Tegucigalpa.- El comunicador social, Ricardo Ávila, fue víctima de un atentado criminal y recibió un disparo en la cabeza cuando esta mañana se trasladaba a su trabajo en la ciudad de Choluteca.
El hecho criminal sucedió en la comunidad de Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. En el hecho, el comunicador social recibió un impacto de bala en la cabeza.
El atentado contra el comunicador social ocurrió, cuando se trasladaba de su casa de habitación situada en la aldea, Los Puentes, a su trabajo. Ávila es camarógrafo y reportero del canal de televisión, Metro Tv, de la ciudad de Choluteca.
Herido de gravedad, el comunicador social fue trasladado a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde los médicos han informado que su estado de salud es reservado.
Desde junio de 2009 cuando se incrementaron los ataques y asesinatos contra los periodistas y comunicadores sociales, Honduras es situada por los organismos internacionales de derechos humanos, entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
En las últimas dos décadas 96 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras y no hay respuestas por los órganos de justicia para esos asesinatos.
También son más de 40 los periodistas y comunicadores sociales que enfrentan procesos legales y enjuiciamiento por delitos que no deberían estar en el ámbito penal y mucho menos penalizados con cárcel.
Y pese a que en el Examen Periódico Universal (EPU) las autoridades se comprometieron a garantizar la libertad de expresión, los crímenes contra la prensa continúan y en más del 90% se mantienen en la impunidad.
En el EPU, las autoridades hondureñas comprometieron al Estado a establecer las medidas necesarias para darles protección a los periodistas, investigar y judicializar los crímenes y condenar a los responsables.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) les recuerda a las autoridades operadoras de justicia y a los responsables de las instituciones públicas para la defensa de los derechos humanos, que esas recomendaciones adoptadas por el Estado hondureño son compromisos que deben de cumplirse, tomando en cuenta que la libertad de expresión es la base fundamental para la democracia y el estado de derecho. (Con información de C-Libre)
