Su propuesta de democratizar la economía incluye regular la banca, eliminar Centrales de Riesgo y crear nuevas empresas estatales, incluyendo petroleras y mineras, pero evita mencionar la consulta previa libre e informada y mantiene vacíos sobre el manejo de proyectos extractivos y territoriales
Tegucigalpa, Honduras. – Denominada “la heredera del proyecto comunista” por la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar, y señalada desde las inconstitucionales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como una candidata con la que no habría margen de negociación sobre ese régimen, Rixi Moncada se ha posicionado como una figura divisiva de cara a las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre.
Confrontativa, inflexiva y directa, la candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) ha capitalizado las críticas en su contra y las de su partido. El cuestionamiento de nepotismo hacia ella y la familia presidencial –popularizado por la oposición como el “familión”– fue reutilizado por la aspirante al transformar la narrativa y afirmar que “el familión son 10 millones de hondureños”. Incluso creó una melodía de propaganda electoral al respecto.
En un contexto electoral en el que las campañas polarizadoras han predominado, por parte de las tres fuerzas políticas [partidos Nacional, Liberal y Libre], Moncada respondió, en su cierre de campaña en San Pedro Sula ante la retórica anticomunista, que la presidenta Xiomara Castro no ha expropiado nada, y por el contrario, ha frenado lo que describió como el saqueo y el extractivismo heredado de administraciones anteriores.
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En ese mismo ambiente de desconfianza y confrontación, Moncada también ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral. La candidata, que ha capitalizado sus raíces lencas, ha reiterado que no reconocerá los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), argumentando un presunto hackeo y apoyándose en 26 audios filtrados que exponen un supuesto plan para boicotear las elecciones y favorecer al presidenciable liberal, Salvador Nasralla. En una de las grabaciones, atribuida a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Partido Nacional, Cossette López, se escucha: «Lo importante es que se anuncie que va liderando Salvador Nasralla, y por favor, por el amor de Dios, no Rixi Moncada». Desde entonces, la candidata sostiene que sólo reconocerá los resultados de las actas originales e instruyó a sus bases a una movilización continúa, así como el resguardo y acompañamiento de los vehículos que las trasladarán las actas a Tegucigalpa.
DEL PARTIDO LIBERAL AL PODER EN LIBRE
Rixi Ramona Moncada Godoy nació en Nueva Armenia el 13 de febrero de 1965, y creció en Talanga, ambos municipios de Francisco Morazán. Estudió magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Además, cuenta con una especialización en Derecho Penal y Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca.
Inició su trayectoria política al incorporarse al Partido Liberal en 2006, durante la presidencia de José Manuel “Mel” Zelaya Rosales, a quien asesoró en temas legales. Fue titular de la Secretaría del Trabajo y en enero de 2008 fue nombrada gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Tras el golpe de Estado de 2009, formó parte del equipo que creó el Partido Libre, donde ocupó cargos de confianza, incluyendo la secretaría general entre 2017 y 2019, para luego asumir la representación partidaria ante el Consejo Nacional Electoral. Tras la victoria de la presidenta Xiomara Castro pasó a formar parte de su gabinete, desempeñándose como titular de la Secretaría de Finanzas en 2022 y de Defensa en 2024. Este último cargo causó controversia, porque si bien legalmente no estaba imposibilitada, sí generó conflicto de intereses, por ser autoridad de los militares que constitucionalmente son los encargados del transporte, custodia y vigilancia del material electoral.
Moncada está casada con Enrique Arias, exdiputado del Partido Liberal y actual candidato a diputado del mismo instituto político por el departamento de Choluteca, con quien tiene dos hijos: Marcela Arias Moncada, representante permanente de Honduras ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; y Ramón Ernesto Arias Moncada, gerente de país en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Además, es hermana del titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). A estos se suman otros cuatro familiares que también forman parte del gobierno, origen de los señalamientos por nepotismo que pesan sobre ella y su familia.
UNA CAMPAÑA ENTRE ESCÁNDALOS Y CONFRONTACIÓN POLÍTICA
Moncada se benefició del uso de recursos públicos para su promoción a través de los medios de comunicación estatales, así como de helicópteros de la Fuerza Aérea, durante la campaña por su precandidatura, cuando ostentaba el cargo de secretaria de Defensa. Paralelamente, su partido está involucrado en el escándalo de corrupción mediante el cual 80 diputados –en su mayoría de ese instituto político– gestionaron, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cerca de 235 millones de lempiras en concepto de becas, obras de infraestructura y seguridad alimentaria, sin embargo, en algunos casos fueron utilizados para clientelismo político. Sin olvidar que su partido fue sacudido en septiembre de 2024, cuando se filtró un narcovideo que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, reunido con reconocidos narcotraficantes, negociando supuestamente sobornos para la campaña de 2013.
Pero antes de su gestión en la administración de Castro, la controversia ya seguía los pasos de Moncada. Mientras fungió como titular de la ENEE, la presidenciable fue acusada por abuso de autoridad y fraude por la presunta sobrevaloración del alquiler del edificio en el que opera la estatal. Por este caso, el Poder Judicial dictó sobreseimiento definitivo en 2010 y lo ratificó en 2013. Además, fue vinculada al conocido caso del carretillazo, que involucró el desvío de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH), fondos que habrían sido destinados al frustrado proyecto de la cuarta urna, previo al golpe de Estado de 2009. Pero, en este caso nunca enfrentó un proceso judicial.
Una de las principales barreras que enfrentó el gobierno de Xiomara Castro fue la dificultad para construir consensos, pues muchos de sus funcionarios optaron por la confrontación y la polarización. Una dinámica que no parece cambiaría en caso de que Moncada gane las elecciones. Entre sus colaboradores más cercanos está Lucky Medina, jefe de campaña y titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), quien en diversas ocasiones ha protagonizado polémicas, incluso con personas defensoras de derechos, por cuestionamientos a propuestas como la construcción de una megacárcel en Islas del Cisne o el impulso de un proyecto termoeléctrico asociado a un consorcio minero en Tocoa, Colón. Medina es tan sólo un ejemplo del tipo de funcionario que podría caracterizar a una eventual administración Moncada.
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ENTRE RUPTURAS, CONTINUIDADES Y SILENCIOS
El 19 de noviembre, Rixi Moncada presentó en San Pedro Sula el plan de gobierno Democratización de la Economía que se centra en el desmantelamiento de lo que llamó el modelo económico posgolpe 2009, caracterizado por la concentración de la riqueza en pocas familias, profundizando la pobreza. Además, propone limitar los intereses bancarios, eliminar las Centrales de Riesgo, impulsar infraestructura estratégica y reforzar la lucha contra la corrupción, además de una agenda social en salud, educación y vivienda.
Contrario al plan de gobierno de la presidenta Castro –que prometía eliminar prácticas extractivas, como la minería a cielo abierto, y garantizar la consulta previa libre e informada (CPLI)–, Moncada apuesta por la gerencia estatal de los recursos mediante la creación de la Empresa Nacional de la Industria de la Minería y la Empresa Pública Petróleos de Honduras (Hondupetrol), nombre ya registrado como una subsidiaria del Grupo Terra del empresario Fredy Nasser, constituida en 1996, según una publicación de la revista Estrategia y Negocios.
Moncada evita, además, usar terminología CPLI en el contexto de proyectos extractivos o territoriales y recurre a conceptos como “soberanía hídrica” para referirse a iniciativas hidroeléctricas. Otro término que utiliza es “participación popular”, aunque lo vincula principalmente a la reforma constitucional del sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general del Ministerio Público.
La eliminación de la evasión y los privilegios fiscales, el reordenamiento del régimen de exoneraciones y prohibir condonaciones que legalizan deudas impagas –a través de la iniciativa de ley de justicia tributaria– siguen siendo ejes centrales en la propuesta de Moncada. Este proyecto de ley es una de las principales manzanas en discordia con el sector empresarial, pese a que su implementación fue recomendada por organismos internacionales durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
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Mientras en su discurso, Rixi Moncada promete democratizar la economía y devolver al Estado el control de los recursos, siguen abiertas las dudas sobre transparencia, capacidad para construir consensos y manejo de conflictos territoriales y ambientales. El reto, en caso de llegar al poder, será concretar lo prometido y enfrentar no solo la corrupción heredada, sino también los señalamientos contra funcionarios de la administración Castro, que muy probablemente formaron parte de su campaña.
