Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La Red COIPRODEN, y sus 24 organizaciones que la integran, ante las declaraciones del Presidente Juan Hernández, sobre la participación de adolescentes y jóvenes en actos delictivos y la conformación de una comisión multidisciplinaria que analizará la reducción de la edad punible, así como avanzar en la reestructuración del Sistema de Justicia Penal Juvenil, expresamos ante la comunidad nacional e internacional nuestra profunda preocupación por el mensaje político de retroceso que representa:
Primero: El Estado de Honduras está sujeto al cumplimiento de obligaciones y compromisos internacionales en derechos humanos y a atender el «Interés Superior del Niño» en cualquier decisión legislativa.
Segundo: La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) establece en su Artículo 40.1 la obligación de «Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.»
Tercero: Según la Constitución de la Republica en su Art. 120 «los menores de edad… de conducta irregular… están sometidos a una legislación especial de rehabilitación, vigilancia y protección según sea el caso» en su Art. 122 «La Ley establecerá la jurisdicción y los Tribunales Especiales que conocerán de los asuntos de familia y de menores. No se permitirá el ingreso de un menor de dieciocho años a una cárcel o presidio».
Cuarto: El Código de la Niñez y la Adolescencia, Art 180.- Créase el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora, cuyo objeto es la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad, al cual estarán sujetos los niños y niñas cuyas edades oscilen en el rango de doce (12) hasta antes que cumplan los dieciochos (18) años, a quienes se les suponga o sean declarados Infractores de la Ley.
Quinto: Honduras es uno de los países en América Latina que tiene la edad más baja de imputabilidad de la ley (Artículo 23, inciso 1 del Código Penal) sujetos a una ley especial. (Edad de inimputabilidad: de 0 a 11 años. Edad de imputabilidad: de 12 años en adelante).
Sexto: La Red COIPRODEN recuerda al Estado hondureño que los Sistemas de Justicia para Adolescentes, a diferencia de los sistemas de justicia para adultos; son eminentemente socio-educativos, resocializadores y promotores de una cultura de respeto a los derechos humanos. Es por ello que las visiones punitivas, carcelarias y criminalizantes no tienen lugar en un Estado firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989)
Séptimo: Las nefastas consecuencias que tiene la violencia contra las niñas y los niños en su desarrollo social y emocional, son cada vez más conocidas, por esa razón, tal y como dispone el artículo 19 de la Convención de Derechos del Niño, es necesario prevenir esta violencia y proteger a la niñez de la manera más eficaz.
Demandamos al Estado Hondureño a reconocer la existencia de las y los adolescentes en conflicto con la ley como una expresión de factores estructurales de exclusión y discriminación frente a la cual es importante fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes y las acciones preventivas en las comunidades de mayor vulnerabilidad.
Invitamos al Estado Hondureño a solicitar apoyo técnico de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para revisar la operación del actual Sistema de Justicia para Adolescentes con la intención de incluir el enfoque de la «Justicia Restaurativa», la profesionalización de los operadores del sistema y sancionar la violación a derechos humanos de las y los adolescentes en tratamiento.
Solicitamos a la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), a la Fiscalía Especial de la Niñez, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización cumplir su rol de asesores del Presidente de la República para frenar toda acción dirigida a la reducción de la edad punible.
Ofrecemos al Estado Hondureño acompañamiento en la búsqueda de alternativas técnicas y políticas que apoyen la incorporación del Enfoque de Derechos de la Infancia en sus actuaciones Nacionales, Regionales y Municipales.
El Estado debe revisar la normativa con respecto al control de armas y municiones en lo referente a la tenencia y portación responsable de estos instrumentos; ya que asignarle licencia oficial de 5 armas de fuego a una persona es un exceso. ¡Nacimos sin armas y queremos crecer sin ellas!
Si se desea impactar en la política criminal y en el terreno de la rehabilitación, sometamos a debate nacional los temas centrales: políticas de prevención, mayor inversión en el sector social con énfasis en primera infancia, desarrollo infantil y sistemas de protección integral, inversión en empleo juvenil, impulsar las áreas culturales y deportivas para que los adolescentes y jóvenes hagan uso constructivo del tiempo libre, cobertura educativa de calidad a nivel de primaria, secundaria y formación técnico vocacional.
Que el Ministerio Publico investigue a los verdaderos responsables de utilizar a menores de edad para acciones delictivas y aplicar todo el peso de la ley para que se denote no tolerancia a quiénes pongan en riesgo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La Red COIPRODEN mantiene su disposición participativa en espacios de dialogo para construir en conjunto con los diversos actores involucrados verdaderas soluciones a los principales problemas que involucren los Derechos de la Niñez y Juventud de Honduras.
