Presupuesto de Honduras debería tener visión de derechos humanos y priorizar salud y educación

 

El Icefi advirtió que la aparente mejora en los indicadores macrofiscales se está logrando a costa del deterioro del bienestar de la mayoría de la población hondureña

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. – El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mediante el foro “¿El proyecto de presupuesto 2020, responde a los actuales desafíos de Honduras?” Recomendó al Estado hondureño la puesta en marcha de un presupuesto que tenga un enfoque de derechos humanos, y que ponga en el centro la universalidad de la provisión de bienes y servicios públicos, particularmente la educación y la salud.

En el foro se presentó el documento «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el Ejercicio Fiscal 2020».

El evento incluyó un conversatorio con representantes de la sociedad civil hondureña sobre los avances y retrocesos que presenta el proyecto de presupuesto de cara a los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta este país.

E Icefi destacó en su análisis que el proyecto de presupuesto muestra una caída de la recaudación tributaria que pasaría de 18.0% en 2019 a 16.5% del PIB en 2020, una reducción que, pese a las condiciones económicas, no tiene justificación técnica. El Instituto recomendó corregir la estimación de carga tributaria para 2020, para reducir el margen de discrecionalidad en la utilización de los impuestos.

Los gastos totales considerados en el proyecto de presupuesto para la Administración Central en 2020, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, pero incluyendo las asignaciones que implican trasferencias de recursos a fondos y fideicomisos, equivalen al 19.7% del PIB, inferior al 21.5% del PIB estimado para 2019; lo que implica un ajuste del gasto público, que afectará a la mayoría de las entidades públicas.

Por su importancia destaca la reducción en la Secretaría de Educación, que pasaría de una asignación equivalente a 4.85% del PIB a 4.49, entre 2019 y 2020; también la Secretaría de Salud se reduciría al pasar de 2.39 a 2.37% del PIB. La institución que sufre más recortes en términos relativos es la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, pues pasa de 0.82 a 0.40% del PIB.

Dentro de la reducción en las transferencias corrientes, el Icefi destacó los recortes en las transferencias para las universidades públicas, que se reducen un 23.1% (adicionalmente se reducen 20.6% las transferencias de capital); las asignaciones a becas nacionales un 27.5% y las becas externas un 37.5%. En general, esta dinámica se presenta en muchos de los rubros destinados al apoyo social, los cuales presentan fuertes contracciones en las asignaciones para 2020.

En los gastos de capital o de inversión en activos, se reducen las asignaciones en 33.5% para bienes capitalizables; 38.5% para maquinaria y equipo, y 34.6% en construcciones. Sin embargo, en este rubro, destaca el aumento del 39.6% en inversión para equipo militar y de seguridad. Esto confirma que el plan de ajuste, con el propósito de reducir el tamaño del déficit público, se hará principalmente afectando rubros de gasto social y en algunos gastos de capital. El Icefi advirtió que los recortes en áreas sociales contravienen lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Observación General número 19 (OG#19), la cual establece que, en la elaboración del presupuesto público, los Estados no deben adoptar medidas regresivas de manera deliberada para afectar los derechos de la niñez.

El evento incluyó un conversatorio donde participaron Hugo Noé Pino expresidente del Banco Central, Suyapa Martínez de CEM-H, Jonathan Mencos director de Icefi y Wilmer Vásquez director de Coiproden

A pesar de que el proyecto de presupuesto establece disposiciones específicas para avanzar en la producción de bienes y servicios que favorezcan la inclusión, el proyecto de presupuesto para 2020 no permite verificar el cumplimiento de los ODS desde una perspectiva de inclusión e igualdad, especialmente en términos de género, edad y etnia.

Adicionalmente, las asignaciones establecidas a la atención integral a la mujer son sumamente bajas al representar apenas el 0.19% del total de egresos.

El análisis de los indicadores macrofiscales mostró que el proyecto de presupuesto para 2020 considera que la Administración Central registrará un superávit de 0.4% del PIB, en contraste con el déficit de 0.2% del PIB estimado para el cierre de 2019. Sin embargo, al incorporar al análisis el traslado de recursos a los fideicomisos ―lo que permite conocer más apropiadamente el comportamiento del sector fiscal―, se hace notar el incremento del déficit del proyecto de presupuesto para 2020, el cual ascendería a 1.5% del PIB, aunque por debajo del 1.9% estimado para el cierre del presente año.

En ese sentido, el Icefi advirtió que esta aparente mejora en los indicadores macrofiscales se está logrando a costa del deterioro del bienestar de la mayoría de la población hondureña.

Nota relacionada Subestimados ingresos y recortes en gasto social, marcan el presupuesto de Honduras para 2020: ICEFI

El instituto recomendó que la discusión del presupuesto público en el Congreso se realice desde un enfoque de derechos humanos, que ponga en el centro la universalidad de la provisión de bienes y servicios públicos, particularmente la educación y la salud. Además, deben establecerse disposiciones que permitan blindar las asignaciones presupuestarias en áreas claves como salud y educación, así como las relacionadas a las inversiones en niñez y adolescencia y las mujeres, para evitar que las cuentas del ajuste fiscal disminuyan el bienestar de la población, particularmente de los grupos más vulnerabilizados.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Finanzas debe definir estrategias y metas claras para la reducción de la evasión y elusión de impuestos, y hacer público un plan para el aumento de la productividad tributaria. También recalcó que es indispensable que se evalúe la eficiencia y efectividad del gasto tributario, el cual seguiría siendo del 7.0% del PIB para 2020, cifra similar a la observada en 2018. A criterio del Icefi, tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben abstenerse de promover iniciativas de ley que contengan exenciones, exoneraciones y/o incentivos fiscales sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios son más altos que sus costos.

Socialización se hace solo con el 7% de la población

Finalmente, el Icefi recomendó generar espacios de participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario: más allá de la socialización de la información, los ciudadanos deben participar en la definición de las prioridades del presupuesto. En un contexto político adverso como el hondureño, esto permitiría recuperar la legitimidad del presupuesto como herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población, promover el crecimiento económico y fomentar ejercicios que democraticen el Estado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.