Tegucigalpa.- “Dos días antes de que Berta Cáceres fuera asesinada en Honduras, un banco de Holanda entregó poco más de $1,7 millones a una empresa de concreto a través de una cuenta en el extranjero”, así inicia la narración de The Intercept en su más reciente publicación.
La crónica periodística -bajo la autoría de Jared Olson- enlaza los hechos previos al asesinato de la lideresa indígena y defensora del territorio, Berta Cáceres, con los movimientos financieros que se hacían desde el banco FMO en Holanda y las empresas involucradas en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Además, resalta serios cuestionamientos sobre la debida diligencia realizada tanto por el banco holandés como por el Deutsche Bank, intermediario en el proceso, en cuanto al uso y los destinatarios finales del dinero que otorgaba vía financiamiento del proyecto.
Olson hace un recorrido en el que destaca que dos años antes del asesinato de la ambientalista, el banco estatal holandés FMO se comprometió a financiar la controvertida represa, impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Un esfuerzo conjunto de David Castillo y Daniel Atala Midence, director ejecutivo y director financiero, respectivamente.
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La información se desprende de un cofre de documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses que relatan el flujo de fondos internacionales los días previos al 2 de marzo de 2016, cuando un escuadrón de asesinos irrumpió en la casa de Cáceres y la asesinó.
The Intercept, una organización de noticias estadounidense sin fines de lucro, tuvo acceso al archivo por medio de los abogados holandeses que representan a la familia de Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en una demanda civil que busca responsabilizar al FMO por su papel en el proyecto Agua Zarca.
LA NO RELACIÓN COPRECA-CONCASA
En al menos cuatro instancias, según los registros, el banco entregó fondos a la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa), una empresa afiliada a Castillo y Atala que no coincidían con el beneficiario declarado, enrutando el dinero a través de una cuenta extraterritorial con Deutsche Bank en la ciudad de Nueva York.
Castillo, declarado culpable de ser coautor en el asesinato de Cáceres y sentenciado a 22 años y seis meses de prisión este lunes, ocupó posiciones de liderazgo y participaciones financieras en otras empresas, además de DESA, entre éstas destacan Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa) y Concasa, su socio comercial era Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, escribe Olson.
Fue Daniel Atala quien dirigió el pago de 1,7 millones de dólares a Concasa. Esto pese a que la destinataria prevista era Copreca, una empresa de construcción guatemalteca que había abandonado el proyecto en 2014. Es decir, Copreca salió del proyecto, pero el banco FMO continuó dirigiendo fondos a nombre de dicha empresa a una cuenta de banco que correspondía a Concasa.
Olson relata que horas después de que llegó el préstamo, Castillo, en comunicaciones de WhatsApp difundidas por la fiscalía hondureña le envió un mensaje de texto al jefe del escuadrón de sicarios que el pago estaba por llegar, porque “el préstamo [que] solicitamos está disponible”.
The Intercept señala que se desconoce si Castillo se refería a los fondos del préstamo enviados a Concasa. No obstante, menos de 48 horas después, Berta Cáceres estaba muerta.
“Las conversaciones entre Castillo y el líder del escuadrón de la muerte sugieren que unos días antes [del asesinato] todavía no tenían los fondos”, dijo el abogado principal del caso contra el banco holándes. “Después del pago, autorizado por FMO y realizado por Deutsche Bank como banco offshore, los tenían”.
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Por su parte, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh, señaló que “estas transferencias no fueron sólo irregulares”. Sino que además “se usaron prácticamente para que los dueños de DESA pudieran usar ese dinero para sus propios caprichos, sin tener medidas de verificación, sin saber cómo se estaban ejecutando las transferencias. Es impactante saber que [el dinero] fue a lugares y a fuentes a las que no deberían haber ido, por cosas que no fueron consensuadas”.
Olson advierte que, desde el golpe de Estado, Honduras ha visto decenas de asesinatos de defensores de la tierra y el agua, muchos de ellos indígenas o afro indígenas que se opusieron a proyectos de minería, agronegocios y represas que, según argumentaban, los desplazarían de sus tierras.
Muchos de estos proyectos carecían de consulta previa por parte de los grupos indígenas. Sin embargo, recibieron apoyo de instituciones financieras transnacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o, en el caso del proyecto Agua Zarca, el FMO en los Países Bajos.
Constituida poco antes del golpe de Estado de 2009 y contratada para el proyecto Agua Zarca poco después, DESA era propiedad conjunta de Castillo —un ejecutivo empresarial y exoficial de inteligencia del ejército hondureño entrenado en Estados Unidos— y la poderosa familia Atala Zablah. Cuando FMO acordó otorgar el préstamo de Agua Zarca, dijo que el dinero se destinaría a los contratistas que construirían la represa y no a DESA en sí, ni a ninguna transacción con una afiliada, definida como una empresa controlada directa o indirectamente por DESA.
Pese a las protestas por el pueblo Lenca, la represión, la violencia y los asesinatos denunciados y finalmente la salida de varias empresas contratadas para la construcción de la represa, el FMO continuó invirtiendo.
El 27 de febrero de 2014, FMO, con la participación de un financista de desarrollo finlandés, Finnfund, acordó un préstamo de $20,000,000 para financiar el proyecto Agua Zarca. Bajo el mismo acuerdo, otros $24.400.000 provendrían del BCIE, que figuraba como agente administrativo.
La deuda con esos bancos constituiría el 70 por ciento del presupuesto estimado del proyecto de $63.4 millones. El otro 30 por ciento se financiaría a través de capital, compuesto por acciones de Inversiones Las Jacarandas, una empresa de inversión propiedad de seis miembros de la familia Atala Zablah, así como Pemsa, una empresa fantasma panameña dirigida por Castillo.
Cáceres fue asesinada casi dos años después de que el FMO firmó el préstamo. En medio de una ola de escrutinio de los medios, el banco se retiró del proyecto. Pero FMO no dejó de defender su apoyo a la represa, hasta el veredicto de culpabilidad de Castillo el año pasado, señala The Intercept.
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LA NEGLIGENCIA DE FMO Y DEUTSCHE BANK
Para los abogados que llevan el caso civil en Holanda, el FMO debió saber que algo andaba mal.
Los documentos que compartieron con The Intercept ilustran que los registros internos del FMO con la cuenta extraterritorial de Deutsche Bank, a la que ambos bancos tenían acceso directo y repetido, y que en algunos casos fueron firmados por un representante del FMO, muestran que los beneficiarios de préstamos hondureños mencionan repetidamente a un beneficiario para las transferencias electrónicas y luego dirigen las transferencias a otro. Bajo este proceso, FMO terminó enviando millones de dólares a Concasa.
De acuerdo a la documentación del 12 de noviembre de 2014, el primero de estos pagos por un valor de 1.4 millones de dólares parece haber llegado a Copreca como estaba previsto.
No obstante, a partir de junio de 2015 en un pago por 3.6 millones de dólares, empezaría a enviarse dinero a nombre de Copreca que sería depositado a una cuenta a nombre de Concasa, empresa que ya había salido del proyecto de Agua Zarca. En enero de 2016, Castillo dio control administrativo de Concasa a Daniel Atala.
Este comportamiento financiero continuaría, sin que el FMO o Deutsche Bank denunciaran lo que estaba ocurriendo. Es así que en junio de 2015 dirigieron 3.6 millones de dólares a nombre de Copreca a una cuenta de Concasa, y en septiembre y noviembre de 2015 depositaron un millón y 2.6 millones de dólares, respectivamente.
A finales de 2015, Castillo -dice The Intercept- ya colaboraba en la trama del asesinato. Castillo, junto con el exjefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, había organizado un escuadrón de sicarios en el que el jefe de inteligencia del ejército hondureño, Mariano Díaz, dirigía a un exfrancotirador de las Fuerzas Especiales, que anteriormente estuvo bajo el mando de Díaz, junto con tres sicarios o asesinos a sueldo.
El 23 de febrero de 2016, nuevamente Daniel Atala solicitó el retiro de más de $1.7 millones. Una vez más, la solicitud enumeró al destinatario del dinero como Copreca mientras que en la misma página lo dirigía a Concasa. El documento llevaba la firma de G.W. de Boer, el gerente del FMO.
Según extractos telefónicos obtenidos por el Ministerio Público, alrededor de la 1 A.M. del 1 de marzo, Castillo le envió un mensaje de texto a Bustillo diciéndole que podía darle el dinero más tarde esa mañana porque “esta noche me pagan y puedo tener disponible el préstamo solicitado”.
El 2 de marzo, el escuadrón de sicarios de Bustillo abandonó la ciudad costera de La Ceiba. Llegaron al pueblo natal de Cáceres, La Esperanza, por la noche. Justo antes de la medianoche, irrumpieron en su casa y la asesinaron, escribe Olson.
El 29 de febrero de 2016, seis días después de la solicitud de préstamo de $1,7 millones y dos días antes del asesinato, Daniel Atala ordenó que se transfirieran $1,2 millones de la cuenta bancaria de Concasa en BAC Credomatic en Honduras a Pemsa, administrada por Castillo, en Panamá.
Para los abogados, esta rápida sucesión de eventos es sospechosa. Incluso dicen a The Intercept que los documentos plantean preguntas sustanciales sobre si parte del dinero del préstamo realmente se destinó al proyecto de la represa, y que revelaron “grave negligencia por parte de los bancos para monitorear cómo se gastó su préstamo. También demuestran que todavía hay varias líneas de investigación financiera abiertas para que las autoridades hondureñas, panameñas, holandesas e incluso estadounidenses escudriñen”.
