Por Asael Barahona
Tegucigalpa. -Cerca de cumplir tres meses de haber asumido el poder, el gobierno de Xiomara Castro se ha visto envuelto en continuas protestas sociales de diversos sectores, incluidos sus propios simpatizantes, que exigen todo tipo de soluciones a la extendida problemática en este país centroamericano donde más del 70% de su población vive sumergida en la pobreza.
Las protestas están generando desde ya inestabilidad política y
situación que genera inestabilidad política y económica en un país inmerso en la pobreza.
Datos proporcionados al equipo de Criterio.hn por parte del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) establecen que desde enero a la fecha se contabilizan al menos 53 protestas a nivel de todo el país.
“Ustedes saben las condiciones en que nos ha tocado recibir este país. No es fácil recibir este gobierno y recibir este país, no es fácil. Lastimosamente, a todos los presidentes les dan 100 días, a mí no me dieron ni 100 horas. Hay una exigencia y yo la entiendo, entiendo la problemática que se está viviendo”, expresó Castro, durante la firma de acuerdos con transportistas, el martes 12 de abril.
Un día después de tomar posesión de su cargo, Castro enfrentó la primera protesta por parte de maestros interinos y del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) que exigían un contrato de trabajo permanente, manifestaciones que se extendieron en todo el país por varios días.
Posteriormente, médicos y enfermeras que laboraron bajo contratos temporales durante la pandemia del SARS-CoV-2 se apostaron en la sede de la Secretaría de Salud y Casa Presidencial para exigir acuerdos permanentes que se les prometió bajo Decreto Legislativo 108-2021 y el Decreto Ejecutivo PCM 130-2021, aprobado por el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien enfrentará en los próximos días un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
El gremio médico y de enfermería cumplió este miércoles 16 días continuos en protestas por la falta de pago de tres meses de salario.
El pasado 7 de abril, los transportistas del sector interurbano, taxi y urbano paralizaron el país con tomas de calles y carreteras a nivel nacional con la justificación del alto costo de los combustibles, situación que obligó al gobierno a negociar aumentos al precio del transporte.
Noticia relacionada: Gobierno de Honduras asegura que paro de transporte es un “boicot” para generar inestabilidad
Como resultado de las medidas de presión se oficializó el cobro de 20 lempiras al precio del taxi que se venía cobrando, de manera arbitraria, desde los primeros meses de la pandemia y se autorizó la tripulación de cuatro pasajeros, que durante la emergencia sanitaria se redujo a tres, como medida de contención del virus del covid.
Se aumentó, además, siete centavos de lempiras por kilómetro recorrido al sector interurbano y se otorgó un subsidio al sector urbano y se prometió que en unos seis meses este subsidio se trasladará directamente al usuario.
Tras los acuerdos, las protestas cambiaron de bando al ser los usuarios que, en sectores como Cofradía, departamento de Cortés; sur de Tegucigalpa; Quimistán, Santa Bárbara, protestaron por el descomunal incremento a la tarifa.
Sin dar tregua, también los importadores de vehículos usados se unieron a protestas y bloquearon carreteras importantes del país como ser puntos fronterizos y carreteras internacionales para demandar la publicación del Decreto Legislativo 153-2021, orientado a conceder amnistía y la nacionalización de vehículos previos al 2005.
Sin embargo, el gobierno no solo se enfrenta a problema heredados por el régimen que instauró Juan Orlando Hernández, también afronta las acciones de sus simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que reclaman puestos de trabajo y despidos de personal afines al conservador Partido Nacional.
También lea: Financiamiento del Presupuesto, un riesgo que podría generar inflación, mayor devaluación y endeudamiento
El secretario de la Presidencial Rodolfo Pastor de María, reconoció en declaraciones a un medio televisivo que las protestas de los militantes de Libre afectan la estabilidad y la labor del gobierno de Castro.
“Muchos de ellos están urgentes por un trabajo, claro que afecta el hecho que estemos pasando por una situación tan crítica, implica que se apaguen fuegos en vez de poder empezar a trabajar desde el primer día. Se ha tenido que establecer canales de diálogos con sectores que para presionar obstaculizan el funcionamiento de la institución”, manifestó.
Para el sociólogo y catedrático universitario Roberto Briceño, este fenómeno de protestas constantes responde a la instauración de un gobierno que promete ser democrático y respetuoso de los derechos humanos contrario al régimen de Hernández que se destacó por ser autoritario y violador de las garantías y derechos de la población.
“Hay el antecedente de un gobierno autoritario, militarizado, ese régimen inhibía las manifestaciones o las protestas sociales, al inhibirlas se reprimen las acciones colectivas por demandas específicas, en ese sentido, es explicable que, en el nuevo gobierno, que presenta características de un gobierno más democrático, haya emergencia de acciones colectivas de protesta, puesto que hay más libertad de expresión y manifestación pública”, expuso.
Según Briceño, en la medida que el gobierno de Castro reconoce y restaura los derechos humanos y sociales se permite a los diferentes sectores sociales, reprimidos y sometidos durante doce años al mando del Partido Nacional, exponer sus demandas y exigencias en cumplimiento a los problemas de nación como ser salud, seguridad, empleo y educación.
El sociólogo augura que, en caso que el gobierno llegue al límite de incapacidad de cumplir y satisfacer demandas sociales, podría recurrir a crear fuerzas de represión que limitan las oportunidades de apertura democrática entre el gobierno y la ciudadanía.
BOICOT AL GOBIERNO
La justificación del gobierno sobre las protestas de transportistas y otros sectores es de “un boicot político” para generar inestabilidad, postura que comparte, en cierta manera, el economista y analista Melchor Rodríguez.
Lea, además: Congreso contempla derogar ZEDE, extinguir Ley Especial del Consejo de Defensa y aprobar Ley de Extradición
“A veces hay trasfondos políticos, la presidenta debe tener mucho cuidado y tener gente a su alrededor que sea capaz de visualizar eso y de ver quiénes son los que están negociando al frente, pero están moviendo los hilos por atrás como sucede en la mayoría de gobiernos de Latinoamérica”, indicó.
Cuestionó que durante el régimen de Hernández los transportistas no apoyaron las protestas sociales para exigir su renuncia por corrupción y narcotráfico, en cambio, en los primeros días de gobierno “participan fácilmente”, lo que generó daños a la economía.
Sin embargo, señala que los propios funcionarios de gobierno están enviando una imagen negativa al reflejar que “están improvisando cuando deberían tener un panorama claro de Honduras”.
Rodríguez instó al gobierno a generar certidumbre y presentar una ruta clara de gobernanza porque “la incertidumbre provoca inestabilidad política, económica y social”.
