Además de publicar una aclaración y rectificación, exigen al titular de MiAmbiente que “asuma su rol determinante en la reparación de daños y sanción a Aura Minerals/Minosa por las violaciones a los derechos fundamentales de la comunidad indígena Maya Chortí”
Portada: La empresa minera sigue trabajando en la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán. (Foto: Bufete Estudios para la dignidad)
Tegucigalpa.- La población Maya Chortí de la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, presentó un escrito ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), exigiendo una aclaración y rectificación en relación a la publicación de lo que califican como información falsa con respecto a la suspensión de la actividad minera en la zona.
El documento dirigido al titular de MiAmbiente, Lucky Medina, establece que la publicación realizada el pasado 12 de mayo, mediante la cual se expone como logro alcanzado la suspensión del plantel minero propiedad de Minerales de Occidente S.A. (Minosa) es falso.
Por lo que exigen que además de la aclaración y rectificación, Medina como titular de MiAmbiente “abandone su comportamiento esquivo” y “asuma su rol determinante en la reparación de daños y sanción a Aura Minerals/Minosa por las violaciones a los derechos fundamentales de la comunidad indígena Maya Chortí”.
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El oficio fue presentado por el Bufete Estudios para la Dignidad, a través del abogado Víctor Fernández, representante legal de la población Maya Chortí afectada por Minosa y la concesionaria Aura Minerals.
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“La empresa minera Aura Minerals/Minosa y sus planteles continúan operando con la misma impunidad que les fue garantizada en los doce años del narcogobierno de Juan Orlando Hernández en donde el pueblo indígena Maya Chortí de Azacualpa padece la destrucción de su cementerio comunitario a partir de explosiones de dinamita por parte de la empresa minera”, señalaron.
Los afectados apuntaron que, esa es la realidad pese a las dos sentencias judiciales que mandaban proteger el histórico camposanto comunitario y el cerro que lo sostenía, las cuales fueron notificadas a MiAmbiente.
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“En resumen, lamentamos que a la Secretaría de MiAmbiente le importe menos la verdad y se limite a publicar una imagen de la verdad que le favorezca políticamente”, lee el documento.
Indicaron que, si bien MiAmbiente remitió una comunicación a Aura Minerals y su subsidiaria Minosa para que suspendieran todas las actividades, esta no fue llevada a la práctica debido a que la misma carecía de las precisiones necesarias para proteger de forma efectiva el cementerio Maya Chortí.
Con motivo de este accionar fallido, el pasado 31 de marzo el Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad y el Comité de Afectados por Minosa presentaron un escrito ante MiAmbiente notificando que la empresa minera continuaba operando sobre el cerro del camposanto y que estaban a punto de destruirlo por completo, por lo que solicitaron la adopción de “medidas necesarias y coercitivas”.
Sin embargo, denuncian que desde ese momento “ninguna comunicación nuestra fue resuelta o respondida por parte de su oficina” y que incluso Medina no les recibió el pasado 11 de mayo, cuando visitaron las oficinas de MiAmbiente en el marco del Ayuno de la Vergüenza, la Dignidad y la Lucha Popular, organizado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
“Lamentamos su falta de interés y respeto para con los pueblos y colectivos que en los últimos 12 años defendimos nuestro territorio de la apropiación extractivista y que sumamos al derrocamiento de la narcodictadura”, manifestaron.
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En una entrevista con Criterio.hn, publicada el 29 de marzo de este año, el abogado Víctor Fernández manifestó que el doble discurso del nuevo gobierno elevaba riesgos a los defensores del territorio y ambiente en Honduras.
“Yo me siento limitado para hacer trabajos en varios territorios porque las empresas ahora nos tienen sobre la mira para impedir nuestros movimientos, para mandar los grupos de trabajadores para confrontarnos, para atacarnos y eso es a partir de lo que viene pasando en este periodo del nuevo gobierno”, expuso Fernández a Criterio.hn.
Precisamente ese día, su labor de defensoría de derechos en Azacualpa, la Unión, Copán, fue obstruida por la empresa Aura Mineral y su filial en Honduras, Minosa, cuando fueron notificados que de llegar hasta el antiguo cementerio de San Andrés serían atacados por empleados de Minosa.
Pese a dos sentencias judiciales emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, ambas decretando el cese de las exhumaciones en el camposanto de San Andrés, Azacualpa, estas continuaron a vista y paciencia de MiAmbiente.
Un comentario
De acuerdo con el Código Penal Vigente, las FALTAS A LA VERDAD contenidas en un Documento Público, tal como un comunicado gubernamental, son constitutivas del Delito de Falsificación de Documentos Públicos, cuya sanción contrasta con el espíritu de Impunidad que trae dicho código para los delitos cometidos por los Funcionarios Públicos.