Tegucigalpa.- La demanda por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), más allá de una promesa de campaña del nuevo gobierno, es una exigencia de la ciudadanía, sin embargo, la extinción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), al igual que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el intento fallido en El Salvador, son puntos claves para evitar el mismo desenlace.
Naciones Unidas y la administración de Xiomara Castro mantienen avances y acuerdos preliminares que permitan concretar la instalación de un mecanismo internacional que combata las redes de corrupción y fortalezca los operadores de justicia, estableciendo ciertos requisitos para evitar que lleven a su extinción a corto plazo.
En Honduras, no es la primera vez que un ente internacional combatiría la corrupción, el primer intento fue con la MACCIH que surgió como inspiración del ente en Guatemala. Tanto la MACCIH como la CICIG surgieron por masivas protestas sociales en contra de la corrupción, los gobiernos se vieron obligados en evitar una mayor convulsión social y aceptar la instalación de estos mecanismos.
La CICIH y la MACCIH tuvieron similitudes no solo en sus características de ejecución, también similitudes en argumentos que llevaron a su terminación, con la diferencia que la MACCIH tuvo mayor alcance en menos años de funciones.
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PARTICULARIDADES DE LA CICIG Y SU FINAL
El 12 de diciembre de 2006, el gobierno de Guatemala pactó con Naciones Unidas el acuerdo para crear la CICIG. La Corte de Constitucionalidad emitió un fallo favorable siendo el Congreso Nacional, en agosto de 2007, que aprobó el mandado. Para febrero de 2008, se firma un convenio con el Ministerio Público para crear la Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIH (UEFAC) que posterior pasó a llamarse Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La unidad tenía el objetivo de investigar los casos que la CICIG y el Ministerio Público seleccionaban llevarlos a los tribunales de justicia. La CICIG debía apoyar investigaciones y persecuciones penales, fortalecer las instituciones de justicia, solo estaba facultada como querellante, facultada a presentar denuncias, actuar como un tercero en procedimientos disciplinarios a funcionarios públicos, podía proponer políticas públicas de las que surgieron varias normativas que permitieron el combate frontal a la corrupción.
Asimismo, formó tribunales especiales con jueves especiales protegidos del crimen organizado, sin embargo, en la actualidad están siendo perseguidos por la justicia guatemalteca, estableció unidades especiales investigativas. Cabe indicar que no tenía atribuciones de procesamiento penal o realizar redadas o incautaciones y que llevaba casos de criminalidad, medio ambiente, entre otros.
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Fue hasta 2015 que la CICIG toma un papel preponderante en la presentación de casos emblemáticos al mando del colombiano Iván Velásquez, siendo el tercer comisionado que dirigió el ente. Se presentaron más de 120 casos implicando a 1,540 personas, de los cuales, unos 200 funcionarios y exfuncionarios fueron sindicados, incluidos expresidentes.
El caso denominado “La Línea”, fue uno de los más representativos pues señaló a varios altos funcionarios como el expresidente, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti dedicados a defraudas el fisco, subvaloraban mercaderías y los porcentajes de los sobornos se distribuían entre los funcionarios.
El expresidente Jimmy Morales, a quien la CICIG también sindicó en corrupción por donaciones ilegales en campaña política, en enero de 2019, finalizó unilateralmente el acuerdo que vencía en septiembre de ese año. Los argumentos fueron que era un organismo “inconstitucional”, “un riesgo para la seguridad nacional”, que abusó del poder conferido, violentó derechos humanos.
En la actualidad los jueces y fiscales que respaldaron la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala son perseguidos, la mayoría están exiliados y otros enfrentan la justicia. Los esfuerzos fueron desmontados y la institucionalidad se debilitó auspiciado por el actual presidente Alejandro Giammattei.
CARACTERÍSTICAS DE LA MACCIH Y LA CRÓNICA DE SU ACABOSE
En 2015, tras el descomunal saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que representó un perjuicio mayor a los L 7,000 millones, la ciudadanía hondureña salió de forma masiva a las calles a exigir la instalación de una CICIH, sin embargo, Juan Orlando Hernández, quien se impuso mediante un fraude electoral, negoció con la Organización de Estados Americanos (OEA) la MACCIH.
El acuerdo entre la OEA y el gobierno dio paso a su creación en enero de 2016, contrario a la CICIG, la MACCIH tuvo resultados casi inmediatos, se instituyó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) adscrita al Ministerio Público, la MACCIH investigaba y la UFECIC libraba requerimientos fiscales contra los imputados.
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También, se crearon los Juzgados de Justicia en Materia Anticorrupción, la MACCIH solo investigaba casos de corrupción no como la CICIG que inquiría criminalidad, su periodo de vigencia era por cuatro años con opción a ser extendido.
Al mando del peruano Juan Jiménez Mayor, se presentaron varios casos de corrupción significativa entre los que acusó a una exprimera dama, varios exdiputados y actuales diputados, así como exfuncionarios del régimen de Hernández.
La MACCIH presentó 14 casos de corrupción, en los que denunció a más de 130 personas en corrupción, los más emblemáticos: Red de Diputados que develó que más de un centenar de congresistas hondureños desviaron fondos públicos a cuentas personales, además Caja Chica de la Dama que logró una condena contra Rosa Elena Bonilla; Arca Abierta, Pandora, Corrupción Sobre Ruedas, entre otros.
En diciembre de 2019, el Congreso de Honduras se pronunció en contra de extender el acuerdo de la misión, quienes votaron en su mayoría eran congresistas que la MACCIH sindicó en corrupción, fue en enero de 2020, cuando Hernández, reelecto de forma ilegal y bajo fraude, determinó no renovar el convenio con la OEA, pese a la demanda de la ciudadanía de extenderlo.
EL INTENTO FALLIDO EN EL SALVADOR
El gobierno del El Salvador, dirigido por el presidente Nayib Bukele, prometió la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), iniciando negociaciones con Luis Almagro, secretario general de la OEA, pero Bukele desistió al acusar a Almagro de promover la impunidad.
Bukele recriminó que Almagro contratara como asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien enfrenta cargos penales en esa nación.
“Vamos a romper nuestro convenio porque es un despropósito que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, justificó.
Cabe indicar que el exprocurador Julio Arbizu y el exjuez internacional, Daniel Urrutia, ambos exfuncionarios de la MACCIH, denunciaron a Almagro de promover la impunidad y de haber acordado con Juan Orlando Hernández un pacto para que la misión no funcionara ni investigara los casos que lo sindicaban.
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LA DEMANDA DE UNA CICIH CON “DIENTES”
Organizaciones de sociedad civil aglutinadas en la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) y la Coalición Anticorrupción demandan una CICIH independiente de los poderes del Estado y tener autonomía de actuación por parte de las Naciones Unidas.
De igual forma, se exige que el periodo de vigencia del convenio trascienda el periodo de gobierno de Castro, que pueda realizar la persecución penal directa, asesorar la formulación de marcos jurídicos y políticas públicas y presentar periódicamente informes sobre las acciones desarrolladas.
Recientemente, se filtró el memorándum de entendimiento entre Naciones Unidas y el gobierno de Castro en el que se exponen varios requisitos, entre los que figuran varias de las exigencias antes referidas, sin embargo, se deben de reformar y aprobar varias normativas que podrían atrasar la instalación de la CICIH y la lucha contra la corrupción que ha rebasado las capacidades de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) que suplantó a la también fenecida UFECIC.
