Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-
El recurso fue presentado el viernes 3 de abril, e incluye, además del gobernante, a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y al director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Gabriel Alfredo Rubí.
El amparo tiene como finalidad de que se ordene el suministro de todo el equipo médico al sistema de salud y hacer accesible a los pacientes de todos los hospitales y clínicas y/o centros de salud pública del país, los medicamentos y equipo médico que sean necesarios en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus y que se garanticen todas las medidas de bioseguridad a las y los trabajadores de la salud.
Mediante un comunicado la Coalición Contra la Impunidad exige a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que de manera urgente realice las sesiones virtuales necesarias para que emita la correspondiente resolución, ordenando las medidas cautelares peticionadas para proteger de manera inmediata el derecho a la salud y a la vida de población hondureña y que garantice los equipos de bioseguridad a los y las trabajadoras de la salud.
La plataforma social sustenta su acción legal en el Decreto Ejecutivo PCM 005-2020 del 10 de febrero de 2020, mediante el cual el gobierno decretó estado de emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) y asignó una partida inicial de 110 millones de lempiras. El Decreto Ejecutivo otorga discrecionalidad en el manejo de los fondos orientados, supuestamente, a compras de insumos médico hospitalario-necesarios para enfrentar la pandemia, pero han pasado casi dos meses y no se ha realizado las gestiones necesarias, cuestionan los recurrentes.
Los médicos han denunciado en los últimos días que, debido a la falta de insumos y equipo de bioseguridad, están en permanente riesgo de contraer el virus.
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La Coalición considera que en Honduras la letalidad de la pandemia de coronavirus se ve aumentada por la debilidad en el sistema de salud provocada por la privatización, la reducción dramática de su presupuesto, la precarización de las condiciones laborales del personal de salud, la corrupción y la ineptitud dolosa de funcionarios públicos que se han dedicado, en la última década, a mermar drásticamente el goce efectivo del derecho a la salud.
Comunicado de la Coalición Contra la Impunidad:
