Foto portada: de archivo
Tegucigalpa, Honduras. – Después de una lucha de años, criminalización, persecución y daños ambientales, el sector Florida en Tela Atlántida, se declara libre de empresas mineras.
Las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han mantenido su lucha en la cancelación definitiva de las concesiones mineras en el territorio que comprende la Sierra Nombre de Dios, zona altamente productora de agua y asediada por capital extranjero por su riqueza mineral.
El cierre de cuatros proyectos mineros –de manera ilegal e inconsulta— que pretendieron instalarse en el sector, de acuerdo con Martín Fernández, coordinador general del MADJ, “representa un triunfo de los procesos de resistencia”.
De igual manera, Martín Fernández dijo a Criterio.hn que en este proceso de cierre de los proyectos mineros se instaló el campamento para dar acompañamiento a las comisiones del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), que realizarán las inspecciones en las zonas.
A consideración de Martín Fernández, la instalación de los campamentos integrados por los pobladores de las zonas afectadas y defensores del medio ambiente son “la forma más política de luchar”.
Por su parte, Lestter Castro, coordinador jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad esta dinámica de resistencia de los pueblos ante las concesiones mineras y extractivistas tienen su origen ante la respuesta violenta de parte de las autoridades del Estado y de las empresas mineras.
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CONCESIONES MINERAS GENERARON DAÑOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Las empresas mineras –entre ellas Minerales La Victoria y otras, propiedad de Lennir Pérez, allegado a Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico— tenían cuatro concesiones, dos para explorar y las otras dos para explotar los minerales, pero la resistencia de las comunidades ante el daño ambiental, ninguna de las concesiones surtió efectos.
En ese sentido, Lestter Castro, señaló que esta fue una de las razones por las que las empresas deciden enviar una petición en el 2018 para retirarse de la zona.
INHGEOMIN respondió que previo a retirarse debían reparar el daño ocasionado a las comunidades, sin embargo, no fue hasta este año cuando se logró una inspección en la zona para iniciar el proceso de cancelación de los cuatro proyectos mineros.
“Existen otros daños o perjuicios ocasionados a la comunidad –no solo ambientales— sino costo social, violencia generada, persecución, desplazamiento forzado, y frente a esto no puede existir una omisión”, señaló Lestter Castro.
Además, el coordinador jurídico del Bufete Estudios para la Dignidad señaló en entrevista con Criterio.hn que el daño no sólo era el componente de violencia por parte de las empresas extractivistas, sino que desencadenó el rompimiento del tejido social, por las enemistades entre vecinos y familiares que se generaron luego de la instalación de los proyectos mineros.
Pese a esta ruptora social, los pobladores, como lo señala Martín Fernández, comprendieron que la acción judicial para dirimir los asuntos de carácter territorial –en constante disputa por las empresas extractivistas— no tendrían el suficiente peso si no es con la movilidad de la población.
“Puede ser muy grande el poder económico, pero si hay un poder ciudadano, siempre va a ser más grande ese poder, porque es muy difícil que pueda competir el dinero con la conciencia, el dinero con la dignidad”, señaló Martín Fernández.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Ante los daños generados por la instalación de estas empresas mineras, y la colusión de las autoridades estatales, al permitir dichas concesiones y ordenar el despliegue de militares y policiales, de acuerdo con Lestter Castro, “únicamente para resguardar las actividades de estas empresas”.
En ese sentido, desde el movimiento amplio el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), estarán vigilantes para que todo el daño ambiental y social quede plasmado en el informe que presentará INHGEOMIN y con ello evitar que, en el futuro, otras empresas extractivas quieran asentarse en la zona.
Además, llaman a las autoridades para que deduzcan todas las responsabilidades que correspondan a las empresas mineras y no queden en la impunidad.
