Comunidades concluyen campamento con acciones contra el fiscal

Comunidades concluyen campamento con acciones contra el fiscal y exfuncionarios del régimen de JOH

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Fotos: Jorge Burgos/Criterio.hn

Video: Henry Alvarado

Tegucigalpa.- Más de 15 comunidades aglutinados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) acamparon en los bajos del Congreso Nacional, por 72 horas, con la finalidad de realizar varias acciones contra el régimen que instauró el exmandatario Juan Orlando Hernández y exigir una lucha frontal contra la corrupción.

Organizaciones y colectivos de 15 comunidades, partes del Movimiento Amplio de seis departamentos de Honduras, se instalaron en la sede del Poder Legislativo para llevar a cabo el denominado “Campamento de la Vergüenza, la Dignidad y la Lucha Popular” y emprender acciones contra funcionarios y exfuncionarios que actuaron por acción u omisión para proteger las actividades criminales de “JOH” como comúnmente se le conoce a Hernández.

Su primera acción fue protestar frente a las instalaciones del Ministerio Público al tiempo que se presentó una denuncia contra el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla y la directora de la Dirección Nacional de la Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC), Soraya Carolina Cálix por no haber investigado al exmandatario tras sendas vinculaciones con el narcotráfico.

Víctor Fernández, coordinador del MADJ al cierre del evento el pasado jueves

“No son cualesquiera acciones, no todo mundo hace lo que nosotros hacemos, muchos siguen cómodas del desastre. Cuando decimos que tenemos vergüenza es que no aceptamos nuestra realidad de la lacra política que ha saqueado este país”, manifestó el exfiscal Víctor Fernández, dirigente del MADJ.

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Según Fernández, el Ministerio Público se convirtió en parte de las instituciones que apañaron la estructura criminal que erigió JOH por lo cual acusan que la fiscalía omitió dolosamente su deber de perseguir al exmandatario lo que constituye un delito.

La denuncia que se presentó por parte de las organizaciones populares, exige que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) investigue el actuar del fiscal y la directora de lucha contra el narcotráfico.

De igual manera, se requirió que se investigue a los exjefes de la Secretaría de Seguridad, en especial, Julián Pacheco, y a los exjefes de la Secretaría de Defensa Nacional, Fredy Díaz Zelaya como funcionarios que protegieron a JOH.

Cabe indicar que tanto Chinchilla, Díaz Zelaya y Pacheco han sido vinculados en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por proteger el tráfico de droga hacia los Estados Unidos, sin embargo, en Honduras no tienen investigaciones en su contra.

“Presentaron una acción contra el fiscal general, la directora de la lucha contra el narcotráfico y el ministro de defensa y seguridad por ser responsables por omisión de no haber investigado a Juan Orlando Hernández por esos 18 años que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, detalló Fernández.

Asimismo, se presentó un recurso de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto Legislativo 93-2021 que se aprobó en el Congreso Nacional dirigido por Mauricio Oliva que socavó la lucha contra la corrupción al reformar varios artículos del Código Penal relacionado al delito de lavado de activos y que criminalizó la protesta social.

La serie de reformas penales a delitos y normas procesales penales se aprobaron con el propósito de modificar el delito de usurpación y criminalizar las protestas sociales al castigar con prisión cualquier acción que se promovía contra el régimen.

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También, garantizaron la impunidad a políticos corruptos que cometían el delito de lavado de activos limitando el accionar del Ministerio Público al impedir sus investigaciones a través del sistema financiero nacional por lo cual la normativa que aún está vigente es considerada como la estocada final a la lucha contra la corrupción.

“Estas reformas permanecen aún vigente y por ello nosotros como Movimiento Amplio acudimos a la Sala de lo Constitucional para indicar que generan corrupción y no pueden seguir vigentes”, declaró el abogado Pedro Antonio Mejía.

Además, se presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cancelar la personería jurídica del conservador Partido Nacional al asegurar que fue la estructura política que utilizó JOH para su actividad delictiva y por ser el ente político que quebrantó la Constitución, la soberanía, la democracia, el Estado de Derecho en Honduras.

Los motivos en que se fundamenta su petición se basan en que los líderes, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional, en su mayoría, promovieron actos inconstitucionales como la reelección ilegal de JOH, asimismo por participación significativa en actos de corrupción y violación a los derechos humanos.

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Igualmente sostuvieron reuniones con diversas comisiones del Congreso Nacional como la Comisión de Energía, a quienes demandaron no más concesiones de ríos para construcción de hidroeléctricas que generan devastación del ambiente y el agua, y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El pueblo tolupán del departamento de Yoro que enfrenta el saqueo de sus bosques; el pueblo Maya Chortí de Azacualpa, en el municipio de la Unión, Copán que enfrenta la minera Aura Minerals; representantes del municipio de Sabá, departamento de Colón y del sector Florida, en Tela que luchan contra la minería; habitantes de la comunidad Castaños de Choloma; sector de Jilamito, Pajuiles que luchan por la defensa de su territorio fueron parte de las reuniones con los congresistas.

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PROCLAMA DE LA VERGÜENZA

Tras 72 horas en las que se ejecutó las referidas acciones, el campamento concluyó con una proclama que resalta la indignación por las acciones de JOH que llevaron a la nación en convertirse en un narcoestado por lo que ahora enfrenta un juicio en los Estados Unidos por narcotráfico.

Martín Fernández, subcoordinador MADJ se dirige a los miembros del campamento

“Reivindicamos la vergüenza que nos causa el hecho de haber sido sometidos al imperio de una élite política y económica que convirtió a Honduras en un narcoestado y produjo niveles de pobreza y corrupción indignantes con la agravante que el narco presidente Juan Orlando Hernández nunca fue juzgado en el país”, detalla el documento.

Del mismo modo, exponen su indignación contra la institucionalidad y sus funcionarios “por su cobardía y servilismo a la corrupción y el imperio de los Estados Unidos”.

También, indican que no se debe olvidar la “inmoralidad” de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), el Pentágono, el Comando Sur y distintas estructurar de poder de Estados Unidos por su respaldo y felicitaciones al régimen de Hernández en la supuesta lucha contra el narcotráfico.

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