Tomado de InSightCrime
El Congreso de Guatemala se echó para atrás en su intento por debilitar los esfuerzos contra la corrupción luego de protestas generalizadas y una rápida movilización de la corte suprema del país, lo que indica que pese a que la presión internacional pareció no disuadir a las élites políticas corruptas en su intento de blindarse, la indignación nacional generalizada sí podría.
Miles de guatemaltecos llenaron la plaza pública capitalina el 14 de septiembre en una de las protestas más masivas desde 2015, cuando meses de manifestaciones anticorrupción sostenidas contribuyeron a forzar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien finalmente fue encarcelado por su participación en una compleja maquinaria de peculado.
La polémica reforma que desató la indignación reciente fue aprobada el 13 de septiembre por el Congreso. En esencia, esta habría desmantelado las leyes sobre las finanzas de campañas y permitido el pago de multas en lugar del confinamiento a delincuentes con sentencias inferiores a diez años. Muchos guatemaltecos percibieron la reforma como un «pacto de impunidad» entre políticos para protegerse de investigaciones, procesos judiciales y sentencias de prisión por financiamiento electoral ilícito.
La Corte de Constitucionalidad respondió prontamente con una suspensión provisional de la reforma, con el argumento de que esta «constituye una seria amenaza» y podría causar «daños irreparables al sistema de justicia».
Muchos miembros del Congreso manifestaron disculpas en respuesta a la repulsa generalizada a su votación en las calles y las redes sociales, además de la prensa guatemalteca, funcionarios judiciales y la corte. Otros se eximieron de responsabilidad, alegando que simplemente no habían entendido las implicaciones de la medida que estaban votando.
El Congreso programó una sesión extraordinaria para el 15 de septiembre en la que se espera el retiro de la reforma. La Corte de Constitucionalidad también tomará una decisión definitiva sobre la reforma en los próximos días.
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Fuentes oficiales señalaron a varios medios informativos guatemaltecos que esta era apenas la «punta del iceberg», la primera de una serie de reformas legislativas planeadas para «legalizar la corrupción» con el fin de debilitar al sistema de justicia y devolver favores políticos. La reforma buscaba medir la reacción pública antes de presentar otras medidas, que incluían dar al presidente Jimmy Morales la potestad de destituir a la Ministra Pública del país, Thelma Aldana, señalaron las fuentes.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tiene el aval de las Naciones Unidas, fueron blanco de críticas recientemente por parte de Morales y el Congreso tras el anuncio de una investigación a las finanzas electorales del presidente.
Análisis de InSight Crime
Con las tensiones en aumento en Guatemala, los políticos no habían sido disuadidos por la fuerte presión internacional, pero finalmente parecen haberse extralimitado, lo que inclinó la balanza despertando la ira de la ciudadanía y los dejó arrinconados.
Al parecer el Congreso buscaba que la reforma fuera una prueba determinante de la opinión pública antes de introducir otras medidas con objetivos similares. La indignación general contra el «pacto de impunidad» les dio una respuesta clara.
Aunque la reforma misma puede parecer insignificante en medio del caos político que envuelve a Guatemala, parece la gota que rebosó la copa en términos de la indignación general luego de otras recientes controversias, como el fallido intento de Morales por expulsar al jefe de la CICIG Iván Vélasquez y una votación en el Congreso que protegía la inmunidad de Morales frente a procesos judiciales.
«Esto se fue de las manos», comentó un funcionario que no dio su nombre a La Plaza Pública. «No midieron las consecuencias de sus votaciones y ahora regresan a cero porque no saben cómo pueden ayudar al presidente Morales» ni honrar su pacto con empresarios, políticos y exfuncionarios por corrupción.
Ahora que el público, los funcionarios de la rama judicial y la corte de constitucionalidad del país parecen haberse unido para proteger las iniciativas anticorrupción, es posible que los políticos tengan poco espacio para colarse con leyes para su beneficio y remover impúdicamente a sus adversarios. Sin respaldo público o mucho barullo, sin embargo, las élites corruptas pueden intentar medidas más soterradas para socavar las iniciativas anticorrupción en Guatemala.
