco dando a entender que la están encubriendo para que no se le haga la confiscación de los bienes inmuebles, porque al final, si no se hace el embargo, dónde queda la duda de las transacciones”, cuestionó.
Los trámites sobre los bienes fueron realizados por Ana García gracias a una carta de representación que le otorgó su esposo, Juan Orlando Hernández, siete días antes de que se ejecutará la orden de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos.
La carta de representación a favor de García se concretó dos días después de que se oficializara que Hernández había sido incluido en la Lista Engels, que Estados Unidos elabora cada año y en la que se incluye a políticos y funcionarios antidemocráticos y corruptos de Centroamérica.
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PRÓRROGA EN ASEGURAMIENTO DE BIENES
El 1 de abril de 2022 el Ministerio Público informó sobre el aseguramiento e incautación de 33 bienes inmuebles, en posesión de Juan Orlando Hernández, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros, cuyos montos no se especificaron.
La aplicación de la medida cautelar aplicada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, se estableció, en aquel entonces, por doce meses, con la salvedad que se podía prolongar.
El 13 de abril de 2023 el Poder Judicial, anunció la prórroga de la medida cautelar, con base al artículo 33 de Ley de Privación de Dominio que establece que el periodo, “puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente”.
El abogado penalista Raúl Suazo explicó a Criterio.hn que los bienes que han sido asegurados deben pasar por un proceso de investigación e ilustró que estos pasan al Estado, en carácter de incautación, pero hasta que el extraditable sea vencido en juicio.
Una investigación de Criterio.hn—publicada el 15 de febrero de 2022, día en que se ejecutó el arresto de Hernández— reveló que desde 2010, cuando Juan Orlando Hernández, se convirtió en presidente del Congreso Nacional (CN), hasta finalizar su periodo presidencial en 2022, acumuló un patrimonio estimado en 7.8 millones de dólares.
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ALEGA AMENAZAS E INDEFENSIÓN
En la misma residencia, recientemente, la exprimera dama convocó a algunos medios de comunicación para brindar aspectos sobre la audiencia preliminar a la que se presentó Hernández, el jueves 18 de enero, ante el juez Kevin Castel, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
En la conferencia, la esposa del exmandatario aseguró que su familia ha sido objeto de amenazas de muerte y secuestro, al tiempo que denunció una supuesta campaña de apología al odio por parte de funcionarios y líderes políticos de la cual aseguró está siendo víctima.
“Tengo miedo, claro que tengo miedo, tengo miedo por lo que le pueda pasar a mis hijos y a mi familia, temor por lo que le pueda pasar a mi esposo que se encuentra en prisión extranjera, él está entre la indefensión y lo que le pueda pasar a su familia”, expuso.
En la comparecencia, junto a sus hijas Daniela e Isabela Hernández, brindada en el jardín de su casa, también dijo que muchos aspectos expresados por su esposo fueron sacados de contexto por comunicadores que informaron desde Nueva York.
García manifestó que Hernández nunca dijo que el abogado de su defensa, Raymond Colon, haya sido infiltrado por la DEA; lo que manifestó Hernández, según Ana García, es que la persona que le recomendó a Colon [Jorge Bar Levy] confesó de manera pública ser infiltrado de la DEA.
La exprimera dama aseguró, además, que la Fiscalía le entregó, de manera tardía a la defensa, la información clasificada, siendo esto un tropiezo para enfrentar el juicio que, este martes 23 de enero, fue reprogramado para el 12 de febrero. El juez Kevin Castel acordó además otorgarle un abogado de defensa pública al expresidente Hernández, siempre y cuando compruebe su insolvencia económica.
