Tegucigalpa.- El asesinato del defensor Oquelí Domínguez Ramos en la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón, norte de Honduras, —en el que resultó herida su madre, Catalina Ramos— dejó claro que pese al anuncio de la apertura de un despacho de la Secretaría de Derechos Humanos en el Aguán, la violencia contra las personas defensoras no para.
Al respecto, tres diputados del Parlamento Europeo firmaron una carta instando al gobierno de Honduras a “tomar medidas efectivas e inmediatas para el cese de hostigamientos y amenazas, así como protección para todas las personas integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y sus familias, en virtud del grave riesgo que enfrentan por su labor de defensa”.
En la carta dirigida a la ministra consejera de la Embajada de Honduras en Bélgica y Misión de Honduras para la Unión Europea, Viviane de Pierrefeu Midence, los y la eurodiputada recordaron que este es el segundo asesinato dentro de la familia Domínguez Ramos, luego que el 7 de enero fue asesinado Alí Domínguez Ramos junto a Jairo Bonilla.
Recalcaron que toda la familia se encuentra bajo amenaza permanente por su lucha en defensa de los ríos Guapinol y Sector San Pedro, así como el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde se instaló el proyecto minero de Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé. Situación, que agregaron, es compartida por todas las personas defensoras de los derechos humanos y de los bienes comunes y de la naturaleza en Tocoa.
VIOLENCIA NO CESA FRENTE ANTE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE SE MUESTRA INEFICAZ
“La violencia sistemática contra las y los defensores no ha cesado y los Sistemas de Protección siguen mostrándose ineficaces. Solamente en lo que va de este año se han asesinado a 8 personas defensoras en la zona”, señalaron la y los eurodiputados en la misiva.
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Hasta el 30 de junio del 2023, al menos catorce personas ligadas de forma directa o indirecta a la defensoría de la tierra, el territorio y ambiente han sido asesinadas en el norte de Honduras. De estos catorce asesinatos, nueve ocurrieron en la región del Aguán.
Los nombres de las víctimas son: Alí Domínguez [hermano de Oquelí Domínguez Ramos] y Jairo Bonilla; Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez Murillo; Santos Hipolito Rivas y su hijo adolescente, Javier Rivas; Emerson Martínez; José Gilberto Martínez Cardona; y Oquelí Domínguez Ramos. Todos ellos tienen en común ser defensores de la tierra, el territorio o ambiente en el Valle del Aguán o estar emparentados a un defensor de la zona.
Los eurodiputados firmantes —Miguel Urbán Crespo, Tilly Metz y Javi López— apuntaron el costo en vidas, el despojo de tierras que viven quienes habitan las comunidades, el deterioro a los derechos humanos, a la vez que la impunidad es salvaguardada por grandes intereses económicos y la inacción del Estado.
Manifestaron, además, que, pese al aumento de las amenazas contra las personas integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, no se activan diligentemente el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
“Por todo esto nos dirigimos a Usted con profunda preocupación. Es alarmante que el Estado no responda ante sus obligaciones internacionales a pesar de los reiterados señalamientos de distintas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos e incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, declararon.
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En la carta publicada el 28 de junio, la y los eurodiputados firmantes, además de pedir medidas efectivas e inmediatas para el cese de hostigamientos y amenazas, y solidarizarse con la familia Domínguez, pidieron garantizar la vida e integridad de quienes habitan los territorios y defienden los bienes comunes.
La noche previa a la publicación de la carta de los tres eurodiputados, en un escueto tuit, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) anunció el inicio del proceso de suspensión “hasta mediados de 2025” de la mina de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Con la publicación, Medina dejó más preguntas que respuestas, debido a que no aclaró si se trataba de un cierre total o parcial o qué pasaría con otros componentes del megaproyecto minero instalado en un parque nacional que lleva el nombre del ambientalista Carlos Escaleras Mejía, asesinado en 1997.
