Regla del poder político y del eclesiástico: violar la constitución cuando sea necesario

Por: Edmundo Orellana Mercado

El  Estado  hondureño  es  laico,  es  decir,  no  se  adhiere  a  ninguna  religión  ni organización  religiosa  alguna  tiene,  por  ley,  injerencia en  las  cuestiones  de Estado.  Nuestra  Constitución, consecuente  con  esta  cualidad  estatal,  declara  lo siguiente:

“Se  garantiza  el  libre  ejercicio  de  todas  las  religiones  y  cultos  sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público”.

Responsables de que la revolución francesa consagrara la libertad de conciencia de pensamiento y religiosa, fueron Voltaire (decía que el gobierno no debe estar al servicio  de la  Iglesia),  Rousseau  (sostenía  que  todos  pueden  tener las opiniones que  les  plazcan,  sin  que  corresponda  al  soberano  conocerlas:  porque  no  tiene competencia en el otro mundo) y Condorcet (exigía que se impidiera mezclar lo público con lo religioso, pero conceder a las confesiones religiosas plena libertad). La Ilustración es, pues, la responsable de la separación del Estado y la iglesia, dela política y de la religión.

Estas  ideas  inspiraron  a  nuestros  próceres  para  proclamar  la  independencia  y fundar la  República  centroamericana,  primero,  y  hondureña,  después.

“Tributar  a Dios  culto,  según  su  conciencia”,  preceptuaba  la  Constitución  de 1839.  Morazán fue, por excelencia, el abanderado de estas ideas. Era un católico confeso (“en el nombre del autor del universo en cuya religión muero”, declaró en su testamento), pero  entendía  claramente  que  nadie  puede  imponer  una religión  a  los  demás, especialmente desde el Poder Público.

Nuestra Constitución, fiel a estos principios y antecedentes históricos, contiene la declaración que se inserta al inicio de esta reflexión. Pero no estaría completa  sino  agregara  la  prohibición  de  mezclar  lo  eclesiástico  con  lo  público. 

Para  evitar que, apoyándose en la religión, los ministros religiosos ejerzan funciones públicas, orientando  su  actuar  por  los  dictados  de  la  fe,  en  lugar  de apegarse  a  la  ley,  la Constitución consagra otra regla fundamental, derivada de la libertad de cultos.

Esta regla se refiere a que los ministros religiosos (curas, pastores o de cualquier confesión) están inhabilitados para ejercer “cargos públicos”.

Con esta inhabilitación,  los  curas  y  pastores  no  pueden  ejercer  ninguna  función pública,  sea  como funcionarios  o  como  empleados  públicos.  Igualmente,  esta  regla  inhabilita  a  los ministros religiosos para hacer propaganda política, invocando motivos religiosos, o valerse, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.

Son   reglas   que   los   curas   y   los   pastores   conocen,   porque   sus   estudios

comprenden  las  relaciones  entre  lo  secular  y  lo  eclesiástico,  analizando  la legislación respectiva.

Con  el  nombramiento  de  un  pastor  y  la  pretensión  de  nombrar un  cura  en  la

Comisión de Notables que acompañará al ministro de seguridad en la depuración

policial,  el  Presidente  de  la  República  manda  el  mensaje  de  que,  igual  que  don Plutarco  Muñoz,  para  él,  la “Constitución  es pura  babosada”.

Pero  como  político, sabemos  que la  ética  es  algo  que  se percibe  allá  en lontananza,  como  algo  muy difuso, lo que no es admisible en un ministro religioso, cuya moral cristiana, que es de  ineludible  cumplimiento,  justamente  por  su  condición  de  ministro  religioso,  le exige respetar las leyes seculares y cumplir las leyes divinas.

Al aceptar el nombramiento, el ministro religioso no solo demuestra su desapego a

la  moral  cristiana,  sino  su  desprecio  a la  Constitución  de  la  República,  lo  que  se traduce en un mensaje muy claro para todos los demás: violar la ley es natural.