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Recursos naturales de Honduras siguen peligrando ante frágiles acciones de MiAmbiente

Fiscalía investiga descombros en La Tigra

Norma Irías,quien porta esta pancarta dijo que hoy trasladó su catédra a las calles para enseñarle a los niños y adultos que el agua se defiende.

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Redacción: Viena Hernández

Tegucigalpa. – La Asociación Campesina de Honduras (ACH), reveló que hay estudios que comprueban que actualmente la producción de agua en La Tigra ha bajado un 20% y, a ese paso, en 2050 el promedio de lluvias anual disminuirá entre 62 y 72 milímetros.

La importancia de la lucha por el cuidado del agua, la preservación de las zonas protegidas como La Tigra y mostrar la grave situación que enfrentan los defensores del medio ambiente y habitantes de sitios protegidos, fueron los temas del foro de la Asociación Campesina Pro Mejoramiento y Defensa de Jutiapa con el objetivo de educar y concientizar a los hondureños y hondureñas.

De esa forma, Rachel Cruz, presidenta de la Asociación Campesina, expresó que La Tigra está en permanente peligro debido a que existe interés de sustraer recursos como el agua y la madera, situación que ha denunciado reiteradamente la Asociación Campesina.

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Ante esto, la defensora del Parque Nacional La Tigra, Dilcia Mariela Leiva, agregó que las comunidades deben ser los primeros en procurar el cuidado del territorio y estar pendientes de las acciones de empresas extractivistas, las cuales generan destrucción en los sitios donde explotan los recursos naturales.

Cabe mencionar que, las comunidades que forman parte de la Asociación Campesina han hecho numerosas denuncias sobre la tala y la deforestación de la zona de amortiguamiento.

Sin embargo, la primera titular, Rachel Cruz, y otras mujeres de la junta directiva que la conforma esta organización, han recibido ataques por conflictos de liderazgo que se han dado en la zona.

Hace algunas semanas el abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, fue contundente al manifestar a Criterio.hn que como defensor y luchador, frente a la ambivalencia del nuevo gobierno en temas de defensa del territorio y medio ambiente, se siente más expuesto a ataques.

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Después de la algarabía por la declaratoria de una Honduras libre de minería a cielo abierto, las esperanzas de esa realidad se disiparon y detrás de ella dejó una dualidad de discurso que solo da la impresión de cambio mientras la destrucción de las comunidades y de los recursos naturales se mantiene igual.

Uno de los ejemplos más claros quedó en evidencia en el cementerio de Azacualpa en la Unión, Copán, en el occidente de Honduras, donde la empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa) continua con la destrucción irrespetando el antiguo camposanto, pasando por encima de dos sentencias en firme para que se detengan las exhumaciones.

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Debido a la falta de acciones determinantes, hace algunos días, Criterio.hn consultó con tres defensores del territorio y ambiente sobre sus valoraciones con relación al desempeño de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, bajo la dirección de Lucky Medina, en la protección del ambiente en el país.

Donald Hernández, director del Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec)

El abogado Donald Hernández del Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec), manifestó que existe voluntad por parte del gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, “ideológicamente no hay firmeza. Y sin ideología definida, el gobierno es o muestra debilidad ante la fuerza empresarial”.

En ese sentido, apuntó que todavía la mención de iniciativas no se traslada a avances y acciones mediante los cuales se den pasos firmes para salvaguardar la naturaleza.

En Honduras es común que los defensores del ambiente sean criminalizados, como sucedió con los defensores de Guapinol quienes aún no cuentan con la carta de libertad definitiva, luego de ser liberados tras 914 días encarcelados por oponerse a la instalación de una minera propiedad de Inversiones Los Pinares.

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Otra situación arbitraria la sufrieron los integrantes de ARCAH, quienes en ausencia de una justicia que permanece inclinada ante la corrupción, la empresa procesadora de pollos “El Cortijo” los criminalizó por alzar la voz en defensa del agonizante río Choluteca, contaminado de desechos peligrosos para las comunidades aledañas y los animales que perecieron ante el veneno en que se han convertido sus aguas.

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