Por: Katharina Pistor
NUEVA YORK – Tres meses después de que Rusia lanzara su segunda guerra contra Ucrania en una década, el excanciller alemán Gerhard Schröder finalmente renunció a su puesto como presidente de la junta de directores de Rosneft, el conglomerado petrolero del estado ruso. Sin embargo, aunque Schröder estaba en el puesto desde 2017, se había involucrado con el lucrativo sector energético ruso desde mucho antes y en forma tal que causa aún más consternación.
El 8 de septiembre de 2005, mientras todavía era canciller, Schröder concretó un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para construir un gasoducto bajo el mar Báltico. Debido a que el proyecto permitiría al Kremlin interrumpir las entregas de gas natural a Ucrania, Polonia y los países bálticos, fue controvertido desde el primer momento.
Peor todavía, Schröder perdió en las elecciones federales de 2005 contra Angela Merkel apenas 10 días después. Ella asumió como canciller a fines de noviembre y menos de tres semanas más tarde Schröder recibió la oferta de un puesto en la junta de Gazprom, el gigante gasífero estatal ruso que construiría y operaría el gasoducto. A pesar de la violenta oposición en su país y el extranjero, Schröder no dudó demasiado en aceptar la oferta.
Por lo general, la mejor forma de comprobar si hay conflictos es la prueba del olor, en el caso de Schröder, el copresidente de Los Verdes alemanes voceó la opinión de muchos cuando comentó que «apesta». Según se informa, el pago anual solo por sus servicios en Rosneft era de USD 600 000. Schröder se aferró al puesto incluso cuando Rusia lanzó una nueva guerra de agresión contra Ucrania y obligó a su propio país a afrontar los costos de la dependencia energética que contribuyó a crear. Sordo a las críticas, Schröder comentó al New York Times en abril: «no me dedico al mea culpa».
El Parlamento Europeo, al ver la necesidad de un «tua culpa», recomendó a la Comisión Europea que incluya a Schröder en la lista de sanciones de la UE junto con otros europeos que mantuvieron su afiliación con empresas controladas por el estado ruso. El 19 de mayo, el comité presupuestario del Bundestag (el parlamento alemán) revocó el privilegio que le correspondía a Schröder como excanciller de un despacho con personal completo, algo que costaba a los contribuyentes alemanes más de EUR 400 000 (USD 429 000) al año, aparentemente con muy poca supervisión del uso de los fondos. Y es probable que haya respuestas adicionales en camino, como la posible expulsión de Schröder del Partido Socialdemócrata (SPD).
Schröder es un ejemplo especialmente notable de un problema mucho mayor: la puerta giratoria que conecta a la política con los negocios. Otros ciudadanos europeos, por docenas, renunciaron a sus puestos en las juntas directivas de empresas rusas cuando Rusia invadió Ucrania en febrero, entre ellos, un excanciller de Austria, y ex primeros ministros de Italia y Finlandia.
Lo apropiado o no de que quienes se dedicaron a la política busquen oportunidades comerciales lucrativas es una cuestión de fundamental importancia para las democracias. Sin embargo, sorprendentemente, son pocos los países con reglas explícitas al respecto. Aunque muchos exigen a los servidores públicos que renuncien a sus puestos en empresas o aíslen su participación en ellas mientras ejercen el cargo, guardan silencio sobre qué se considera una conducta apropiada una vez que dejan sus cargos como funcionarios.
El derecho empresarial ofrece algunas pistas interesantes para abordar este tema. Se considera que los gerentes y directores corporativos son fiduciarios y sus acciones están sujetas a normas de responsabilidad y lealtad. En las memorables palabras de Benjamin Cardozo, quien se desempeñó como Juez de la Corte Suprema de EE. UU. en la década de 1930: «Un fiduciario debe cumplir con algo más estricto que las normas morales del mercado. No solo la honestidad, sino también los detalles más pequeños del honor más sensible son entonces su norma de comportamiento». Cardozo sugirió que los tribunales solo podrían poner freno a la «erosión desintegradora» obligando a una «lealtad indivisa» y garantizando que la conducta de los fiduciarios estuviera «a un mayor nivel que el del montón».
No siempre se prestó atención a la advertencia de Cardozo. Los tribunales hicieron excepciones en casos particulares y las legislaturas a veces exceptuaron de rendir cuentas a categorías completas de deberes fiduciarios, al menos si el mandante (la empresa) así lo deseaba. Según la legislación de Delaware (la preferida para crear empresas en Estados Unidos), las empresas pueden eximir a sus funcionarios y directores de la responsabilidad de aprovechar oportunidades comerciales en beneficio propio siempre que los estatutos de la empresa lo indiquen explícitamente.
Pero, sin la aprobación de la junta directiva, los gerentes no pueden apropiarse de algo que pertenece a la corporación en beneficio propio. Este principio se estableció en 1939, en un caso que involucró a Pepsi-Cola. Cuando Charles Guth, presidente de la empresa de golosinas Loft, se enteró de una oportunidad de comprar la fórmula secreta de Pepsi, se abalanzó sobre ella. Pero no lo hizo para Loft, donde se desempeñaba como fiduciario, sino para su propia empresa privada. Sin decirle a nadie, usó los recursos y el personal de Loft para desarrollar la nueva bebida.
El comportamiento de Guth no sobrevivió cuando el tribunal le aplicó la prueba del olor. Y, al igual que Guth, Schröder mezcló sus obligaciones como funcionario público con sus intereses financieros personales. Aceptó un empleo lucrativo en una empresa que se beneficiaba gracias a sus decisiones como canciller. Que ya no ejerciera ese cargo cuando aceptó la oferta de Gazprom es irrelevante, los deberes de un fiduciario no caducan en el momento en que deja de ejercer su función sino que se extienden en el tiempo a favor del mandante, que en este caso es el pueblo alemán.
El comportamiento inadecuado de un fiduciario en el entorno corporativo difícilmente pueda ser correcto para un político u otro fiduciario público. En cualquier caso, la noción de Cardozo de «algo más estricto que las normas morales del mercado» debiera aplicar a los políticos con más rigor aún.
El canciller alemán Olaf Scholz tal vez quiera reconsiderar sus propios esfuerzos para evitar que agregaran a Schröder a la listas de sanciones de la UE. En el caso de Pepsi, Guth finalmente tuvo que entregar las acciones de su propia empresa a Loft, el mandante perjudicado por su accionar. No parece entonces extravagante negarle a un excanciller los beneficios de la riqueza personal que amasó traicionando la confianza del pueblo al que prometió servir.
Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparado en la Escuela de Derecho de Columbia, escribió The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality [El código del capital: cómo la ley crea riqueza y desigualdad] (Princeton University Press, 2019).
