Salvador Nasralla ahora asegura que situación de la Junta Directiva evitaría llegada de la CICI a Honduras
Tegucigalpa.- Los encontronazos entre el asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, y el designado presidencial, Salvador Nasralla, han reactivado el debate en torno a la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional, misma que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
En recientes declaraciones vertidas en un noticiero televisivo, Nasralla aseguró que, con miras a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras, las supuestas sombras de ilegalidad que rodean a la Junta Directiva del Legislativo podrían derivar en que este organismo anticorrupción no sea instalado.
«Infortunadamente, aunque Luis (Redondo) fue electo legalmente desde mi punto de vista, el hecho que los otros partidos políticos que integran el Congreso digan que esa Junta Directiva no es legal, genera un ambiente de inestabilidad y de percepción de falta de acuerdo, que podría llevar a las Naciones Unidas a determinar que no convendrá instalar la CICI», expresó Nasralla, obviando que las negociaciones entre el Gobierno hondureño y las Naciones Unidas avanzan en un curso normal.
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AHORA RESULTA…
Más allá de ello, sorprende que ahora Salvador Nasralla someta a tela de juicio la legalidad de la Junta Directiva del Congreso, cuando su partido, a través de las diputadas Iroshka Elvir -su esposa- y Fátima Mena, ostenta cuotas de poder dentro de la misma.
Por otro lado, la unción de Luis Redondo como presidente de ese poder del Estado respondió a un acuerdo político-electoral entre su partido, el PSH, y el partido Libertad y Refundación (Libre), alianza que llevó a Xiomara Castro a ganar las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2021.
Redondo fue juramentado como presidente del Congreso Nacional el 23 de enero de 2022, en medio de un acto sin precedentes en la historia hondureña debido a que, simultáneamente, Jorge Cálix -de Libre- también juró como titular del Legislativo ese día.
Cálix, que el 21 de enero había sido elegido presidente de la Junta Directiva Provisional, convocó a una sesión en Bosques de Zambrano, a unos 40 kilómetros al norte de la capital hondureña, sin justificar una emergencia. Allí, cerca de 20 diputados de Libre, 44 del Partido Nacional, 15 del Partido Liberal y una del Partido Anti Corrupción (PAC), lo ratificaron como presidente del Congreso.
Al mismo tiempo, en el salón de sesiones del poder Legislativo, diputados propietarios y suplentes hacían lo propio con Luis Redondo, quien sacó provecho de la reforma que el Congreso del nacionalista Mauricio Oliva había hecho semanas atrás al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, algo que tanto Libre como el propio Redondo habían cuestionado férreamente.
En ese contexto sombrío, la incertidumbre en torno a cuál de las dos era la auténtica Junta Directiva desató una crisis legislativa sin precedente alguno, misma que finalizó el 7 de febrero con un acuerdo entre Cálix y su partido Libre, que además se reafirmó con un abrazo entre Luis Redondo y Jorge Cálix dentro del Hemiciclo legislativo.
Al margen de ello, las bancadas del Partido Nacional y del PAC, al igual que la diputada de Libre, Beatriz Valle, han insistido en que la actual Junta Directiva del Congreso hondureño es ilegal. El Partido Anticorrupción, de hecho, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ni ese ni otros recursos fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia.
JUNTA DIRECTIVA NO INFLUYE EN CICIH
A criterio de Joaquín Mejía Rivera, doctor en derechos humanos e investigador social, la postura de Salvador Nasralla, quien ahora señala que el asunto de la Junta Directiva del Congreso impedirá la llegada de la CICI al país, carece de validez política y jurídica.
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«La llegada o no de la CICI a Honduras, es un acto de naturaleza internacional, que le corresponde al Ejecutivo a través de la Cancillería. Lo único que se requiere es que el Ejecutivo lo firme y lo envíe al Congreso Nacional. Aquí no tiene nada que ver la Junta Directiva, que solo es un órgano de gestión interna, y que no le quita legitimidad a la elección democrática de los 128 diputados», expresó a Criterio.hn.
CUESTIONAN LEGITIMIDAD, PERO…
Los diputados del Partido Nacional, que son la principal fuerza opositora dentro del Legislativo, insisten en mantener su renuencia a reconocer a Luis Redondo y al resto de los directivos del Congreso.
No obstante, cuestiona Mejía Rivera, «a quienes tienen ese discurso en contra de la Junta Directiva, les conviene mantenerlo (…) pero, si es ilegal e ilegítima, ¿por qué regresaron a las sesiones?, ¿por qué solicitan la palabra?, ¿por qué presentan proyectos de decreto?, ¿por qué se integran a las comisiones? Al menos de facto, ellos han reconocido el poder que tiene la autoridad de la Junta Directiva».
El abogado constitucionalista Heriberto Baquedano, por su parte, considera que el debate en torno a la situación de la Junta Directiva Congreso Nacional debió haber concluido el día en que Jorge Cálix cedió la presidencia y reconoció a Luis Redondo como tal.
«Los poderes del Estado constituidos, una vez instalados, tienen las facultades otorgadas por la Constitución. Por lo tanto, las aristas que se den en torno a la supuesta ilegalidad de la Junta Directiva son con interés político, pero no jurídico», mencionó a Criterio.hn.
EVITAR NUEVAS TENSIONES LEGISLATIVAS
En 2023, el Congreso Nacional elegirá la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República, por lo que, a perspectiva del también abogado constitucionalista Oliver Erazo, la falta de ratificación de la Junta Directiva podría llevar a Honduras a ser testigo de una nueva tensión legislativa que, en el peor de los casos, derivaría en una tensión constitucional.
«¿Qué pasaría si los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal no votan por los candidatos a magistrados que les presente la Junta Nominadora? Estos diputados fácilmente pueden renegar y exigir la ratificación de la Junta Directiva, algo que podría evitarse a tiempo», dijo Erazo a Criterio.hn, quien recordó que ambas bancadas opositoras se han dispuesto a dar sus votos para la eventual ratificación.
Al mismo tiempo, recordó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece los procedimientos a seguir cuando existe un caso sin precedentes legislativos, como el que rodea a la actual Junta Directiva del Congreso.
«Aquí el problema en realidad es descifrar cuál es el verdadero juego político detrás de mantener al presidente de la Junta Directiva adoleciendo de legalidad formal, y fomentando ese escenario en el que los partidos de oposición estén imputando las acciones de esta junta. El juego, sinceramente, es más político que constitucional», aseguró.
Por su lado, Heriberto Baquedano sostiene que someter nuevamente a votación a las autoridades del Congreso Nacional podría generar un ambiente de desestabilización mayor. «Eso desestabilizaría al gobierno de Xiomara Castro y también pondría en duda su legitimidad porque varios decretos, remitidos por el Ejecutivo, ya han sido aprobados por la Cámara en estos ocho meses», concluyó.
