Tegucigalpa. Por ambiente laborar desmotivador, traslados y rotaciones improcedentes, ambiente tenso, acoso e intimidaciones y salarios inadecuados, son algunos de los motivos que han obligado a varios agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales del Ministerio Público a renunciar a su cargo.
El presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, Víctor Paz, en diversos medios de comunicación, denunció que unos 30 fiscales y unos 13 agentes investigativos renunciaron ante las arbitrariedades cometidas por las autoridades de la Fiscalía sin que el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla escuche sus demandas.
“Tenemos un ambiente de inconformidad y descontento en todo el personal fiscal del país, ambiente laboral tenso sobre todo cuando, sin observar las verdaderas causas, proliferan traslados injustos, condiciones salariales deprimentes con suelos no acorde a la labor desempeñada, inseguridad, procesos disciplinarios injustos”, denunció.
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Paz aseguró que este fenómeno de renunciar por arbitrariedades surgió en los últimos meses, sin embargo, con mayor auge en este mes exhibiendo el debilitamiento al cual han llevado al Ministerio Público las actuales autoridades poniendo en riesgo los procesos investigativos.
“Ha producido una afectación en la dinámica de los procesos ya incoados en cuanto a declaraciones testificales. Es un fenómeno preocupante porque conlleva la experiencia y preparación de los agentes y fiscales que es uno de los puntos más débiles que tenemos en la institución como lo es el brazo de la investigación”, señaló.
Además, declaró que han tenido reuniones con Chinchilla para exponer sus demandas y mejorar los derechos adquiridos y mayor remuneración, sin embargo, no han tenido respuesta, por el contrario, las aplicaciones de sanciones incrementaron.
“El problema del Ministerio Público es que los salarios son malos, uno tiene que pagar casa, comida y transporte, esas rotaciones que hacen no permiten que uno esté más cerca de la familia, falta de logística, falta de personal fiscal, esos operativos que se hacen, antes era uno al mes ahora hacen dos al mes, estamos saliendo de uno cuando ya estamos en el otro, el problema con supervisión nacional de esa manera intimidad al personal administrativo y fiscal”, detalló a Criterio.hn un fiscal que pidió el anonimato para evitar represalias.
Además, lamentó la disparidad de salarios pese a tener las mismas atribuciones que otros fiscales, “hay algunas personas que ganan más que los que nos andamos exponiendo en operativos, audiencias y otras diligencias”.
Reveló que incluso le ha tocado pagar pasaje de testigos y hasta la comida por la falta de apoyo por parte del Ministerio Público, asimismo denunció que los envían a inspeccionar bares, operativos de carretera, “cosas que tienen que resolverle y hacerlo la Policía”.
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El presidente de la Asociación de Fiscales indica que esto genera un desgaste en la institución ante la fuga de experiencia y capacidad, al tiempo resaltó que muchos renuncian por los riesgos inminentes sobre las investigaciones complejas de criminalidad organizada y corrupción sin recibir protección adecuada.
A juicio de la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, existe un debilitamiento de la carrera fiscal y judicial, “desafortunadamente no ayuda para que estos profesionales sean motivados a permanecer en estas instituciones”, agregó.
MINISTERIO PÚBLICO VALORA COMO “NORMAL” DESBANDADA DE FISCALES
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, expuso que son 16 fiscales que han pedido su retiro voluntario, información que arguyó fue proporcionada por la división de Recursos Humanos, al ser consultado sobre las denuncias de hostigamiento se limitó a responder que existen áreas de la fiscalía para interponerlas.
“Si hay algún tipo de maltrato o acoso, existen los departamentos específicos dentro del Ministerio Público donde se denuncian esas irregularidades”, dijo.
Sobre la desbandada de fiscales, declaró que “ha habido cambio de gobierno y de repente algunos han tenido mejores opciones en el nuevo gobierno”, dejando a entrever los salarios precarios que al final obligan a los fiscales y agentes a renunciar.
“Yo lo veo normal, no veo que es algo alarmante, si alguien quiere salir por una mejor opción laboral, todos estamos en nuestro derecho”, dijo.
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EL HISTORIAL DE CHINCHILLA Y DEBILITAMIENTO A LA UFERCO
El fiscal Óscar Fernando Chinchilla, es considero pieza clave del régimen criminal que instauró Juan Orlando Hernández, exgobernante hondureño extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, incluso, durante el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, socio de Hernández, declaró que Chinchilla fue impuesto en el cargo para otorgar protección en la narcoactividad.
Su nombramiento como fiscal general fue escalando desde el 12 de diciembre de 2012, en horas de la madrugada, cuando el Congreso Nacional presidido por Hernández destituyó a cuatro de los cinco magistrados que conformaban la Sala Constitucional, José Antonio Gutiérrez, José Francisco Ruíz, Rosa Linda Cruz y Gustavo Enrique Hernández quienes habían declarado inconstitucional las Ciudades Modelos que posteriormente se instituyeron como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), extrañamente, el único que mantuvo su cargo fue Chinchilla.
En septiembre de 2013, Chinchilla es electo fiscal general de la república tras una larga sesión legislativa en el Congreso Nacional recibiendo 92 votos a su favor de 128 diputados pese a ser un proceso cargado de nulidades.
A Chinchilla se le debió nombrar de manera temporal para culminar el periodo de Luis Rubí, quien renunció a pocos meses de finalizar su administración por señalamientos de corrupción, además no se sometió a las pruebas sicométricas, sin embargo, a Chinchilla de manera ilegal lo nombraron por siete años en el cargo.
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En junio de 2018, con el voto 88 diputados del Congreso Nacional, todos del Partido Nacional y mayoría de liberales, votaron a favor de reelegir en el cargo a Chinchilla pese a que no era parte de la lista de postulantes que había presentado la Junta Proponente siendo una arbitrariedad debido que la Constitución de Honduras, en su artículo 233, manda que el Fiscal General será electo por una nómina de cinco candidatos seleccionados por una junta proponente, no obstante, Chinchilla en ningún momento fue parte del listado.
Su gestión se caracteriza por los vínculos con la criminalidad y desmontar la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) adscrito a la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y oponerse al fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Al eliminar la MACCIH, Chinchilla extinguió la UFECIC que presentaba los casos de corrupción que investigaba el mecanismo anticorrupción, creó la Uferco, pero redujo su personal, su capacidad, menguó la asistencia y levantó una campaña en contra de fortalecer la Uferco, sin éxito alguno.
Cabe indicar también que la Comisión Especial del Congreso Nacional que investigó el actuar de los operadores de justicia recibió información y testimonios de detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC) quienes entregaron supuesta documentación con órdenes ilegales, obstrucción a su labor, relevos irregulares por parte de la actual directora Soraya Carolina Cálix.
Además, develaron que tienen un informe presentado a Chinchilla por un detective de la DLCN sobre las acciones de Cálix en protección a la actividad criminal del cártel de los hermanos Juan Orlando Hernández y Juan Antonio “Tony” Hernández, sin que Chinchilla haya tomado acciones evidenciando la protección a estructuras criminales.
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Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar. Ver todas las entradas