Congreso Nacional se pronuncia por no extender acuerdo de la MACCIH

 

«La Misión no puede hacer lo que ustedes no pueden hacer”, JJ Mayor, ex Vocero/MACCIH

Por: Carlos Zelaya Herrera

El Congreso Nacional recomendó anoche no renovar el acuerdo suscrito entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, (OEA), que dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACCIH.

Fue en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, donde el 18 de enero de 2016 Luis Almagro, su secretario general, y el dictador de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron el acuerdo que dio vida a la MACCIH, una entidad despojada de garras y dientes pero que a la postre se constituyó en una creación estilo Frankenstein, algo que al final no podían controlar tan bien como sí lo hace con el Poder Judicial y el propio Ministerio Público.

Hace una semana la cámara legislativa conoció la moción del hasta entonces desconocido diputado suplente del Partido Nacional, Raúl Bulnes, que por primera vez habló para pedir que una comisión inter partidaria evaluara e informe de los resultados de la MACCIH a poco menos de sus cuatro años de existencia.

La comisión la presidió el diputado democristiano Felicito Ávila, acompañado de Denis Castro Bobadilla, Leonor Osorio, Walter Chávez, Juan Carlos Ávila, Sergio Figueroa, Erik Alvarado, Tomás Ramírez, Francisco Paz y Dennis Castro Bobadilla.

Tanto Bobadilla como los diputados Francisco Paz y Tomás Ramírez, de Alianza Patriótica, Libertad y Refundación e Innovación y Unidad, respectivamente, renunciaron a la misma argumentando que el Congreso Nacional carece de facultades para pesquisar al órgano de justicia.

La comisión legislativa analizó el convenio, funcionamiento, objetivos y resultados alcanzados; además del financiamiento, presupuesto y forma de ejecución de la MACCIH.

Sin embargo, el informe de la evaluación, leída por Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, mostró falta de colaboración y poco respaldo al fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate a la corrupción como con el legislativo.

Además, esta comisión pidió de la MACCIH informes de su acompañamiento con una serie de instituciones como la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía, DIDAPOL, Tribunal Superior de Cuentas, TSC, Servicio Administrador de Rentas, Comisión Nacional de Banca y Seguros, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República y la Unidad Especial Discal Contra la Impunidad de la Corrupción, UFECIC.

La cancelación que recomienda el poder legislativo tiene carácter no vinculante, pero diputados nacionalistas ya se han manifestado públicamente que, por ser un acuerdo con un organismo internacional, OEA, debe ser ratificado por el Congreso Nacional.

Asimismo, precede a llamados de entidades de la sociedad hondureña como del cuerpo diplomático, en particular de Estados Unidos y de países cooperantes que financian la operatividad de la MACCIH.

Tampoco responde a los pedidos de las cámaras de comercio, cúpula empresarial, Iglesia Católica, partidos de oposición y buena parte de la población indignada o víctima del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social y de la corrupción rampante desde el gobierno de Porfirio Lobo Sosa hasta la actualidad.

En el 2015, miles de hondureños salieron a las calles de las principales ciudades del país a pedir la instalación de un ente similar a la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG, para aclarar tantos casos de corrupción denunciados desde ese entonces.

Pese a los ataques desde el gobierno y la indiferencia de la población las investigaciones conjuntas UFECIC, Ministerio Público, MACCIH-OEA continúan y han dado paso a requerimientos fiscales en cuatro casos más, por lo que a este día se han judicializado un total de once casos, con 104 personas procesadas, entre estos 72 funcionarios públicos y 32 particulares.

Su existencia también dio curso al temible, para corruptos y abusadores, circuito fiscalía-UFECIC- juzgados anticorrupción, el alma de la polémica que ascendió como de la mítica Caja de Pandora y que hoy recorre los pasillos del poder político tradicional que degeneró en el narcogobierno instalado tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, un domingo, 28 de junio de 2009.

En el fondo no es el tema de la MACCIH lo que debería estar en tela de juicio, el punto es si la sociedad hondureña se traga con todo y escamas el pescado que le da la casta política en el poder, o si reacciona y responde con valor y dignidad y hace caso a las últimas palabras que dejó el abogado Juan Jiménez Mayor, el primer vocero de esa misión imposible en Hibueras.

“Ustedes con ansiedad legítima plantean que la MACCIH de resultados, que la MACCIH ya meta presos a los corruptos y esa meta no es de la MACCIH, sino de ustedes, porque ustedes son quienes tienen que encabezar este proceso, ustedes y sus instituciones”, manifestó.

Los 12 casos presentados por la Maccih:

  1. Red de Diputados

13 de diciembre de 2017, caso Red de Diputados implicados en el desvío de 8.3 millones de lempiras los diputados Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla y Audelia Rodríguez, del partido Va Movimiento Solidario (Vamos), Denny’s Sánchez, del Partido Liberal, y Eleázar Juárez, de Libertad y Refundación (Libre).

  1. Caja chica de la dama

28 de febrero de 2018, la ex primera dama, de 2010 a 2014, Rosa Elena Bonilla de Lobo, es capturada por apropiarse de 12.2 millones de lempiras y pasarlos a su cuenta personal; junto a sus colaboradores Saúl Fernando Escobar Puerto, Gisela Patricia Bonilla y Manuel Mauricio Mora, de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos.

  1. Pacto de Impunidad

El 25 de mayo de 2018, la Maccih presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar, por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno; se le dicta sobreseimiento definitivo a Zambrano y auto de formal procesamiento a Villeda Aguilar.

  1. Caso Pandora

15 de junio de 2018, la Maccih acusó a 38 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y actuales diputados del Poder Legislativo, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, por el desvío de 282,016,175 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura para financiar sus campañas políticas. Se les acusa de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos.

  1. Caja chica del hermano

5 de noviembre de 2018, Desvío de 8 millones 400 mil lempiras del presupuesto de Casa Presidencial, se acusa a Ramón Lobo, hermano del presidente Porfirio Lobo Sosa; y al secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera, Wilfredo Francisco Cerrato Durón.

  1. Licitación Fraudulenta del Seguro Social

4 de diciembre de 2018, 12 hondureños señalados de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. La Junta Directiva del IHSS firmó contratos con empresas a las que pagó millonarias cantidades en productos sobrevalorados.

  1. Arca Abierta

11 de diciembre de 2018, diputados y excongresistas habrían malversado 21.1 millones de lempiras a través de la asociación «Planeta Verde». Imputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Milton Jesús Oseguera. También Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

Asimismo, Gregorio Alberto González Rivera. Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbboth Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Derás y Allan Arony San Martín Vallejo, como cómplices del delito de malversación pública.

  1. Fraude sobre el Gualcarque

4 de marzo de 2019, por fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, fueron señalados de 16 delitos en beneficio de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA),  Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano, exgerente de la ENEE; Raúl Pineda Pineda, Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinosa Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velázquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar y Isaida Odilia Pinel.

  1. Patuca III Colusión y corrupción

18 de marzo de 2019, 10 personas acusadas de defraudar al Estado a través de la ENEE por varios millones de lempiras; implicados Elia Medina Zúñiga, Gabriel Prieto Gutiérrez, Juan José Villeda Mejía, Renán Maldonado, Luisa Figueroa Clare, Waldina Lizette Salgado, Francisco Mejía, Roberto Salgado, Ada Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera. Gabriel Prieto se mantiene prófugo.

  1. Aseguramiento de bienes de la Caja chica de la dama

20 de marzo de 2019, la Maccih solicitó al juzgado de Privación de Dominio, medidas cautelares de bienes de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, por valor de algo más de 3.6 millones de lempiras por el caso “Caja chica de la dama”

  1. Aseguramiento de bienes Caja chica de la dama

22 de mayo de 2019, la Ufecic hace tres allanamientos más en nueva línea de investigación caso Caja chica de la dama. Dos en el barrio La Granja, donde opera una empresa de helados y la vivienda de Carmelo Rizzo, asistente de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, por vincularlo en el caso Caja chica de la dama. Tercer allanamiento en la colonia Altos de Toncontín, en la casa de Perla Waleska Cáceres, socia de Saúl Escobar en la empresa inmobiliaria Monserrat.

  1. Narcopolítica

24 de mayo de 2019, investigación Ufecic-MP y Maccih-OEA, reveló lavado de dinero del narcotráfico en 21 contratos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (Soptravi), con la empresa Inrimar, propiedad del Cartel de Los Cachiros, por 68 millones de lempiras.

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