Tegucigalpa.- La Compañía Financiera de Desarrollo de los Países Bajos, conocido por las siglas FMO, fue sancionado por el regulador De Nederlandsche Bank (DNB). El anuncio se realiza más de un año después de que fue señalado por no tener en orden sus controles internos de blanqueo de capitales.
El FMO no especificó qué medidas de ejecución se tomaron, pero sí que presentaron una objeción formal, según detalló el sitio holandés FD.nl.
La información fue difundida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) este lunes. Desde las redes sociales y sitio web de la organización se compartió la medida, donde se remarcó que aún se desconocen los detalles, pero “llega después de un período de vigilancia intensificada por parte de las autoridades holandesas”.
En Honduras, la institución financiera es conocida por financiar a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), cuyo director ejecutivo, Roberto Castillo, fue condenado y sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por su coautoría en el asesinato de la lideresa lenca, Berta Cáceres.
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LA HISTORIA DEL FMO, DESA Y EL PUEBLO LENCA EN RÍO BLANCO
A finales de junio del año pasado, el Copinh presentó ante la oficina del fiscal general de Holanda una denuncia penal contra el FMO y sus directivos, por suponerlos responsables de los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al proyecto Agua Zarca y sus inversores la familia Atala Zablah, en la comunidad indígena lenca de Río Blanco en Intibucá, occidental departamento de Honduras.
La resolución por parte de la organización fue tomada tras analizar 676 páginas y 151 anexos de información contenida en respuesta a la demanda civil presentada previamente en mayo de 2019.
En la denuncia de 2022, además del FMO, también son señalados sus principales directivos: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.
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“La denuncia del COPINH contra el FMO refuerza la necesidad de una supervisión precisa y ética en el sector financiero. Esta sanción al FMO es un paso adelante en la búsqueda de justicia para Berta Cáceres, para las víctimas de la violencia y para las comunidades indígenas”, planteó el Copinh en su comunicado difundido este lunes 14 de agosto.
En noviembre de 2022, el Copinh rechazó el anuncio de instalación de una sede del FMO en San José, Costa Rica, demandando un alto a sus inversiones en tanto no se aseguren los derechos humanos y el derecho de consentimiento de las comunidades indígenas en Latinoamérica.
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