Según CNA, familia se embolsó 25 millones en compra fraudulenta de medicinas

Por: Redación CRITERIO
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Familia
En las próximas horas el Ministerio Público emitirá requerimiento fiscal contra de la exsecretaria general del ministerio de Salud, Cristina del Carmen Díaz Tábora, por suponerla responsable de liderar un grupo de corrupción donde obtuvieron, de forma fraudulenta licitaciones de medicamentos por unos 50 millones de lempiras.
Este caso, es uno de los cinco casos que está en investigación en el Ministerio Público y que fue mencionado en el informe de la comisión multipartidaria del Congreso Nacional.
De acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en este acto reñido con la ley, habrían participado al menos cinco o seis sociedades fantasmas, cuyos representantes o testaferros serían familiares de la señora Díaz Tábora.
Las investigaciones han permitido establecer que las empresas involucradas con las licitaciones estarían a nombre de Díaz Tábora, su hermano Óscar Danilo Díaz Tábora, y las hijas de este último, Larissa Gabriela y Andrea Carolina Díaz Pacheco, entre otros parientes.

El Ministerio Público recibió del CNA el expediente hace casi un mes y desde entonces se abrió una indagación conjunta de ambas instituciones que las ha llevado a encontrar una serie de actos dolosos.
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, detallan que la sindicada habría aprovechado su alto cargo en la Secretaría de Salud para adjudicar compras privadas de medicamentos entre los años 2009 y 2013, encontrándose con una sobrevaloración de 25 millones de lempiras.
Ante las denuncias de corrupción en su contra Díaz Tábora presentó su renuncia en febrero del este año, denunciando amenazas a muerte, pero fue premiada trasladándola a un nuevo puesto siempre dentro del gobierno.
El jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Casos del CNA, Dagoberto Aspra, informó que las investigaciones se encuentran muy avanzadas, a tal grado que en los próximos días que se emitirán los primeros requerimientos fiscales en contra de la exfuncionaria y de sus familiares.

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